Al rendir protesta como Auditor Superior de la Federación, asumí el reto y el compromiso de avanzar en las propuestas que permitieron mi elección casi por unanimidad, esto es, modernizar los métodos de trabajo de la institución, adecuar sus estructuras de acuerdo con los nuevos desafíos que implica la modernización tecnológica, avanzar en la inteligencia artificial; reducir los tiempos de las auditorías, privilegiar el enfoque preventivo, sancionando cuando se tenga que hacer y realizar las denuncias penales en estrecha colaboración con la Fiscalía General de la República, incrementar la comunicación con los poderes y los órdenes de gobierno; diseñar apropiadamente el tamaño y la representatividad de las muestras auditadas, eliminar los paraísos olvidados de la fiscalización e insistir en propuestas para hacer auditorías en tiempo real; así como fiscalizar a los tres poderes en los tres órdenes de gobierno y a sus organismos autónomos.
Al respecto, usamos las herramientas de la planeación estratégica, elaborando ya nuestro segundo Plan Anual, adecuando nuestras estructuras y objetivos, a la realidad social y económica de un país heterogéneo como el nuestro, con altos índices de pobreza y desigualdad. Todo ello, con el fin de contribuir a disminuir los niveles de corrupción e impunidad.
La Auditoría Superior de la Federación es diferente a otras instituciones que ejercen, de forma focalizada, funciones de control; vamos más allá del control interno como el que hacen las contralorías, incluso en los organismos autónomos y en las entidades federativas.
No podemos ser insensibles al contexto nacional y al sentido de lo que hacemos, tal es el caso de la denuncia de situaciones irregulares en el Infonavit, las cuales motivaron que la ASF programara auditorías a esta institución, de las cuentas 2017 y 2018. Sin embargo, ante la negativa del ente para la realización de la auditoría –manifestando que se encuentran exentos de la fiscalización superior– se recurrió judicialmente esta consideración.
Al respecto, solicitamos a la Suprema Corte de Justicia la atracción del asunto, la cual nos fue concedida por unanimidad de los integrantes de la Segunda Sala del Alto Tribunal, máxima instancia que próximamente se pronunciará al respecto, fijando el derecho que constitucionalmente corresponda. Que la Suprema Corte decida.
En temas relacionados con el Infonavit, vale la pena subrayar el rol destacado de la Fiscalía General de la República para lograr una cuantiosa devolución de recursos, lo cual es muestra de que no puede haber espacio de opacidad, más tratándose de un organismo de servicio social.
Hago un paréntesis, en relación con las auditorías de administraciones anteriores de Pemex, al respecto la ASF ha proporcionado a la Fiscalía General de la República todos los elementos de información a su disposición para coadyuvar en la investigación correspondiente y la sanción de los responsables que se determinen judicialmente. Además, se ampliaron las revisiones de Agronitrogenados, cuyos resultados están en seguimiento y su información está a disposición de las autoridades de procuración de justicia, tan es así que en meses pasados presentamos una denuncia en relación con este tema.
Ahora bien, el día de ayer, respecto de la Cuenta Pública 2018, la ASF presentó a la Cámara de Diputados 872 informes individuales con lo que suman un total de mil 808 referidos a la Cuenta Pública 2018.
Sólo tratándose de la revisión al gasto federalizado, el monto observado asciende a 144 mil 430 millones de pesos, pero no nos confundamos, no digamos que son desvíos, viene un proceso de aclaraciones y como la experiencia indica, se reduce estos meses lo pendiente, quedando cantidades importantes, pero no las observadas.
El Informe y las mil 808 auditorías están en la página de la ASF.