Dolores Padierna

Iberdrola, un acuerdo en el que todos ganan

El gobierno mexicano mejora la confiabilidad del sistema eléctrico nacional al incrementarse el margen de maniobra para resolver disturbios y contingencias.

Directora General de Gestión Sectorial y Enlace Interinstitucional de la SEP

Se mire como se mire, el acuerdo con Iberdrola es ganar-ganar. Ganan la firma eléctrica española, el fondo de inversión México Infrastructure Partners, la Comisión Federal de Electricidad, el gobierno mexicano y, sobre todo, la soberanía energética de México y los consumidores.

El acuerdo consiste en la compraventa de acciones, por un valor aproximado de 6 mil millones de dólares, para adquirir un parque eólico y 12 centrales eléctricas de ciclo combinado (gas-vapor) de Iberdrola, que suman 8 mil 500 mega watts. Diez de las centrales están siendo operadas bajo el esquema productor independiente y tres como plantas de mercado que abastecen al sector privado.

El cierre de la operación se realizó a través de un vehículo de inversión con participación mayoritaria del Fondo Nacional de Infraestructura de México (Fonadin). La operación cuenta con el apoyo de otras entidades financieras vinculadas al gobierno federal. El acuerdo establece que la operación de las 13 centrales quedará a cargo de la CFE.

¿Qué gana cada quién?

La firma española vende activos y obtiene 6 mil millones de dólares y, de manera inmediata, un permiso para operar el parque eólico Santiago en el estado de Guanajuato (105 MW); además, se posiciona como el segundo suministrador de energía limpia en México con 6 mil MW renovables. Iberdrola avanza en su estrategia de abandono de activos fósiles, para concentrarse en la energía limpia, cuya demanda crece por efecto del llamado nearshoring y los créditos condicionados a la aplicación de los criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG por sus siglas en inglés), que se extiende en el mundo financiero. Y, sobre todo, Iberdrola se libera de la presión del gobierno mexicano que le echa en cara un crecimiento acelerado en México con tufo de corrupción durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, con el agravante que este último se incorporó a las filas de la empresa española al término de su mandato.

El fideicomiso liderado y gestionado por Mexico Infrastructure Partners gana al adquirir el 55 por ciento del negocio de Iberdrola en el país, incluyendo activos, contratos y empleos asociados. Es cierto que está pagando activos sobre valorados pero el negocio vale la pena. Por un lado, el gobierno participa y respalda la operación financiera, por otro lado, la intervención de la banca de desarrollo asegura condiciones del crédito benignas. Y no se trata de fierros viejos, para nada, con buen mantenimiento, su vida útil da para 20 años adicionales, por lo menos. Las características y ubicación de las centrales, así como la cartera de clientes aseguran ingresos y rentabilidad a corto y largo plazo.

Por su parte, la CFE amplía su portafolio operativo y su cartera de clientes. Aunque no adquirió la propiedad de los activos y éstos seguirán en manos privadas, la empresa del Estado será el operador obligado, es decir, se encargará de la operación de las centrales y será remunerada en consecuencia. Su participación en el noreste del país pasa súbitamente del 6 al 49 por ciento con posibilidad de seguir avanzando en ese dinámico mercado, sin necesidad de endeudarse e invertir en nuevas instalaciones. Además, podrá organizar mejor sus compras de gas y su internamiento a territorio nacional. Otra ventaja indiscutible es disminuir el poder de mercado de su principal competidor —Iberdrola— que al término de los contratos de producción independiente contaría con 13 centrales de mercado ya amortizadas. Es indiscutible que CFE consolida su posición como la principal empresa generadora del país.

Por último, el gobierno mexicano mejora la confiabilidad del sistema eléctrico nacional al incrementarse el margen de maniobra para resolver disturbios y contingencias, de ahí una mayor seguridad energética que beneficia a todo el país. De igual forma, al incrementarse el control de las decisiones operativas se fortalece la soberanía energética. Y algo muy importante, el gobierno se libera de la carga de litigar en tribunales nacionales e internacionales, situación a la que llevó el enfrentamiento con Iberdrola. Fue una buena decisión detener el pleito y llegar a una solución con beneficio tangible para todos los participantes.

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