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Diputada Federal por la LXIV Legislatura
Uno de los temas más debatidos en los últimos tiempos, tanto en el espacio público como en los terrenos legislativos, ha sido la ampliación de la permanencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad para la construcción de paz y para el fortalecimiento de la Guardia Nacional.
La discusión llega a su fin con la aprobación, en la Cámara de Diputados, del proyecto que amplía, de cinco a nueve años, la posibilidad de que el Ejecutivo pueda disponer de la Fuerza Armada en tareas de seguridad pública hasta el 2028, en tanto, y aquí reside la importancia de este tema, la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial.
Como resultado del debate y de la votación, los grupos legislativos opositores se dividieron y exhibieron la fragilidad de un frente común al que sólo sostiene el rechazo a las iniciativas y proyectos del gobierno de la Cuarta Transformación.
La acalorada discusión pública mostró también los límites de la demagogia opositora. Mientras algunos legisladores exaltados hablaban de autoritarismo y militarización, en los territorios, en las entidades de sus partidos, los mandatarios estatales seguían solicitando la presencia de las Fuerzas Armadas.
La iniciativa busca ampliar el plazo señalado de cinco a nueve años, a partir de la fecha en que entró en vigor el decreto de 2019 para que el presidente de la República pueda disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.
Igualmente, incluye, en el mismo primer párrafo del quinto transitorio, una disposición para que la participación de la Fuerza Armada tenga un enfoque de respeto a los derechos humanos y a los de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos.
La minuta cuya aprobación era inminente a la hora de escribir estas líneas plantea también que se integre una comisión bicameral (diputados y senadores), que dé seguimiento al cumplimiento de la facultad otorgada al Ejecutivo federal y evalúe su impacto en la Guardia Nacional.
La creación de la Guardia Nacional es resultado del esfuerzo institucional para garantizar la seguridad pública frente a las profundas afectaciones causadas por la “guerra contra el narcotráfico”. En el marco de esa estrategia, la corrupción e impunidad promovidas por los vínculos entre criminales y autoridades llevó a una elevada infiltración de las policías estatales, municipales y la Policía Federal, que llegó hasta los más altos niveles, particularmente en las extintas Secretaría de Seguridad Pública y Procuraduría General de la República.
No es un dato menor que la Policía Federal, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2020 (ENVIPE, INEGI) fuera percibida como corrupta por 6 de cada 10 ciudadanos.
Frente a esa herencia, resultaba urgente una corporación nacional de policía profesional y capaz de afrontar el desafío de la inseguridad y la violencia en el país, por lo que se exigió la creación y puesta en operación de la Guardia Nacional.
En el periodo que lleva operando la Guardia Nacional el valor, profesionalismo y disciplina provenientes de la formación militar de sus integrantes han sido fundamentales para el cumplimiento de sus fines constitucionales. Particularmente, la capacidad logística y operativa de la Sedena ha permitido una rápida consolidación e implantación territorial, lo que ha posicionado a la Guardia Nacional como la institución que más confianza y aceptación genera entre la población.
En la ENVIPE 2021, la Guardia Nacional obtuvo el 82.7 por ciento de opinión favorable, únicamente por debajo de la Marina (90.2 por ciento) y el Ejército (87.8 por ciento). Estas tres instituciones fueron consideradas por la población como las menos vulnerables a sucumbir ante la corrupción. Por el contrario, las policías estatales y municipales tuvieron un nivel de aceptación social apenas por arriba del 50 por ciento y se percibieron como las instituciones más corruptas en el país.
El propósito final de esta iniciativa no es militarizar al país o implantar el autoritarismo, sino cuidar, en conjunto con la Sedena, el crecimiento sano de la principal institución de seguridad pública de México. Con ello se garantiza el combate a la impunidad y el respeto irrestricto de los derechos humanos.