Gastando bien se combate la corrupción
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Gastando bien se combate la corrupción

26/01/2018
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¿En verdad es mucho el gasto público?
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La auditoría gubernamental dará mejores resultados en el combate a la corrupción, en la medida que el presupuesto, donde ha habido avances importantes en los últimos años, se adecue para auditar mejor su desempeño, y en los presupuestos de gasto federalizado, su normativa se acerque más a la realidad social y operativa de los mismos. Ya he comentado la importancia de profundizar en la fiscalización de los ingresos, que particularmente en la mayoría de los estados no se auditan los procesos de recaudación y auditoría fiscal, u operar gastos fiscales. En alguna propuesta que hice para potenciar la recaudación del impuesto predial se mencionaba, como medida colateral, la de que el congreso local auditase todo el proceso recaudatorio.

Sin embargo, en el mapa de riesgos del gasto público estatal, los ingresos son un espacio de riesgo para el Sistema Nacional de Fiscalización, el cual requiere de auditores especializados no sólo en la contabilidad gubernamental, sino de especialistas en materias como obras públicas y de finanzas públicas, conocer la naturaleza de los impuestos la administración tributaria y la política presupuestal.

En obras púbicas se necesitan especialistas como ingenieros, ya que incluso cumpliendo con las normas de contratación y ejecución de los trabajos, se debe de hacer una evaluación de la necesidad de construir un edificio o un puente que pueden no ser necesarios y hay muchos ejemplos al respecto.

Dentro del SNA, la ASF tiene la responsabilidad de revisar, vigilar y proponer cambios en el proceso de planeación, programación y presupuestación del gasto público, así como su ejercicio, seguimiento, evaluación, rendición de cuentas, con el objetivo de disponer de elementos adicionales de evaluación del desempeño y rendición de cuentas en las entidades federativas.

De ahí que los avances derivados de la implantación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), apoyados por la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la CONAC y la Ley de Disciplina Financiera, han sido positivos, pero tengo la impresión que se ha sido insuficiente para la mayoría de los gobiernos estatales y organismos autónomos y algunas dependencia de los gobiernos federal y estatales, así como en los organismos autónomos, lo cual ha redundado en laxitud en la aplicación del PbR-SED.

Esta debilidad en su aplicación se ha manifestado en baja calidad del gasto público.

De ahí la necesidad de que la ASF, dentro de su marco competencial, pueda aportar mejoras para alcanzar los siguientes objetivos: que el PbR-SED sea una política pública generalizada; lograr la institucionalidad de la Gestión para Resultados y el Modelo PbR-SED en el ámbito de la fiscalización que realiza la ASF, y lograr una gestión adecuada del mismo. Asimismo, promover su uso en los poderes Legislativo y Judicial.

Por el lado del gasto federalizado condicionado –que abarca las políticas de desarrollo social más importantes: educación; salud; seguridad; infraestructura y asistencia social; infraestructura educativa para educación básica, educación media y superior– su incidencia sobre la pobreza ha sido reducida, de forma tal que aún sigue pendiente superar incluso los objetivos para los que fueron creados.

La ASF deberá coordinar esfuerzos con las áreas normativas del gasto federalizado condicionado, que son el 70 por ciento de las auditorías que se hicieron el año pasado, para lograr un diseño más adecuado a la realidad de las aportaciones, los subsidios –como el Seguro Popular– y los convenios de reasignación y hacendarios, para que además de ser más efectivos en el combate a la pobreza, se evite la corrupción.

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Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.