Salud y federalismo
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Salud y federalismo

01/02/2019
Actualización 01/02/2019 - 14:35

La presentación del proyecto del Plan Nacional de Salud y, en unas semanas, del Informe de Resultados de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2017, obligan a algunas reflexiones sobre la situación de la salud en México, donde 20 millones de mexicanos no tienen cobertura, cuando ésta, así como la educación, son pivotes para el desarrollo económico.

Su financiamiento asciende a un promedio del 6.0 por ciento del PIB, cerca de la tercera parte del mismo indicador en Estados Unidos e incluso inferior al de países latinoamericanos como Costa Rica, Brasil o Cuba.

Por habitante invertimos alrededor de 500 dólares, frente a un promedio de la OCDE de dos mil 594. Una referencia estadística importante es la del gasto de bolsillo, que es el gasto de los ciudadanos, que promedia 40 por ciento, mientras que el promedio en esa organización es de la mitad. El dato del gasto de bolsillo es un promedio, ya que en un país tan desigual en la distribución del ingreso y la riqueza y con niveles tan altos de subempleo, es totalmente diferente entre los deciles de ingresos.

Los genéricos han sido un salvavidas para la población de menores ingresos y las depauperadas clases medias, de ahí la necesidad de estimular su producción, más cuando hay un mercado especulativo y oligopólico en las medicinas para enfermedades catastróficas como la diabetes. En todos los casos, este gasto de los particulares puede resultar catastrófico para las finanzas familiares.

Más de la mitad de la población no está incorporada a los sistemas de seguridad social, como el IMSS o el ISSSTE, y sólo les queda el Seguro Popular. Sin embargo, este ha sido limitado en su cobertura, calidad, eficacia y transparencia.

Es importante unificar los sistemas de salud, el IMSS, ISSSTE, Sedena, Semar y Pemex, para hacerlo viable financieramente. Adicionalmente en los estados se realizan tres quintas partes del gasto nacional en salud, con una distribución desigual entre ellas.

En las reformas que vienen es importante su federalización, así como fortalecer la fiscalización.

Al respecto, la Auditoría Superior de la Federación revisa en las entidades federativas el FASSA, que forma parte del Ramo 33, y el Seguro Popular, que es un subsidio a través del gasto federalizado.

Entre las principales observaciones al uso de los recursos del Seguro Popular están la falta de alineamiento normativo, inadecuado control administrativo, adquisición de medicamentos no incluidos en el catálogo universal de servicios de salud –el Cauces– o adquiridos a precios superiores a los de referencia, retraso o no transferencia de los recursos por parte de las Secretarías de Finanzas estatales, subejercicios no devengados al término del ejercicio fiscal –que en 2016 llegaron al 23 por ciento–, transferencia de recursos a cuentas bancarias de otros fondos o programas, infraestructura insuficiente para brindar servicios de salud a la población, impuestos y cuotas retenidas y no enteradas a terceros institucionales, recursos aplicados a conceptos no autorizados, recursos insuficientes y poca transparencia ante la insuficiencia normativa.

En el caso del FASSA, las principales insuficiencias normativas son también su falta de alineamiento normativo; no precisa los conceptos de gasto, impuestos y cuotas no enterados a terceros institucionales; recursos aplicados a conceptos no autorizados; inadecuado control administrativo; transferencia retrasada de recursos por parte de las secretarías de Finanzas; carencias o deficiencias importantes de información, y otras de carácter administrativo.

En suma, las irregularidades en la gestión de ambos han afectado la cobertura y calidad de los servicios de salud estatales, que exige un replanteamiento, particularmente del Seguro Popular, como punto previo para poder avanzar en la unificación del sector salud.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.