4 cosas que debes saber del proceso de Javier Duarte
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4 cosas que debes saber del proceso de Javier Duarte

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4 cosas que debes saber del proceso de Javier Duarte

06/01/2020
Actualización 06/01/2020 - 18:43

El juez federal Juan Carlos Ramírez Benítez ratificó que el exgobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa debe permanecer encarcelado en el nuevo proceso que se seguirá en su contra.

Duarte y su defensa han argumentado que la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo datos de prueba de manera ilegal, concretamente estados de cuenta bancarios, que no fueron autorizados por un juez en la investigación tras su captura.

Esos datos sirvieron para que Duarte fuera sentenciado en un acuerdo a 9 años de prisión, con la posibilidad de solicitar la libertad condicional a la mitad de la condena, es decir en el cuarto año y medio de su castigo.

Tras la negativa del juez federal de cambiar la sentencia de 9 años en el Reclusorio Norte, a Duarte le queda solicitar en un año y medio de forma aproximada la libertad condicionada o bien apelar a la sentencia.

Los abogados defensores han revelado a EL FINANCIERO BLOOMBERG que el siguiente paso es apelar la decisión que el juez federal Juan Carlos Ramírez Benítez ratificó apenas el fin de semana.

1. ¿Por qué es importante la decisión tomada en el Reclusorio Norte el fin de semana anterior?

Porque Javier Duarte apoyó económicamente el crecimiento de Morena en el estado de Veracruz, incluso dando dinero a la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador en 2012.

Luego, Duarte de Ochoa fortaleció el crecimiento de Morena en Veracruz entre 2012 y 2016, con el único objetivo de debilitar al candidato panista a la gubernatura de ese año, Miguel Ángel Yunes Linares y ante el declive del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en ese estado.

Gracias a ello, en el imaginario colectivo se creía que el actual presidente de México, tendría un tratamiento especial con Duarte, y que de forma muy probable, se le dejaría en libertad en la audiencia del 4 de enero.

Sin embargo, la decisión del juez Ramírez Benítez, al menos por ahora, hacen pensar que el Poder Judicial de la Federación realmente actúa con independencia en este caso y que no recibe línea desde la Presidencia de la República.

2. ¿Qué viene para Javier Duarte en su lucha por acortar su sentencia?

El equipo de abogados de Javier Duarte realmente llegó a la audiencia del fin de semana sin una estrategia legal para enfrentar esta parte del proceso. Su apuesta es la apelación en contra de la vinculación a este proceso sobre el exgobernador de Veracruz.

Dicha esperanza se basa en que esa vinculación, y la acusación previa, ocurrieron con documentos obtenidos de manera ilícita por parte de las autoridades federales.

3. ¿Qué es lo sobresaliente de la audiencia de Duarte de enero 4?

Que por primera vez Duarte se dejó interrogar por parte de los fiscales encargados del caso, quienes por ocho horas debatieron con el exmandatario estatal de Veracruz.

En esa audiencia Duarte confirmó lo que el periodista Víctor Hugo Arteaga reveló el 9 de julio de 2019 en distintos medios del país, acerca de que Duarte tuvo un acuerdo con autoridades federales del más alto nivel, incluyendo el expresidente Enrique Peña Nieto.

Duarte financió la campaña electoral de Peña Nieto otorgándole 3 mil 500 millones de pesos para su campaña, de fondos federales y estatales, causando un grave daño al erario público y lo cuál está penado por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Cuatro años más tarde, según Duarte en la audiencia del 4 de enero, Peña Nieto y su secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, instruyeron a Duarte a seguir una estrategia institucional para, primero, solicitar licencia a su cargo como gobernador Constitucional, para después huir del país.

Seis meses después, también como parte de un acuerdo con Peña Nieto y Osorio Chong, Duarte se entregaría cuando las condiciones en el país y el momento político fueran el idóneos.

4. ¿Qué debería suceder con las declaraciones de Javier Duarte?

Debido a la gravedad de las declaraciones, la cantidad de delitos federales y decenas de posibles cargos como exfuncionarios públicos, la FGR debería, por lo menos, abrir carpetas de investigación contra los funcionarios involucrados por Duarte en sus declaraciones.

Si así fuera, se estable, por las declaraciones de Duarte, Peña Nieto y muchos de sus colaboradores, como Osorio Chong, Luis Videgaray, Aurelio Nuño, Pedro Joaquín Codwell, Manlio Fabio Beltrones, entre otros, deberían ser llamados a declarar en torno a lo que fue llamada la “Operación Safiro”.

Dicha operación consistió en el desvío de miles de millones de dólares a las campañas de presidenciales de 2012 y gubernamentales de 2016, de fondos públicos provenientes de los Estados, principalmente de Veracruz (Duarte de Ochoa), Chihuahua (César Duarte), Quintana Roo (Roberto Borge), Estado de México (Eruviel Ávila) y Nuevo León (Rodrigo Medina).

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.