Cumbre de Madrid
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Cumbre de Madrid

06/12/2019
Actualización 06/12/2019 - 15:22

El autor es el auditor superior de la federación .

En este mes se realizan las actividades de la Conferencia del Cambio Climático de Naciones Unidas (COP25), en Madrid, con la presencia de 50 jefes de Estado o de Gobierno y representantes de los principales organismos internacionales.

Como antecedente se tiene el Acuerdo de París, firmado en 2015, que tiene como objetivo que el aumento de la temperatura media del planeta no supere los dos grados centígrados respecto de los niveles preindustriales y en la medida de lo posible que no rebase los 1.5 grados.

En esta reunión ya se desprendieron algunas declaraciones sobresalientes como la de Pedro Sánchez, presidente de España: “hoy, por fortuna, solo un puñado de fanáticos niega la evidencia”; Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas: “estamos destruyendo los sistemas que nos mantienen con vida”; Úrsula Von Der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, que anunció “la primera ley europea de transición hacia la neutralidad climática”. (Cabe hacer referencia que la Unión Europea considera que vivimos una emergencia climática) y la demócrata Nancy Pelosi, quien subraya el compromiso de las Cámaras de EU con la cumbre. Todas estas expresiones enmarcan la importancia del tema a nivel internacional.

En este tema México no ha sido ajeno, en 2012 se dieron los primeros pasos al aprobar la Ley General de Cambio Climático, la primera en su tipo en toda América Latina y la segunda ley sobre cambio climático a nivel mundial.

En 2015, se aprobó la Ley de Transición Energética, para garantizar que este sector incorpore las externalidades ambientales y de esta forma aprovechar los beneficios económicos y sociales del desarrollo de una economía baja en carbono, con dos metas: energías limpias y eficiencia energética.

En este mismo año, en México se a emitieron 683 millones de toneladas de bióxido de carbono equivalente (MtCO2e) de gases efecto invernadero (GEI).

Para 2016, México ratificó el Acuerdo de París, convirtiendo sus metas de reducciones de emisiones (22 por ciento al 2030 y 50 por ciento al 2050) en obligatorias.

La ASF también ha estado dando seguimiento al tema, y en la revisión de la Cuenta Pública 2017 recomendó reformar la Ley General de Cambio Climático, para adicionar el monto prudencial óptimo de las reservas financieras para este fondo, con base en los compromisos adquiridos a nivel internacional para la adaptación al cambio climático y la mitigación de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero. Este fideicomiso al mes de septiembre de 2019 reportó disponibilidades de 81.2 millones de pesos.

Para la tercera etapa de la revisión de la Cuenta Pública 2018, la ASF evaluó cinco programas presupuestarios enfocados en la regulación, inspección y vigilancia, vinculados con la estrategia transversal, a los que se asignaron recursos por 337.9 millones de pesos, a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

Por otra parte, en 2014, la ASF dio inició a su participación en la planeación y ejecución de la Auditoría Coordinada en Áreas Protegidas en Latinoamérica.

En 2019 se comenzó con la segunda etapa de la auditoría, por medio de la asistencia al Taller Presencial de Planificación de la Auditoría Coordinada, realizado en Guatemala.

La etapa de consolidación se tiene programada para diciembre de 2020. Por lo que, una vez que se obtenga la información, se estará en posibilidades de presentar el panorama ambiental en el que se encuentra el país y evaluar su contribución de las áreas protegidas en la conservación de la biodiversidad, y con ello contribuir al logro de las metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.