La Cuarta Transformación

Hospitales privados en guardia

La Secretaría de Salud se ha reunido en tres ocasiones con los operadores de hospitales privados para la acreditación para hacer pruebas del Covid-19.

Si bien el gobierno de la 4T ha decidido prolongar la fase 1 de la contingencia sanitaria, los acercamientos con los operadores de hospitales privados se empiezan a estrechar.

Hasta ahora la Secretaría de Salud se ha reunido en tres ocasiones con ellos. Ayer por la tarde fue la última y todas tienen que ver con la acreditación para hacer pruebas del Covid-19.

El primer encuentro, que incluyó también a ejecutivos de laboratorios farmacéuticos, fue para capacitar a los privados en la aplicación de las pruebas para detectar el coronavirus.

El segundo fue para liberar trámites para que sean certificados por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE), que dirige Irma López, para realizar precisamente dichas pruebas.

Los certificados para aplicarlas ya son los hospitales Ángeles de Olegario Vázquez Aldir, ABC que encabeza Alejandro Alfonso, Médica Sur de Misael Uribe y StarMédica que dirige Pedro Medina.

La interlocución más estrecha de la dependencia al mando de Jorge Alcocer con los grupos de hospitales privados, está generando dudas sobre la real capacidad de la 4T para enfrentar la emergencia.

Fuentes de Palacio Nacional afirman que el subsecretario Hugo López-Gatell, vocero de la crisis y líder de la estrategia para enfrentar la pandemia, quiere replicar el esquema de España.

Allá el gobierno de Pedro Sánchez acaba de poner los hospitales privados a las órdenes de las comunidades autónomas como medida para afrontar la falta de infraestructura.

Aquí hasta ahora no ha habido ninguna señal ni petición en ese sentido, pero no se descarta la intervención de la sanidad privada en apoyo al sistema de salud público, si la cosa se sale de control.

Hasta el año pasado había en el país poco más de 4 mil 355 hospitales, de los cuales mil 182 son públicos y casi 3 mil 200 privados. Los primeros son insuficientes en estado de crisis.

EL GOBIERNO DE Andrés Manuel López Obrador seleccionó 50 proyectos de infraestructura energética que demandarán una inversión pública y privada de alrededor de 50 mil millones de dólares. Pemex Transformación Industrial aportó 6 por cerca de 10 mil millones de dólares, que se vinculan específicamente a la modernización de las refinerías del país. En la de Salina Cruz se invertirán 4 mil 700 millones, en Tula 3 mil 100 millones, en Minatitlán mil 100 millones, en Ciudad Madero mil millones y en Cadereyta 850 millones de dólares. Para desarrollar esos proyectos se acercaron a Pemex Inbursa de Carlos Slim, ICA que dirige Guadalupe Phillips, Grupo Salinas de Ricardo Salinas, Banorte de Carlos Hank González, Blackrock de Larry Fink y Mitsui de Tatsuo Yasunaga. Estos proyectos garantizan una rentabilidad de entre 18 y 21 por ciento. Con este esquema Pemex seguirá siendo dueño de las instalaciones y la producción de hidrocarburos. Además de la empresa productiva del Estado, presentarán proyectos la CFE, la Comisión Nacional del Agua, el IMSS, ISSSTE y la Secretaría de Salud, estas últimas en el contexto de infraestructura hospitalaria, que como le mencioné antes, se requiere desarrollar para hacer frente a crisis como la que vivimos con el Covid-19.

EN OTRO FRENTE, ayer Banco de México, que gobierna Alejandro Díaz de León, salió a subastar coberturas cambiarias para aminorar la vorágine en que está convertido el mercado de dólares. Segundos antes de salir a colocar, la cotización estaba en 23.55 pesos y una vez que concluyó la venta la divisa verde inmediatamente volvió a escalar a los 24.07. O sea, ni cosquillas le hizo a la paridad, lo que demuestra que por más que se apliquen estos mecanismos no hay forma de parar la aversión al riesgo del creciente temor por el efecto que el Covid-19 está produciendo en las economías. La primera subasta con plazo al 16 de abril próximo demandó 304 millones del tranche de 500 millones de dólares y se topó en 23.8710 pesos por dólar; la segunda para el 23 de abril salió por 325 millones a un tipo de cambio de 23.6496; la tercera para el 19 de mayo fue por 500 millones a 23.7940, y en la cuarta subasta con fecha 18 de junio salieron 402 millones de dólares a un tipo de cambio de 23.7897 pesos. De los 2 mil millones de dólares que Banxico anunció se colocaron mil 531 millones. Para como están las cosas, la Secretaría de Hacienda de Arturo Herrera tendrá que echar mano de otras herramientas más efectivas.

EL DECLIVE DE la economía, agravada por el emergencia sanitaria y la guerra por los precios del petróleo, va a dejar a la deriva muchos contratos de gobierno. Simplemente las empresas que los ganaron no tendrán liquidez ni acceso a líneas de crédito para honrarlos, por más rápido que reaccionen los bancos comerciales que dicen tener líneas disponibles por cerca de 600 mil millones de pesos, y la banca de desarrollo como Nafinsa-Bancomext que comanda Carlos Noriega o Banobras que capitanea Jorge Mendoza. Esos contratistas colgarán sus contratos y tendrán que venderlos a terceros, que tengan recursos líquidos. Serán los ganadores en medio de la crisis, los que se lleven la utilidad. Hay muchas licitaciones pactadas en pesos, con tipo de cambio promedio de 18.50 pesos por dólar, en las que nadie compró coberturas porque todo mundo estaba pensando en recuperarse de la crisis del año pasado. Esas licitaciones se tienen que servir y ya representan pérdidas.

LA INTENCIÓN DE regresar al control de precios de las gasolinas, como le anticipaba ayer, no solo prendió focos de alarma en las 67 nuevas marcas competidoras de Pemex en el despacho y venta de primera mano. Apunte sobretodo al menos seis transnacionales petroleras que creyeron que el cambio constitucional que implementó el gobierno de Enrique Peña Nieto, les daba la certidumbre total para importar combustibles a sabiendas de que el Estado no metería mano. Apunte a las estadounidenses Exxon-Mobil de Darren Woods, Chevron de Michael Wirth y Arco de Robert Orville Anderson, a la anglo-holandesa Shell de Ben van Beurden, la francesa Total de Patrick Pouyanne y la suiza Glencore de Tony Hayward. El nuevo pleito legal de la 4T podría darse con esos pesos pesados.

SOBRE ESTE TEMA, ayer en varias estaciones de servicio de la CDMX el litro de gasolina se vendía a menos de 17 pesos. El promedio de venta en la capital del país disminuyó 19 centavos en la última semana. Le decíamos que en la última semana los precios bajaron por lo menos tres pesos y que ese diferencial entre lo que pagó Pemex por importar combustibles y en lo que lo vendió a las estaciones de servicio no se está reflejando en ahorros para los consumidores finales. La Onexpo, que preside Roberto Díaz de León, informó que intervienen varios factores que impiden repercutirlo inmediatamente, como fletes para llevarlos de las terminales de almacenamiento a puntos de venta y la existencia de inventarios. Confió en que en breve se observará el ajuste.

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