Diputada Federal por la LXIV Legislatura
La decisión de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de suspender la vigencia de las reformas que en materia electoral aprobó el Congreso de la Unión ha reavivado el debate sobre la división de poderes y la necesidad de una profunda reforma de nuestro sistema de justicia.
La Presidencia de la República anunció que impugnará el fallo, toda vez que la decisión del togado se basó en una controversia interpuesta por el Instituto Nacional Electoral (INE), órgano que no está constitucionalmente facultado para cuestionar las normas jurídicas establecidas por el Legislativo.
Con su resolución, el ministro de la SCJN se alinea con la saliente cúpula del INE, que desde hace tiempo optó por aparecer cada vez más cercana a las posturas e intereses de los partidos de oposición.
La Consejería Jurídica de la Presidencia ha llamado la atención sobre el hecho de que un solo ministro de la Corte deje sin efecto una ley aprobada legítimamente por el Congreso y ordene que sigan vigentes las disposiciones derogadas, pese a que tal decisión sólo podría derivar de una resolución definitiva aprobada por ocho ministras y ministros.
“La mayoría sabe que no es un asunto jurídico, sino político y mercantil”, dijo con claridad el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que su gobierno continuará por la vía legal en la búsqueda de una verdadera democracia.
La decisión judicial se da en un contexto en el que varios casos relevantes han puesto en tela de juicio el papel de jueces, magistrados y ministros.
Así ha ocurrido con la cancelación de la orden de aprehensión contra el exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca; con la suspensión provisional otorgada a Ovidio Guzmán contra su extradición a Estados Unidos; con el amparo otorgado a la esposa de Genaro García Luna para descongelar sus cuentas bancarias, entre otros casos relevantes.
La democracia es la gran perdedora cuando prevalecen la manipulación y el uso de la ley por poderosos grupos de presión.
Los niveles de impunidad prevalecientes demandan un cambio de fondo que fortalezca la autonomía plena del Poder Judicial frente a los poderes Ejecutivo y Legislativo, sí, pero sobre todo proponernos construir un orden jurídico sustentado en leyes justas y un aparato judicial libre de toda sospecha de corrupción. Lo contrario sería seguir manteniendo un sistema que, a todas luces, resulta un traje a la medida de las élites económicas y políticas dominantes.
Una herencia innegable del periodo neoliberal fueron los juzgadores empeñados en favorecer a los políticos que los llevaron a sus cargos, o que podían garantizar el desarrollo de sus carreras judiciales o políticas. Ello se traducía en arreglos contrarios a la integridad e independencia del Poder Judicial.
Hoy estamos ante un escenario en que se acusa al Poder Ejecutivo de presiones indebidas sobre los otros poderes, aunque convenientemente se olvide que el asedio contra los juzgadores proviene con mucha frecuencia de otros actores, de los poderes fácticos que maniobran para someterlos y evitar que arribemos a un Estado de derecho pleno.
El presidente López Obrador ha dicho que una reforma al Poder Judicial será uno de los pendientes de su gobierno. Ha hablado, con razón, de la necesidad de que deje de ser un “bastión del conservadurismo” y de una renovación con personas íntegras e incorruptibles.
En 2024, la fuerza de los votos apuntalará esa necesaria y pendiente transformación.