El autor es el Auditor Superior de la Federación
En los últimos días se han presentado una serie de inquietudes entre estados y municipios, en relación al presupuesto del próximo año; por ejemplo, algunos estados, como Quintana Roo y Guerrero piden que se revise el sistema de coordinación fiscal, particularmente hablan incluso de centralismo, pero no plantean revisar la distribución de potestades tributarias, que efectivamente desde 1980 dejaron en suspenso o eliminaron de sus leyes de ingresos para recibir a cambio participaciones, y menos la deficiente administración tributaria; en el caso de los municipios, se plantea lo de un fondo de infraestructura para obras municipales, pero ya existe el FISM. No se plantean nuevos compromisos en materia de recaudación de ingresos municipales, particularmente del impuesto predial.
Ha salido el tema de las fórmulas de distribución de participaciones, las cuales tienen su historia y, en el caso de los municipios, se recupera alguna insistencia en participar en la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, cuando quizás una buena opción sea la creación de sistemas estatales de coordinación hacendario estado-municipio, como ya se han dado experiencias en algunas de ellas.
Por otra parte, un tema que no puede ser ajeno ya al simple hecho de las fórmulas de distribución de participaciones o aportaciones, a una débil y asimétrica recaudación de ingresos propios, tiene que ver con el ejercicio transparente, eficiente y honrado del gasto público, sea de recursos federales transferidos o de ingresos propios, aunque estos últimos sean más bien reducidos. El tema de los gastos fiscales, no solo en el espacio federal, sino el estatal y local; por ejemplo, impuestos sobre nóminas llenos de agujeros negros, al margen de la calidad de este impuesto.
He señalado que, como en promedio a veces se reducen alrededor del 5 por ciento de los ingresos totales, debemos fortalecer la fiscalización de los recursos en los estados, para que además de mayores ingresos, se optimice el uso de los recursos propios, sin olvidar por supuesto el hecho de la desigualdad en la realidad municipal, con más de la mitad de los municipios con alta marginalidad. Por ejemplo, 50 municipios representan el 63 por ciento de la recaudación de predial municipal, además la deuda pública se concentra en no más de diez entidades federativas y la municipal en un poco más de 25 municipios.
Por otra parte, en 1990 se da un primer cambio en las fórmulas de distribución de participaciones cuando había una desigualdad en los per cápitas muy alta y en un proceso de un año los propios estados decidieron por un consenso mayoritario cambios en que los beneficiados fueron las entidades con menor desarrollo, pero sin descuidar a los que vieron reducirse sus recursos, con dos reservas de contingencia y compensación. Los siguientes cambios se dieron a partir de 2008 con fórmulas basadas en la población domiciliada, con grandes perdedores como Tabasco, Chiapas y la Ciudad de México, entre otros. Esta última está en proceso aún de transición. Los beneficios se concentraron en las entidades con mayor población como el Estado de México o Veracruz, pero se eliminaron los incentivos al esfuerzo recaudatorio local. Si crecen los ingresos estatales, por lo menos el 20 por ciento va a los municipios, si se eliminan ingresos como el de tenencia, en esa medida el municipio pierde, sin saber generalmente la razón.
Una cosa, los ingresos no se recortan, son estimaciones de recaudación.
Habría que revisarla en una convención donde participen los tres órdenes de gobierno, pero siempre cuidando que ninguno pierda, que todos ganen con mejor administración tributaria, un mejor ejercicio del gasto público y una más eficiente coordinación entre los tres órdenes de gobierno, para gastar y para cobrar.
El municipio tiene que hacer su parte, por lo menos gastar con transparencia los pocos o muchos recursos que recibe. Los municipios de usos y costumbres tienen buenas prácticas que habría que conocer.