Las escenas de miles de migrantes cruzando la frontera Guatemala-México han sido desgarradoras pero, por desgracia, ni son nuevas ni son inéditas. Han ocurrido escenas similares sobre todo en los últimos años, pese a la firme decisión del gobierno de Enrique Peña Nieto de convertir el territorio mexicano en un enorme muro o, para ser más exacto, en una coladera que ya, desde hace unos años, deporta más ciudadanos centroamericanos que Estados Unidos.
La única diferencia es que en esta ocasión los migrantes no viajaron en grupos de decenas, sino de miles. La tragedia humanitaria es, sin embargo, la misma.
En una intervención en la que se atrevió a usar la expresión "derechos humanos", el presidente Peña acusó de violentos a los migrantes, y dijo que "podrán solicitar el ingreso por las vías que establecen nuestras leyes y el derecho internacional".
No dijo, claro, que la inmensa mayoría de las solicitudes de asilo –que muy pocos han podido presentar porque la Comisión Mexicana de Ayuda Refugiados ha sido reducida a tres oficinas simbólicas– son rechazadas por un sistema diseñado justamente para dificultar el otorgamiento del refugio.
En materia migratoria, el gobierno de Peña ha sido exitoso, eso hay que reconocerlo. Porque la política en la materia, amplificada por los medios, ha conseguido fijar en la opinión pública la matriz de que aquí se respetan los derechos humanos de los migrantes, cosa que está muy lejos de la realidad.
Basta revisar el discurso oficial de estos años: en México no hay migrantes detenidos, sino asegurados o rescatados; aquí no se deporta, sino "asiste en el regreso" a los indocumentados centroamericanos que colman las estaciones migratorias (están presos, pero no se les llama cárceles).
No se puede felicitar al gobierno de Peña por su éxito en la protección de los migrantes o por su eficacia para combatir a los traficantes de personas, pero le podemos aplaudir su consistente propaganda que encubre la realidad, hasta que explota en sus narices, como ocurrió en estos días en Ciudad Hidalgo, Chiapas.
Jorge Durand, uno de los grandes expertos en la migración de nuestros países (él mismo es migrante, pues nació en el Ecuador, aunque es mexicano), diría quizás que la marcha que vimos estos días fue la marcha de los desarraigados, de personas que "perdieron el anclaje con sus lugares de origen".
¿Cuándo ocurre ese fenómeno? En los setenta, sostiene Durand, los centroamericanos eran tan pobres como ahora, pero tenían arraigo a su tierra e incluso a sus barrios.
El desarraigado surge cuando al cierre de las posibilidades de subsistencia se añade el coctel de la violencia y la impunidad, que las políticas de Estados Unidos han empujado siempre en Centroamérica y destacadamente en Honduras desde el golpe de Estado de 2009.
Para Durand, el desarraigo es producto de la articulación de tres factores: pobreza extrema, violencia sistémica e irrupción del modelo neoliberal.
El grupo de "migrantes desarraigados" es el que aporta significativamente más niños y adolescentes.
Los migrantes "desarraigados" son los que encuentran cobijo en la red de casas de migrantes esparcidas por todo México, que en su mayor parte funcionan con el apoyo de organismos civiles e iglesias. Son esas redes las que, ahora, están brindando ayuda a la Caravana, mientras el gobierno que supo meses antes de la caminata parece continuar pasmado.
El gobierno de Peña echó a andar, en su arranque, el Programa Frontera Sur, supuestamente destinado a proteger a los migrantes, aunque en realidad se tradujo en el aumento de las agresiones y peligros para los desarraigados.
Ahora, fracasado su programa, vuelve a echar mano del concepto de la migración "ordenada", pero quienes se han atenido a las reglas han obtenido muy poco.
Los solicitantes de refugio pasaron de dos mil 137 (2014) a 14 mil 596, en 2017. Los solicitantes de asilo son cada día más y las casas de migrantes son quienes les cobijan, no el gobierno. La realidad es que México concede refugio sólo en uno de cada cinco casos.
Esa tendencia, dicen los expertos, aumentará en los años próximos y requerirá de una política de Estado que tenga, en primer lugar, a las personas, sin importar su nacionalidad.