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Los fideicomisos como fetiche

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Los fideicomisos como fetiche

14/10/2020

La autora es Diputada Federal

“Me parece que hemos hecho un fetiche de los fideicomisos”, dijo Arturo Herrera, titular de la Secretaría de Hacienda, en su comparecencia ante senadores a principios de este mes.

Una de las acepciones de la expresión es la siguiente: “Objeto al que se rinde culto o reverencia sin ninguna justificación, como los retratos de algunos revolucionarios” (Diccionario del Español de México, Colmex).

En el debate en torno a los fideicomisos ha ocurrido lo que señaló el secretario Herrera: muchos de los críticos han llevado sus argumentos al extremo fetichista de decir que se dejará sin dinero a la ciencia, la cultura e ineludibles labores de defensa y protección de los derechos humanos.

Se ha fetichizado a los fideicomisos, que no son sino una herramienta para dispersar recursos, muchas veces utilizada de manera opaca o para disfrazar el trato presupuestal privilegiado a determinados grupos y sectores.

Un sector de los científicos, artistas, defensores y periodistas ha expresado dudas atendibles a las que se debe responder con datos duros y compromisos verificables de que no serán afectadas sus actividades esenciales.

Tales expresiones de inconformidad han sido amplificadas por críticos y opositores de la Cuarta Transformación e incluso por personajes que en el pasado reciente se beneficiaron del dinero público por vías poco transparentes, como los fideicomisos.

El rechazo a la desaparición de los fideicomisos –no de los recursos que se distribuyen por esa vía– ha provocado una guerra mediática en la que se combinan la estridencia y el conveniente silencio sobre algunos aspectos nada virtuosos del fetiche.

Se calla convenientemente, por ejemplo, que la Auditoría Superior de la Federación documentó un “hoyo” de observaciones por subsanar superior a los 32 mil millones de pesos en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Dos terceras partes de esos recursos corresponden a la atención de desastres naturales, como huracanes y los sismos de 2017.

En sexenios anteriores, y de ello sobran ejemplos, los desastres naturales eran vistos por los corruptos como una suerte de bendición, pues con ellos llegaba su momento de saquear las arcas, de desviar a sus bolsillos dineros que debían ir a los damnificados, por ejemplo.

Los fideicomisos, que son simplemente una fórmula financiera, se han empleado para que existan recursos disponibles en casos de emergencia (como el Fonden) o bien para programas o proyectos que requieren un financiamiento multianual, esto es, que no esté sujeto a los candados de un presupuesto programado anualmente.

Sin embargo, en los últimos gobiernos estas figuras se multiplicaron sin control y no por las bondades del mecanismo, sino porque en algunos casos fueron empleados para evadir o dificultar la fiscalización.

De esa manera se fortaleció una figura que es poco transparente y que dio lugar al ocultamiento de ineficiencias (subejercicios que en lugar de devolverse a la hacienda pública iban a parar a un fideicomiso).

El secretario Herrera dio recientemente el ejemplo de un fideicomiso que tiene recursos por mil 200 millones de pesos que no ha gastado un centavo desde 2013, a no ser por la comisión que recibe la institución bancaria que alberga los recursos.

En 2007, el entonces gobernador de Sonora, Eduardo Bours, decidió colocar recursos públicos en fideicomisos y luego colocarlos en el mercado bursátil. Dos años después, presentada una controversia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que el mecanismo referido era violatorio de la Constitución. Entre sus argumentos, los ministros expresaron que “el Legislativo no tiene poder de disposición sobre lo afectado ni sobre los ingresos que esos montos generen, ni puede presupuestarlos o destinarlos para algún otro propósito, lo cual conduce a que, durante su vigencia, sean indisponibles para él las facultades de orden presupuestario que constitucionalmente le corresponden…”

De ahí que podamos concluir que el cambio recientemente aprobado es, además, un paso hacia el fortalecimiento de la división de poderes, en tanto que abre la puerta a que el Legislativo cumpla cabalmente su responsabilidad constitucional de fiscalizar el dinero público.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.