La autora es diputada federal
Una y otra vez, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha definido el comportamiento de su gobierno frente a los liderazgos sindicales, pilares del viejo régimen que nuestra inacabada transición no tocó (pese a acciones efectistas, como la cárcel sexenal de Elba Esther Gordillo).
El presidente ha dicho en diversos foros, y varias frente a dirigentes sindicales: "La línea es que no hay línea".
Ni los líderes de los trabajadores ni los dirigentes de las agrupaciones patronales parecen haber entendido el mensaje. Siguen esperando línea de Los Pinos, un espacio simbólico que no es más la sede del poder de la que antes emanaban las órdenes. Tampoco reciben las ansiadas señales de la Secretaría del Trabajo, una dependencia del Ejecutivo que no es más la oficina para dictar de modo autoritario los aumentos salariales o los arreglos de los conflictos.
En Matamoros, Tamaulipas, los líderes regionales de la Confederación de Trabajadores de México buscaron manipular el incremento salarial para la zona fronteriza e hicieron una negociación pésima con el sector empresarial. Una extraña alianza con el gobierno estatal, de extracción panista, terminó de complicar el panorama y derivó en una huelga en la que participaron más de 30 mil trabajadores.
La justa indignación de los trabajadores se topó con contrapartes que no supieron actuar en la nueva realidad y esperaban que la solución llegase desde el centro del país. La huelga es sólo el desenlace natural frente a la antidemocracia y a liderazgos acostumbrados a todo, menos a atender las necesidades de sus agremiados.
El viejo sindicalismo, al igual que fuerzas que actúan en el ámbito político-electoral, no atina a actuar en el nuevo escenario, porque desde hace décadas se han negado a modernizar sus estructuras y sus prácticas.
La próxima aprobación de la reforma laboral los meterá en más problemas, pues son como un viejo animal que no puede aprender a actuar de otra manera. La nueva legislación laboral apuntalará nuevas maneras de hacer y expresiones como justicia laboral, libertad sindical y negociación colectivas, tendrán que dejar de ser sólo expresiones huecas que los líderes usan mientras firman contratos de protección y mantienen el control de los trabajadores con prácticas gansteriles.
En el conflicto laboral de Matamoros, algunos actores han querido ver la mano de "agitadores" y han echado manos de acusaciones propias de la Guerra Fría. Se niegan a ver que en este, como en otros conflictos por venir en el ámbito laboral, lo que está es la terrible desigualdad que padecemos.
Un informe reciente de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) da luces sobre el fondo del conflicto. Dice la CEPAL que el año pasado la concentración de la riqueza siguió creciendo. En un análisis que incluye datos de México, Chile y Uruguay, el organismo de Naciones Unidas sostiene que en los últimos tres lustros se ha mantenido sin cambios el índice de reducción de la desigualdad. El nuestro es, según el estudio de la CEPAL, el país más desigual de entre los mencionados.
El organismo señala que es preciso reforzar "políticas de inclusión laboral y políticas de inclusión social que permitan erradicar la pobreza y disminuir la desigualdad".
La reforma profunda del mundo del trabajo es una condición necesaria para avanzar en el camino que traza la CEPAL. Y no será posible en tanto prevalezcan liderazgos que invierten su tiempo buscando amparos, o mientras la representación colectiva de los trabajadores esté en manos de ese cascarón llamado Congreso del Trabajo, un órgano que reúne a 53 líderes que sólo se dedican a gozar de sus riquezas obtenidas malamente a costa de los trabajadores.