La autora es diputada federal
Es cierto que miles de personas han resultado afectadas por los problemas de abasto de gasolinas. Las afectaciones, que nadie debe minimizar, están lejos de configurar el escenario apocalíptico que buscan dibujar algunos opositores y voceros del viejo régimen.
El ruido ensordecedor de las redes no necesariamente coincide con la percepción ciudadana sobre las decisiones que ha tomado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para enfrentar el saqueo de Pemex y las redes delincuenciales que crecieron debido a las omisiones, cuando no de la complicidad, de gobiernos anteriores.
Diversas casas encuestadoras han preguntado a los ciudadanos su opinión sobre el combate al robo de combustibles. Los resultados de estas encuestas están muy lejos del escándalo mediático, puesto que una abrumadora mayoría de ciudadanos se ha manifestado a favor de la estrategia gubernamental.
Por ejemplo, según una encuesta de la consultora De las Heras Demotecnia, 72 por ciento de los ciudadanos cree en la palabra del presidente en lo relativo a que era necesario cerrar los ductos para combatir el robo de combustible. Igualmente, dos tercios de los ciudadanos encuestados consideran que las afectaciones temporales traerán beneficios en el largo plazo.
La encuesta de El Financiero arroja que 64 por ciento de los ciudadanos está de acuerdo con que se cierren los ductos para combatir el delito, aunque haya desabasto (75 por ciento en la Ciudad de México).
El presidente de México ha dado la cara por cada una de sus decisiones y el resultado es, a contrapelo de los deseos de sus adversarios, que su aprobación, que en julio pasado era de 59 por ciento, se ha elevado a 76 por ciento.
El estruendo mediático no debe llevarnos a olvidar lo que se enfrenta. El gobierno de Enrique Peña Nieto comenzó con alrededor de dos mil 500 tomas clandestinas y cerró (septiembre de 2018) con más de 11 mil. En estos días se han repetido los datos sobre el costo de lo robado, pero esa cifra usualmente no incluye los costos asociados: la reparación de los ductos y la remediación ambiental.
Algunos adversarios del gobierno han pretendido obtener réditos políticos de los problemas originados por el desabasto. Por un lado, olvidan convenientemente que cuando estuvieron en el gobierno el robo creció exponencialmente con la complacencia, como ha dicho el presidente de la República, de los más altos niveles del poder. Por otro, los adversarios se niegan a reconocer los resultados que, en el corto plazo, ya ha tenido la estrategia del gobierno de López Obrador.
En ese recuento están los 4.5 millones de barriles de gasolina recuperados, así como la significativa disminución del huachicoleo (se pasó de 108 mil barriles robados el 27 de diciembre del año pasado a sólo tres mil 400 el pasado 12 de enero).
En la misma línea se encuentran las estimaciones preliminares de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda: unos 45 mil millones de pesos eran "lavados" por gasolineras que formaban parte del entramado de corrupción política, huachicoleo y defraudación fiscal.
La UIF, en investigaciones que siguen su curso, ha congelado las cuentas de unas 15 personas involucradas. Entre los casos judicializados se cuentan los que involucran a un exdiputado local, un expresidente municipal y un exfuncionario de Pemex.
Las mil 700 carpetas de investigación abiertas han comenzado a dar resultados, mientras la ciudadanía, a contrapelo del ruido en las redes sociales, respalda mayoritariamente las acciones del gobierno, en el entendido de que todos debemos ser partícipes de las soluciones.
A los legisladores nos corresponde, en ese tenor, avanzar en temas como la tipificación del robo de combustibles como delito grave y la extinción de dominio para los establecimientos que participen de ese delito que afecta la seguridad de todos y la riqueza de la nación.