El autor es Diputada Federal
"Los vamos a desaparecer", "los vamos a entregar al cártel", fueron algunas de las amenazas contra jóvenes tapatíos detenidos por agentes de paisano, en vehículos no identificados, en un episodio que a muchos recordó la actuación de grupos paramilitares en épocas oscuras para el país.
Los jóvenes jaliscienses protestaban por el asesinato de Giovanni López, a manos de policías municipales que lo habían detenido, según testimonio de sus familiares, por no utilizar cubrebocas. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y otras autoridades de esa entidad, rechazaron esa versión, luego de no haber investigado nada durante un mes.
En el fondo de este asunto están el protagonismo y las aspiraciones políticas de Alfaro, quien, en un afán torpe de diferenciarse del gobierno federal, decidió usar la fuerza como medida sanitaria contra los habitantes de Jalisco. No traer cubrebocas fue convertido en una "falta administrativa" que podía castigarse con un arresto de 36 horas. Tal disposición, ya se vio, dio lugar a muchos abusos e incluso a un asesinato a sangre fría.
Agobiado por sus propios fantasmas, Alfaro pretendido evadir su responsabilidad recurriendo al expediente de acusar a Morena y al presidente de la República de conspirar en su contra. No ofreció prueba alguna; mintió descarada y perversamente para construir un espectáculo en busca de encumbrarse como líder opositor.
A las muy explicables y legítimas protestas de ciudadanos de Jalisco, que siguieron a la difusión del crimen de Giovanni, Alfaro respondió con la actuación violenta y represiva de la policía estatal. "Desapariciones forzadas".
Miles de jóvenes salieron a las calles, donde fueron perseguidos y golpeados. Durante varios días, las redes sociales se inundaron de denuncias sobre jóvenes que no eran encontrados por sus amigos y familiares. La comisión de derechos humanos estatal determinó que los cuerpos policiacos cometieron "desapariciones forzadas".
Alfaro, quien busca fortalecer sus aspiraciones políticas con inventos, ha endeudado a Jalisco y pretendido avanzar mediante el establecimiento de medidas de control sanitario que exceden lo razonable y son claramente violatorias de los derechos humanos.
Acorralado por la difusión de los abusos cometidos por sus policías, al bravucón mandatario estatal no le quedó más que anunciar la liberación de todos los detenidos.
Un desbocado protagonismo político lleva al gobernador de Jalisco a olvidar que se debe al pueblo jalisciense, al interés general y no a sus objetivos particulares.
Las autoridades deben realizar una investigación pronta, exhaustiva e imparcial sobre la muerte de Giovanni, tomando en cuenta todas las líneas de investigación. En México ni en ningún país democrático existe justificación alguna al uso de la fuerza letal.
En el colmo de su propio enredo, Alfaro hizo una confesión aterradora para la salud democrática del país, cuando prácticamente admitió que los policías ministeriales no obedecen sus órdenes sino las del crimen organizado.
Los enredos de Alfaro han probablemente terminado con una de las figuras del incipiente frente opositor que, según un documento difundido por el presidente de la República, se alimenta de los ánimos golpistas de un sector de los empresarios y de los intelectuales del viejo régimen.
En el contraste necesario, hay que recordar que en la Ciudad de México también hubo manifestaciones que se empataron con las de Jalisco y con la movilización mundial contra el racismo.
En la capital del país, algunos elementos policiacos abusaron de sus cargos y patearon a una jovencita que se hallaba en el suelo. La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, condenó de inmediato los hechos y actuó en consecuencia: dos policías fueron detenidos y la investigación está en curso.
Con esta postura, la jefa de Gobierno nos recuerda que la obligación de todo gobernante es garantizar el ejercicio pleno de las libertades democráticas y el respeto a los derechos humanos.
Son hechos duros que prueban, aunque a algunos les perturbe la idea, que no somos iguales.