La autora es Diputada Federal
En la prensa internacional es un lugar común que en México tenemos la democracia más cara del mundo. Nacido de la desconfianza –de una historia muy bien documentada de fraudes electorales, para ser claros–, el sistema electoral mexicano es ciertamente oneroso: en la más reciente elección federal, la histórica de 2018, el gasto fue superior a los 60 mil millones de pesos.
Una buena parte de esos recursos va a dar a los partidos políticos y otra se queda en las operaciones del Instituto Nacional Electoral. En este rubro, claro, están los gastos de la burocracia dorada que se ha negado a cumplir el mandato constitucional para que ningún servidor público gane más que el presidente de la República.
Los partidos políticos ahora en la oposición fueron durante décadas beneficiarios del reparto de los recursos electorales, vía el financiamiento público de sus actividades, determinado a partir del porcentaje de votos obtenido por cada uno.
La fórmula de reparto se estableció en sucesivas reformas electorales y cada tanto vuelve a ser objeto de debate.
En diciembre pasado, la oposición rechazó una iniciativa que proponía reducir a la mitad el financiamiento público que reciben los partidos.
En la discusión de las sucesivas reformas electorales se plantearon una y otra vez las razones para privilegiar el financiamiento de los partidos en tanto entidades de interés público. Se habló hasta el cansancio de que los donativos privados terminaran por imponer agendas contrarias al interés general, de la autonomía partidista, de la transparencia y de la necesidad de evitar la entrada de fuentes ilícitas de financiamiento.
La otra cara de la moneda es que en muchos casos se volvieron excesivas o totalmente dependientes del erario público y que el financiamiento seguro contribuyó a que se alejaran de sus electores. Por lo demás, ni la corrupción ni el uso de fuentes ilícitas de recursos desaparecieron de las lides electorales.
El tema del financiamiento nos lleva a la pregunta permanente: ¿cómo logramos un sistema electoral confiable, democrático, imparcial, aceptado por todos, y al mismo tiempo reducimos el costo de nuestra democracia electoral habida cuenta de que vivimos en un país con inmensas carencias?
Y más: ¿cuántos programas, cuántas acciones emprendieron los actuales consejeros electorales del INE, o los anteriores, para reducir el costo del voto? Al contrario, cada año, cada elección, los fondos públicos destinados al sistema electoral se fueron abultando, incluyendo los privilegios y gastos ostentosos de los consejeros y los altos funcionarios.
Es en ese contexto que llega el más reciente debate que involucra a la institución electoral.
Los opinadores que se asumen dueños de la (fallida) transición claman como una sola voz: la Cuarta Transformación va sobre el INE, pretenden capturar las instituciones autónomas, viene la dictadura. Son las mismas plumas que cerraron los ojos o defendieron con malabarismos el reparto bi o tripartidista de cargos no sólo en el INE, sino en el resto de los organismos autónomos y en los tribunales. Pero claro, ese es otro punto.
El punto de hoy es que los dueños de la transición se creen investidos para pasar por encima de la ley.
El consejero Lorenzo Córdova decidió adelantar varios meses –estaba prevista por norma para el mes de abril– la designación del secretario ejecutivo del INE, un puesto clave pues se trata del personaje que coordina toda la operación del instituto y sus pares estatales.
El problema es que en la renovación de ese importante cargo deberían participar los cuatro nuevos consejeros que en estos días ha de designar la Cámara de Diputados y que Córdova adelantó el procedimiento justo para que no participaran.
En sus explicaciones públicas, el consejero presidente ha dejado claro que su decisión fue para evitar que desde la Cámara de Diputados se dañe al INE. Olvida el consejero que en esa Cámara está la representación de los ciudadanos y que, al pasar por encima de ella y sus atribuciones, atenta también contra los derechos de los electorales.
Dicen defender al INE y para hacerlo aplican trampas legaloides. Dicen defender al INE porque la 4T lo quiere destruir. Y para evitarlo el mismo árbitro rompe las reglas del juego.
No hay que equivocarse: el INE, al torcer la ley, se destruye a sí mismo.