La expresión, que existe desde hace décadas, se utilizó en sus orígenes para describir el tequila adulterado. Los delincuentes mezclaban la bebida de agave con alcohol de caña y a esa operación se le conocía como huachicolear.
Hoy, como todos sabemos, el huachicoleo describe el robo de combustibles a Petróleos Mexicanos, un delito que creció exponencialmente durante los últimos años, con la complicidad abierta de autoridades de distintos niveles y que se convirtió en un grave problema de seguridad nacional.
En un principio, la expresión se refería al robo de combustible por los mismos choferes de las pipas, que vaciaban diez por ciento del mismo y rellenaban con agua para compensar el peso, pero actualmente se aplica a un conjunto de prácticas delincuenciales que van desde la "ordeña" de ductos a facturaciones fraudulentas.
Estas prácticas nos cuestan entre 60 mil y 100 mil millones de pesos cada año, lo que equivale, por poner un ejemplo, a dos veces el presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Al mismo tiempo que se abandonaba a Pemex y se promovía su privatización, los gobiernos anteriores se hacían de la vista gorda frente al crecimiento avasallante del huachicol y las consecuencias que le acompañaron en la destrucción de la convivencia en las comunidades donde ese delito floreció sin freno.
Mientras el gobierno de Enrique Peña Nieto gastaba millonadas en promover las supuestas bondades de su reforma energética, mientras Felipe Calderón fracasaba en una reforma que finalmente su sucesor concretó, el saqueo avanzó sin medida. Entre 2003 y 2015 las tomas clandestinas en ductos de Pemex crecieron hasta un 3 mil por ciento. La cosa no paró ahí. Para agosto de 2015 había 4 mil 028 tomas clandestinas. En el año que acaba de terminar, el peor en este rubro, las tomas ilegales llegaron a 11 mil 240, según diversas investigaciones.
El robo más escandaloso se registró entre 2015 y 2018, en la segunda mitad del sexenio de Peña Nieto, el presidente que supuestamente salvaría a Pemex y que estuvo a punto de hundir sin remedio a la empresa estatal.
Según algunos cálculos, el saqueo equivale a 200 pipas diarias. Otras estimaciones afirman que se trata de 9 millones de litros cada 24 horas, equivalentes a 600 pipas de 15 mil litros, cada una, que significarían 200 millones de pesos diarios.
El exdirector general de Pemex, Carlos Alberto Treviño, informó a la Cámara de Diputados que el 86 por ciento del robo de combustibles se concentraba en 13 de los 56 sistemas de transporte y almacenamiento en el país y el producto más robado era la gasolina magna (45 por ciento de lo saqueado).
El robo de combustibles es mayor en entidades del centro de la República y se agudizó bajo gobiernos del PRI y el PAN (Puebla, Guanajuato, Tlaxcala, Veracruz e Hidalgo). Desde el sexenio de Felipe Calderón, diversas investigaciones, como las de la periodista Ana Lilia Pérez, advirtieron que grupos del crimen organizado estaban involucrados en el robo de combustibles en la Cuenca de Burgos de Tamaulipas, con la pasividad, para decir lo menos, de los gobiernos federal y local.
Se trata, además, de prácticas delincuenciales que involucran a funcionarios y empleados de la misma empresa estatal, puesto que 80 por ciento del robo se hace directamente desde dentro y sólo el 20 por ciento restante, fuera de ella. Involucra desde doble facturación al interior de Pemex, hasta la ordeña vía marítima, menos conocida y escandalosa que el huachicoleo en tierra, pero que en la última etapa del sexenio peñista alcanzó su mayor auge.
La sustracción vía marítima se hace tanto mediante los buques-tanques que trabajan para Pemex, como mediante embarcaciones ajenas que reciben combustibles ordeñados.
El plan contra el huachicoleo anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador era impostergable y demanda el respaldo de la sociedad entera porque Pemex es de todas y todos.