Una de las luchas más difíciles que ha librado la actual administración federal ha sido contra el llamado cártel de las medicinas. A lo largo de cinco años, en el marco de la lucha contra la corrupción, el gobierno ha tenido que lidiar con un puñado de empresas acaparadoras de medicamentos, importados o producidos en laboratorios nacionales, que luego revendían con sobreprecio. A pocos meses de que termine el sexenio, el gobierno ya puede declararse victorioso.
Todo comenzó en sexenios anteriores, cuando autoridades del sector salud, federales y estatales, favorecieron a un grupo de empresas con onerosos contratos. El contubernio con políticos y funcionarios públicos corruptos les permitió crecer, sacar a sus competidores del mercado y coludirse para controlar distribución y precios. Entre 2012 y 2018, diez intermediarios acapararon el 80% de los 336 mil millones de pesos que el gobierno destinó a la compra de medicamentos.
En el arranque del sexenio, la nueva administración se percató que el gobierno saliente ya había pactado con cuatro empresas la compra de medicamentos para 2019. El problema era el monto desproporcionado de 100 mil millones de pesos resultante del sobreprecio. En el marco de la política de austeridad, el gobierno de México decidió desarrollar una cadena de adquisición y distribución independiente para abastecer a las instituciones públicas de salud.
La respuesta del cártel fue incumplir los contratos de suministro, ocultar los medicamentos, montar una campaña de desprestigio y alentar marchas y bloqueos. Todo, para culpar al gobierno del desabasto, especialmente de los fármacos oncológicos infantiles, que el cártel controlaba totalmente. Lucrar con el dolor de los padres de los niños enfermos de cáncer fue una verdadera infamia. El cártel calculó que el enorme costo político haría que el gobierno agachara la cabeza y aceptara las reglas del juego impuestas por la mafia. Se equivocó, desistir, no entraba en los planes de la 4T.
Desde aquellos primeros días del sexenio, Raquel Buenrostro, entonces oficial mayor de la Secretaría de Hacienda, explicó con detalle cómo operaba el cártel y las acciones mafiosas que buscaban poner de rodillas al gobierno.
Un hecho importante, que conviene no olvidar, es que el oligopolio y su contraparte en los sucesivos gobiernos, habían diseñado las leyes a la medida de sus intereses y por ello el gobierno estaba impedido para importar los medicamentos de manera directa.
Haciendo peripecias, corrigiendo aberraciones legales y con ayuda de Naciones Unidas, el gobierno logró implementar su estrategia de compras consolidadas de medicamentos para el sector público. Entre 2019 y 2020 se firmaron contratos con farmacéuticas de Francia, China, India, Corea del Sur, Italia, Argentina, Cuba, Japón, Inglaterra, Canadá y otros países. Hoy la proveeduría de medicamentos para las instituciones públicas se integra con más de 100 participantes.
A mediados de diciembre, el presidente López Obrador inauguró la Megafarmacia del Bienestar, un enorme almacén en el Estado de México que tendrá disponibilidad de medicamentos para todas las enfermedades las 24 horas del día. Desde ahí se enviará lo que haga falta a los centros de salud más remotos.
La estrategia de compras consolidadas fue exitosa: la diversificación de la oferta y la puesta en marcha del estratégico almacén han diluido la fuerza del cártel. Algunos de sus integrantes y colaboradores han sido encarcelados o han sido dados de baja del servicio público. Sin embargo, frente a tal maraña de intereses se impone la cautela. Los grandes capos siguen sueltos. Las empresas coludidas fueron suspendidas, pero solo temporalmente. El cártel farmacéutico ha perdido la fuerza de antaño, pero sigue agazapado esperando una nueva oportunidad para reconstituirse.