Dolores Padierna

Proteger la economía popular de los abusos

La decisión presidencial de establecer un sistema de precios máximos es enfrentar un escenario de acaparamiento por cinco familias, abusos de distribuidores y mafias que imponen su ley.

Diputada Federal

El alza desmesurada en el precio del gas LP, que afectó al 79 por ciento de los hogares sobre todo desde el inicio de este año, llevó al Gobierno de México a establecer un sistema de precios máximos para proteger la economía popular.

El nuevo sistema entró en vigor el primero de agosto. Cada semana la Comisión Reguladora de Energía (CRE) revisará y determinará 145 precios regionales (por litro en el caso de tanques estacionarios y por kilogramo cuando se trate de cilindros portátiles). La medida durará seis meses, plazo en el que se espera ordenar un mercado caótico, donde la voracidad de empresarios dedicados a la distribución y comercialización de ese combustible se ha combinado con una escalada en el precio de referencia internacional.

México era autosuficiente en gas LP hasta que los gobiernos neoliberales permitieron la importación por parte del sector privado, supuestamente para atraer capital y generar competencia. El resultado, tres décadas después, es que las importaciones representan más del 70 por ciento del consumo. Y en lugar de competencia lo que ocurrió fue un fenómeno de mayor concentración del mercado que contribuyó a la afectación de los consumidores.

La decisión de poner fin a este abuso se completa con la creación de Gas Bienestar, empresa pública dedicada a la comercialización del combustible, que en breve comenzará a operar en el Valle de México y que buscará atender a las localidades aisladas y marginadas del país.

De esta manera se busca enfrentar otra promesa incumplida del periodo neoliberal. No puede dejarse de lado que desde que se liberó el precio (enero de 2017), iniciaron incrementos exorbitantes, de tal suerte que el margen comercial –la diferencia entre el precio de referencia internacional y el precio promedio al consumidor final–, casi se ha triplicado, entre otros factores por un ánimo de lucro desmedido de las empresas gaseras.

En septiembre de 2018, por ejemplo, el precio de referencia internacional se desplomó, pero eso no se reflejó en los precios al consumidor. Desde entonces, mes a mes, los precios internacionales disminuyeron y aquí apenas se han movido.

La decisión presidencial es enfrentar un escenario de acaparamiento por cinco familias, los abusos de los distribuidores que entregan cantidades menores de combustible y, más allá, a verdaderas mafias que controlan la venta y distribución e imponen su ley, que nada tiene que ver con el libre mercado.

Dado que la Comisión Federal de Competencia Económica tomaba demasiado tiempo en investigar y pronunciarse sobre las denuncias presentadas por la CRE por posibles prácticas monopólicas absolutas, la Secretaría de Energía emitió una directriz de emergencia para que la CRE –la autoridad reguladora competente– estableciera un sistema de precios máximos que detuviera el abuso.

En respuesta, la CRE ha establecido precios máximos que dependen de los costos de operación en las 145 regiones en las que se ha dividido el país. Las entidades con los precios promedio más altos serán Durango, Baja California y Baja California Sur, con precios por encima de los 27 pesos por kg. Los precios promedio más bajos se ubicarán en Chihuahua y Tamaulipas (por debajo de los 21 pesos por kg). El precio promedio nacional oscilará alrededor de 22.6 pesos.

Para la Zona Metropolitana del Valle de México el precio promedio descenderá de 27 a 21 pesos y el cilindro de 30 kg se venderá a 640 pesos en lugar de los 809 e incluso 850 pesos que se estaban pagando antes de la entrada en vigor del nuevo sistema. Por litro, el precio en la Ciudad de México será de 11.52 pesos, 25 por ciento menos que el precio promedio aplicado la semana previa.

Se ha dado, en suma, un importante paso vital para avanzar en la solución de una problemática difícil y compleja, en apoyo a la economía familiar.

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