La autora es diputada federal
Para nadie es sorpresa que las revisiones llevadas a cabo por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la Cuenta Pública del Ejercicio 2017, muestren irregularidades en el ejercicio del gasto en prácticamente todas las dependencias y órdenes de gobierno. Igualmente, no resulta sorpresivo que se hayan detectado ineficiencias en la operación de diversos programas.
Preocupa que en los resultados de 2017 no se registren avances significativos respecto de años anteriores.
El punto de partida no es nada bueno, pues México ha empeorado si tomamos referencias como el Índice de Percepción de Corrupción en el Sector Público, de Transparencia Internacional. En 2006, nuestro país obtuvo una calificación reprobatoria de 3.3 sobre 10 (y el lugar 70 de 163 países evaluados). En 2012 mostró una mejoría marginal, con una calificación de 3.4 (lugar 105 de 174 países). Para 2018, Enrique Peña Nieto heredó una calificación de 2.8 y México descendió al sitio 138 entre 180 naciones.
La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (del Inegi) reveló, en 2013, que casi la mitad de la población (48.5 por ciento) consideraba que la corrupción era uno de los principales problemas sociales. Esa cifra, para 2017, era de 56.7 por ciento.
Según el subíndice de instituciones que utiliza el Foro Económico Mundial para construir el Índice de Competitividad Global, México obtiene malas calificaciones en rubros como la eficiencia del gasto gubernamental, pagos irregulares y sobornos, transparencia de las políticas públicas y confiabilidad de los servicios públicos.
Es un contrasentido que la muy destacada y profesional labor de la ASF no se haya traducido hasta ahora en una disminución sensible de la corrupción ni en un mejoramiento sustantivo de la calidad del gobierno.
Otra cara de este problema es que si bien las auditorías identifican montos probables de recuperación, sea poco lo que se logre. En 2016, por ejemplo, se identificó un monto probable de 86 mil 994 millones de pesos, de los cuales sólo se han recuperado 10 mil 687 millones (12.3 por ciento).
Los informes de la ASF revelan anomalías recurrentes en la obra pública (Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco, Tren Interurbano México-Toluca, obras de Pemex y la CFE). En todos estos casos se detectaron deficiencias en la evaluación de la factibilidad de los proyectos, la contratación de obras y su ejecución, sobrecostos y diferencias entre lo presupuestado y lo ejercido.
Estas irregularidades han sido reportadas por la ASF durante años, pero no se han aplicado sanciones ni se han mejorado los procesos.
Destaca también el caso conocido como la 'estafa maestra', detectado al menos desde 2015. Como se sabe, diversas entidades públicas (Sedesol, Sedatu, Diconsa, entre otras) adjudicaban directamente contratos a otras instituciones públicas sin cumplir los requisitos de ley; tales instituciones subcontrataban a empresas privadas, en muchos casos inexistentes o que nunca realizaron los trabajos subcontratados. El destino final de los recursos se desconoce.
Este mecanismo se siguió utilizando hasta 2017, sin que se conocieran investigaciones de la Secretaría de la Función Pública (SFP) o la Procuraduría General de la República (PGR).
Otra de las funciones vitales de la ASF es evaluar el desempeño de los programas gubernamentales. En este rubro destaca, del informe oficial, que la reforma energética no ha dado los resultados previstos, tanto porque fue mal diseñada como por el hecho de que existen deficiencias en su implementación.
Las debilidades de la función de auditoría fueron reconocidas cuando se diseñó el Sistema Nacional Anticorrupción y, entre otras medidas, se dotó a la ASF de mayores facultades de investigación y sanción. Sin embargo, las nuevas atribuciones de la ASF no han dado suficientes resultados concretos, por lo que es muy importante acelerar la implementación del Sistema y que la ASF asuma cabalmente sus responsabilidades.
El seguimiento puntual de las recomendaciones de la ASF es vital para terminar con el ciclo de informes seguidos de indagaciones periodísticas que se diluyen con el tiempo. Una vía es que las instituciones responsables, así como las auditadas, deben presentar, en esa ruta, informes periódicos a la Cámara de Diputados sobre las indagaciones derivadas de las auditorías.