Auditorías coordinandas de desastres naturales
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Auditorías coordinandas de desastres naturales

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Auditorías coordinandas de desastres naturales

18/10/2019

La incidencia de desastres naturales en México y América Latina es muy alta, particularmente en Centro América, el impacto ha sido fuerte, así como en países como Chile, Ecuador y Perú. En México su recurrencia es histórica, hemos avanzado en separar la emergencia de la reconstrucción, pero aún nos falta.

Por ello, en el marco de la OLACEFS, la organización latinoamericana de órganos de fiscalización superior, se crea un grupo de trabajo para estudiar, analizar, revisar la legislación de cada país y encontrar caminos para que el impacto de los desastres se reduzca, ante la imposibilidad de evitar la resiliencia de los mismos.

En México desde 1998 se crea el Fonden, el Fondo de Desastres Naturales, que si bien tiene fallas, fue un buen avance, pero aún no contempla para los pari passus las diferencias en el grado de desarrollo, especialmente de los municipios.

En reunión de trabajo con el Jefe de la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de Desastres de las Américas y el Caribe, como presidente del Grupo de Trabajo sobre la Fiscalización de Desastres de la OLACEFS, lo que incluye desastres naturales y crisis humanitarias, como las migraciones, se informó que, según datos de la UNDRR, más de la mitad de pérdidas materiales por efecto de desastres naturales durante los últimos 20 años, han ocurrido en el continente americano, particularmente en Centroamérica.

La ONU ha identificado que las consecuencias de los desastres naturales han significado entre el 3.0 y 8.0 por ciento del PIB de los países afectados, mientras menos desarrollados el impacto es mayor: sólo este año en Honduras las pérdidas representaron un poco más del 3.0 por ciento de su PIB anual, esto es mil 300 millones de dólares.

Con datos a 2018 de la misma ONU, los países con riesgo alto de desastres y crisis humanitarias en América, incluyen a varios países de Latinoamérica, incluyéndonos; de hecho, somos el segundo país con mayor rango de exposición a desastres naturales, de ahí nuestro interés por coordinar esta auditoría, a la cual se han adherido ya 15 países, de los 22 miembros de OLACEFS.

En nuestro caso, el PNUD ha cuantificado en 50 mil millones de dólares las pérdidas en México por desastres naturales en los últimos 30 años, con un promedio anual de dos mil millones; claro la corrupción y la burocracia irracional han puesto su parte.

Una vulnerabilidad institucional es la capacidad para enfrentar un desastre natural: la corrupción suma costos e inhibe la llegada de recursos de manera oportuna y completa a la población damnificada.

Avanzar en ello se corresponde con el marco institucional para la reducción del riesgo de desastres 2015-2030 de la ONU, de los ODS y el Acuerdo de París sobre cambio climático.

México, particularmente la CDMX, es un buen ejemplo de reforzamiento de la resiliencia: hubo daños en los sismos de 2017, pero no como en 1985. Por supuesto, mejorar las condiciones estructurales de las localidades, como dice la ONU, es clave prevenir y construir resiliencias, en los sectores más desprotegidos, en el sector rural, particularmente en las comunidades indígenas.

En 2002, cuando el huracán Isidore, varios municipios indígenas del sur-sureste pasaron de marginación media a marginación alta y muy alta, haciendo que un solo municipio Tadhziú de Yucatán pasará a ser uno de los cien más pobres de México, situación que no se ha revertido.

Atender lo anterior requiere desarrollo, recursos, pero también un uso correcto de los destinados a la reconstrucción, de ahí la importancia de la fiscalización superior. Finalmente, comentar que lo anterior se dio en el marco de la 29 Asamblea General de OLACEFS, que se realizó en República de El Salvador. Además, acordamos un grupo de apoyo a la ASF en el seguimiento del Fondo de Infraestructura para Países de Mesoamérica y el Caribe con las EFS de Guatemala, Honduras y El Salvador.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.