Apuranza 3
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Apuranza 3

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Apuranza 3

02/01/2020

Continuando con el examen de lo que se deberá enfrentar durante 2020 en materia de política educativa, hemos hecho referencia en los artículos pasados a las estrategias nacionales de Primera Infancia, Inclusión y Normales; a la resolución judicial sobre la inconstitucionalidad de las leyes secundarias, así como al proceso de admisión, según las nuevas reglas vigentes, a la Carrera de Maestras y Maestros.

Cuarto pendiente: Antes de que concluya mayo de 2020 los Congresos estatales deben aprobar las leyes estatales de educación, armonizadas con el cambio constitucional de 2019. La tentación de la inercia y la dependencia es mucha; si de por sí, siempre la Federación ha mandado su “machote” -nunca mejor dicho, por patriarcal y autoritario- para que “hagan favor de ajustar su ley rellenando los espacios en blanco”, en este periodo en el que Michoacán va a entregar su control de la nómina (por cierto, en un laaargo, tortuoso y opaco proceso) al gobierno central, y el Presidente no deja a sus funcionarios tratar los temas según sus atribuciones y él mismo se pone a negociar con representaciones sindicales estatales, ¿alguien se va a atrever a creérsela, y a hacer una ley pensando en las niñas y niños de su tierra, y no en la ira y el arrebato del Supremo Gobierno, como le decían en época de Juárez?

A pesar de que hay una asamblea de coordinación de autoridades, la CONAEDU, se sabe que la SEP federal, jugando casi siempre de local, usa las reuniones de “ya-estás-informado-y-ahí-te-encargo”. Bizarras y tensas en el sexenio pasado, en éste hubo un pequeño cambio cuando hace apenas unas semanas se fueron a Cancún, y se cambió la solemnidad del Salón Hispanoamericano, la corbata y el traje sastre por la guayabera, el lino y el coctel en la playa. Las y los secretarios estatales saben que ponerse muy explícito en la reunión puede atraer maltrato posterior; no hay garantía de inmunidad si se expresa la auténtica opinión del gobernador, el Congreso o del propio funcionario estatal, y entonces prevalece la forzada simpatía oficial de la mutua alabanza y la obviedad, esperando que la reunión en corto, sobre todo con los oficiales federales de administración, sirva para sacarse de encima la bronca con los inconformes locales. ¿Se discute visión, pedagogía, se reconocen las buenas prácticas y se favorece el aprendizaje entre pares? Eeeeh…no.

Pero hay quien todavía piensa -mira tú- que la nuestra es una República Federal, que la dignidad del Congreso local es tomar en serio los derechos de sus conciudadanos, y más si son menores de edad legal y debe activarse el principio universal de “interés superior de la niñez”. Todavía hay legisladores estatales que creen que se deben a sus votantes y no a sus líderes de partido radicados en la Ciudad de México. Hay quienes piensan -todavía, liberales ellas y ellos, juaristas irredentos- que debe hacerse efectiva la separación de poderes y que la SEP no debe decirles cómo hacer la ley estatal de Educación, ni desde la extrema derecha de sus funcionarios mayores ni desde la ocasional y más bien retórica y rollera izquierda de los sembrados por el entorno del Presidente en la Secretaría.

¿Qué agenda les corresponde a los legisladores estatales, sin duda para desplegar contra reloj? Destacar los derechos de niñas y niños, claros en la Constitución y ofuscados en las leyes secundarias. Poner en serio normas para asegurar los derechos profesionales de los docentes, creando el marco para asegurar la igualdad de condiciones en los procesos de admisión, promoción y reconocimiento, detallando cómo serán auténticamente “públicos, transparentes, equitativos e imparciales” y cómo les constará que se basaron en “los conocimientos, aptitudes y experiencia necesarios para el aprendizaje y el desarrollo integral de los educandos”.

Pueden, y debieran, asegurar la tutoría de un colega experto, lo que ya se bajó de las normas federales. Pueden, y debieran, incluir condiciones justas para que no prevalezca la ceguera federal que en la práctica deja desprotegidos a los Asesores Técnico Pedagógicos, y se supere la mal regulada asignación y los parámetros de secundaria y media superior -las fatídicas cuestiones de las 18 y las 30 horas como diques a que sólo los compadres y protegidos de la dirigencia avancen en sus carreras y su ingreso económico en el magisterio.

Pueden, y debieran, no dejarse arrollar por la soberbia centralista, tan mala consejera, y mantener sus institutos de evaluación y de infraestructura, desmantelados a nivel federal para tener dinero que repartir en las dádivas de los plásticos de “becas”. Pueden y deben normar la participación de las familias, distorsionada en la normativa federal, y la de los propios niños, niñas y jóvenes, omitida en las leyes secundarias. Pueden y deben asumir su compromiso con la inclusión, y no esperar a que la no veloz SEP les quiera mandar un “diagnóstico” en el clásico formato burocrático para llenar; en lugar de ello los Congresos estatales pueden hacer honor al genio local y regional, y celebrar su identidad distintiva, su diversidad étnica, asumir la tarea de eliminar las barreras al aprendizaje y la participación que tienen que ver con el género, el origen socioeconómico o las condiciones de salud o discapacidad funcional. Una apuranza para lo local, que es donde pasa la transformación educativa.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.