Convivencia y entorno
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Convivencia y entorno

16/01/2020

La tragedia del viernes pasado en Torreón está enmarcada en una problemática muy amplia que, a mi juicio, no debe tratarse con apresuramiento y que implica decisiones sistémicas, sólidas y que implican un sólido proceso de acuerdos oficiales, sociales y escolares. Hace ya casi cinco años el Comité de los Derechos del Niño hizo una severa observación.

Por supuesto, la salida rápida, incompleta y desubicada es multiplicar sin plan los controles físicos. Los arcos metálicos, la revisión de mochilas o los rondines de policías en las afueras de las escuelas han mostrado ser estériles en la práctica sólo temporal o superficialmente disuasorios y violatorios, en su mayoría, de los derechos humanos.

Los “operativos” del pasado han afectado la libertad y la intimidad de los alumnos, y acabaron convirtiéndose eventualmente en la peor lección de educación cívica: siendo víctima real o potencial, lejos de la protección especial que te corresponde como niña, niño o adolescente, puedes ser criminalizado, sujeto a cateo, desprovisto de confianza, puesto al escarnio público o la humillación privada y despojado de seguridad jurídica, porque no queda claro con qué fundamento legal y reglamentario se hace la revisión ni qué medidas de consecuencia disciplinaria corresponderían a la falta, en el caso que se produjera. Un antecedente terrible para habituarse a la arbitrariedad militar o policiaca, a los esquemas de “seguridad” invasivos y atemorizantes.

¿Qué aprendes? Que pagan justos por pecadores, que la función de la autoridad es intimidatoria, que alguien se puede inmiscuir cotidianamente en tus cosas. ¿Qué hacemos entonces? ¿Cómo acotar el riesgo sin restringir inválidamente los derechos? ¿Cómo salir del falso dilema de escoger entre el derecho a la vida libre de violencia y el derecho a no ser molestado en la propia persona?

La situación no ha mejorado sustantivamente con respecto de lo que, en su momento, hizo notar el Comité de los Derechos del Niño, en su recomendación a nuestro país de 2015: “El Comité observa con preocupación el alto nivel de violencia en el Estado Parte –es decir, México– que afecta a los niños tanto en las escuelas como en las comunidades, y especialmente, la violencia sufrida por los niños excluidos por el sistema educativo”. Como ya vimos, públicas o privadas las escuelas mismas no sólo pueden ser reflejo de la violencia y exclusión del ambiente, sino ser ellas mismas espacio en los cuales se genera la exclusión y la violencia.

El camino auténtico es más largo y trabajoso, y por eso hay que empezar ya. Vale la pena que, honrando la memoria y el dolor de lo vivido, aprovechemos para arrancar esa gran conversación nacional y se active la formación inicial y continua de los docentes sobre el desarrollo socioemocional, el clima de grupo, el abordaje de los temas sensibles en el aula. Es momento que todo el personal de acompañamiento, desde asesores técnico pedagógicos hasta especialistas para la eliminación de barreras al aprendizaje y la participación, los agentes de salud que interactúan con las escuelas, los psicólogos y pedagogos puedan contra el tiempo, los instrumentos y el mandato explícito para fomentar procesos de paz y de empatía en las escuelas, aportar a las familias y maestros los elementos de prevención, de resolución pacífica de conflictos y de construcción de acuerdos de convivencia, para fijar en forma no autoritaria límites y consecuencias que no son humillantes ni fomenten la expulsión, sino por el contrario impliquen la activación de la comunidad como espacio en el que nos cuidamos unos a otros, nos comprendemos y no hay espacio para la burla, el abuso o la eliminación de la expresión.

Las prácticas de buena crianza por supuesto que implican la atención de lo que se lleva a la escuela; las armas que fatalmente entraron a su recinto lo hicieron también con la ausencia de opciones nutritivas y saludables de alimentación, con la incapacidad en casa de dar espacio a las inquietudes, con la dificultad de coincidir en los horarios nobles de compartir comidas o supervisar el trabajo escolar en casa. Si eso sigue siendo un privilegio, en el que no se involucran activamente los empleadores, la mochila puede llegar cargada de amargura y frustración, pero claramente con la principal responsabilidad que arranca del desajuste o mezquindad de los adultos.

La exhortación es a las autoridades de protección especial, al Sistema Integral de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a Educación, Salud, Bienestar, Derechos Humanos, el Consejo para Prevenir la Discriminación; a los colegios de profesionales de la salud mental, a las opciones de mentoría y acompañamiento, a los diseñadores y gestores de programas de artes, activación física y proyectos comunitarios, a las organizaciones de sociedad civil, para que reconozcamos que les hemos fallado. Se están muriendo por nuestro descuido. Ya no podemos seguir así; somos todos el entorno de la escuela y éste debe ser seguro. No se hace seguro con alarmas, cercas y “pasar por la báscula”; se hace seguro con normas claras y apegadas a los derechos humanos, se hace seguro cuando entendemos que la escuela es nuestro principal proyecto social, y que requiere de la colaboración de los adultos para no aplastar a niñas y niños, abandonados a su suerte, víctimas de un mal tiro, salga de donde salga.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.