La autora es Diputada Federal
¿Existe alguna dependencia, un área del servicio público que no haya sido objeto del saqueo criminal durante el sexenio de Enrique Peña Nieto?
Mientras el expresidente vive a sus anchas en su autoexilio dorado en Málaga, aquí cada día conocemos uno o varios casos de corrupción. Cada nuevo asunto confirma lo que dijimos a lo largo del sexenio pasado.
En estos días, los medios de comunicación han revisado el informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y han ido develando uno a uno los casos que nos permiten decir sin ninguna duda que Peña Nieto y los suyos fueron un gobierno de ladrones.
La ASF ha confirmado lo que muchas veces dijimos durante los duros debates de la reforma energética, cuando los senadores del PRI y el PAN se burlaban de nosotros cuando defendíamos a Petróleos Mexicanos en la tribuna.
El gobierno actual recibió Pemex en "quiebra técnica", puesto que la empresa acumula pérdidas cercanas a los dos billones de pesos.
Pero también hemos sabido, además que solo en 2018 la empresa Liconsa sumó dos mil millones de pesos en gastos no justificados o hechos sin documentación probatoria. Uno de sus directivos, Héctor Pablo Ramírez Puga, buscaba ser candidato del PRI a la gubernatura de Oaxaca mientras autorizaba sobreprecios, compras fantasma y publicidad muchas veces contratando a sus amigos.
En ese mismo año electoral, la pensión para adultos mayores fue "entregada" a 24 mil personas que ya habían muerto. El costo: poco más de 40 millones de pesos.
Gerardo Ruiz Esparza, el siempre consentido secretario de Comunicaciones de Peña Nieto, causó un daño presupuestal de 15 mil 930 millones de pesos sólo en el sector central de la dependencia.
La ASF también informó que durante el sexenio de quien ahora se dedica a posar para revistas del corazón, la evasión fiscal ascendió a 4.1 billones de pesos.
En este rubro es donde puede hallarse una de las explicaciones de la reducción de la inversión privada mexicana, en tanto que la Inversión Extranjera Directa aumentó 4.2 por ciento en 2019.
Una buena parte de los empresarios mexicanos se acostumbraron a ser tratados con guante de seda por el fisco y a emplear todas las marrullerías posibles para no pagar impuestos, o pagar lo menos posible. De perdones, condonaciones y evasión está hecha la "falta de confianza" de estos empresarios en el gobierno de la transformación.
La oposición machaca con el argumento de que este gobierno debe dejar de culpar al pasado de los males del presente. Es cierto que las responsabilidades están ahora en otras manos, pero sólo un corrupto o alguien cegado por el odio hacia la Cuarta Transformación puede ignorar que este gobierno recibió instituciones saqueadas, que no es sencillo desterrar las viejas prácticas de los sobornos o moches que se institucionalizaron durante las administraciones del periodo neoliberal.
No es fácil remontar la herencia de sangre de Felipe Calderón, quien ahora dice nunca haberse enterado de los vínculos de Genaro García Luna con el crimen organizado. ¿Corrupción? Es improbable que el superpolicía de Calderón colaborase con un cártel gratuitamente.
Con cinismo sin límites, Calderón pretende volver a la arena política al frente de una pequeña legión de desmemoriados o de personas que se beneficiaron durante su gobierno.
Serán, de conseguir el registro, la hipocresía hecha partido político, y una de las tres cabezas de la derecha a las que enfrentaremos en 2021.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha insistido una y otra vez en que el principal problema del país es la corrupción. Y tiene razón, pues la corrupción es la fuente de la ineficiencia gubernamental, del abandono de las responsabilidades del Estado y de la complicidad que nos sumieron en una espiral de violencia.
Comprometido a ir al fondo, recientemente, el presidente López Obrador dijo que los empresarios que denuncien cuando les pidan un soborno para obtener una licitación serán protegidos y recibirán un "premio".
El gobierno de la Cuarta Transformación ha optado por la centralización de las decisiones en la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda, con el fin de poner orden y evitar los actos corruptos como los descritos en las líneas anteriores.