Dolores Padierna

La reforma eléctrica y los mitos neoliberales

La reforma eléctrica busca crear un nuevo modelo que garantice la soberanía energética, permita ganancias razonables a las empresas privadas y tarifas justas para los usuarios.

En España, nación con un sistema eléctrico privatizado y con escandalosos aumentos en las tarifas, el gobierno estima que entre 3.5 y 8 millones de personas viven la pobreza energética. La definición se halla en un documento del Ministerio para la Transición Ecológica de ese país: “La pobreza energética es la situación en la que se encuentra un hogar en el que no pueden ser satisfechas las necesidades básicas de suministros de energía como consecuencia de un nivel de ingresos insuficiente y que, en su caso, puede verse agravada por disponer de una vivienda ineficiente en energía”.

Este tipo de información está ausente en los argumentos de los detractores de la iniciativa enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quienes no combaten su contenido, sino la caricatura que han hecho de la propuesta a partir de invenciones y mitos.

Los detractores parecen más preocupados en mantener la unidad de esa prolongación del Pacto por México que es la coalición opositora, que en presentar a los ciudadanos argumentos y propuestas.

Así, el debate sobre la reforma eléctrica ha estado marcado por una enorme campaña mediática, en la que abundan las distorsiones y la desinformación.

Los detractores de la reforma recurren a afirmaciones que creyeron inoculadas en la conciencia nacional, como la supuesta primacía de las empresas privadas sobre las públicas y el mito de la ineficiencia de todo lo público.

Armados de un falso ambientalismo, mienten cuando afirman que la iniciativa presidencial es enemiga de las energías limpias al tiempo que les parece bien que las hidroeléctricas del Estado, que producen la energía más limpia, no puedan trabajar a toda su capacidad porque la reforma de Peña Nieto dio primacía a los privados.

Montados en mitos neoliberales como la ‘ineficiencia de las empresas estatales, lanzan al aire los gritos de ‘¡monopolio!’ y ‘¡estatización!’, cuando la iniciativa es clara en la propuesta de un modelo que dejaría a los privados 46 por ciento de la generación.

La reforma de Peña Nieto dio a la CFE la condición de Empresa Productiva del Estado y de esa manera la limitó a actuar como una empresa más, con el fin último de maximizar utilidades.

Pero hablamos del mercado de la electricidad, en el que más ganancias para las empresas se traducen en una disminución del bienestar de la población en general, no sólo por el efecto obvio del incremento desproporcionado de tarifas (como hemos visto ocurre en España), sino también por el efecto que tal aumento tiene en el resto de la economía y en la inflación.

La reforma de Peña Nieto estuvo encaminada a destruir a la CFE. La partieron en pedazos y le impusieron reglas para favorecer a los privados. El modelo de esa reforma dio lugar a simulaciones, como ocurrió en el caso del famoso ‘autoabasto’ que creó sociedades ficticias para favorecer a grandes consumidores.

Fue así como llegamos al absurdo de que grandes corporaciones paguen tres veces menos que los hogares.

Fue así como la CFE, según la reforma de Peña Nieto, estaba obligada a comprar energía producida por 34 centrales privadas construidas el sexenio pasado. Los detractores hablan de ‘inversiones’ que sólo los privados pueden hacer, pero omiten decir que las centrales referidas fueron financiadas con recursos públicos.

Evitar los apagones como los ocurridos en Estados Unidos o las tarifas históricamente altas de España está en el fondo de esta iniciativa, a la que se oponen los beneficiarios de la reforma peñista y, por supuesto, las poderosas empresas que solían tratar como empleados a los anteriores gobiernos.

La reforma eléctrica busca crear un mercado equilibrado. La CFE va a generar 54 por ciento de la electricidad por 46 por ciento de los privados. Un nuevo modelo que garantiza la soberanía energética y permite que las empresas privadas obtengan ganancias razonables y los usuarios tarifas justas. Como ha explicado la secretaria de Energía, Rocío Nahle, “la CFE mantiene la misión de servicio social y con ello las tarifas de la luz se podrán mantener a un precio por debajo de la inflación… no se les va a nacionalizar, ni nada, ni un tornillo, ni una tuerca”.

La autora es diputada federal de la LXIV Legislatura.

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