La Cuarta Transformación

EU quiere coaliciones de sindicatos transfronterizos

La Junta de Expertos Laborales Independientes sobre México establecida por el Congreso estadounidense identificó una serie de 'preocupaciones graves' con respecto al procedimiento de México para aplicar la legislación en materia laboral.

En la historia laboral de México ningún gobierno, "conservador o neoliberal", había cedido tanta soberanía política como el de Andrés Manuel López Obrador frente a Estados Unidos a través del T-MEC y su estructura trinacional.

Tampoco se había aceptado ser cuestionado por los resultados de los acuerdos, y en este caso, en la revisión realizada en diciembre por el grupo de norteamericanos ha quedado claro que los apoyos otorgados no dan fruto ni se ha cumplido con las reformas laborales prometidas, razón por la cual hacen ocho recomendaciones.

En la Sección 731 de la Ley de Implementación del T-MEC, el Congreso estadounidense estableció la Junta de Expertos Laborales Independientes sobre México (IMLEB, por sus siglas en inglés), integrada por 12 miembros nombrados por líderes congresistas y el Comité Asesor Laboral, con el fin de monitorear y evaluar la implementación de la reforma laboral de México y el cumplimiento de sus obligaciones en la materia.

En el contexto de la competitividad regional frente a China, el documento destaca los modelos flexibles de contratación laboral que operan en Estados Unidos y Canadá en sectores relevantes como automotriz, autopartes, telecomunicaciones, electrónica y minería, por lo que recomienda tener una legislación nacional que aplique en todo el país como ocurre en la Unión Americana, y no haya trato diferente por estado.

El documento reconoce el 16.6 por ciento de la fuerza laboral formal de México que opera en el esquema de la subcontratación bajo este mecanismo. Pero en algunas maquiladoras de Tijuana, por ejemplo, hasta un 50 por ciento de los trabajadores están tercerizados. Dice que en 10 años la subcontratación creció de 8.6 por ciento a 16.6 por ciento en la economía formal.

En el Informe Interino de dicha IMLEB, elaborado el pasado 15 diciembre de 2020, se hace una evaluación puntual del desempeño de la política laboral de México al amparo de lo acordado en el T-MEC. La Junta ha identificado una serie de "preocupaciones graves" con respecto al procedimiento de México para aplicar la legislación en materia laboral que, dice el documento: "consideramos se deben abordar de manera inmediata".

El informe de 46 páginas hace un análisis sobre la situación laboral de México, donde se asienta que: "La mayoría de las y los trabajadores sindicalizados todavía no pueden elegir democráticamente a sus líderes o ratificar sus contratos colectivos de trabajo. El sistema de contratos de protección, sostenido por los pagos de patrones a líderes sindicales, permanece intacto en este momento".

Por esta razón, proponen que, entre otras acciones, se permitan coaliciones de sindicatos transfronterizas (es decir, entre Estados Unidos, Canadá y México) con apoyos de hasta 10 millones de dólares en cada caso, para los sectores industriales prioritarios: automotriz y refacciones, aeroespacial, telecomunicaciones, electrónica, minería y otros identificados en la ley de implementación y en el Anexo 31-A del T-MEC.

Cabe señalar que desde julio de 2020, miembros del grupo de trabajo del T-MEC de la Cámara de Representantes, todos miembros demócratas del Comité de Medios y Arbitrios, enviaron un comunicado al Representante Comercial y al secretario de Trabajo de su país para expresar una honda preocupación.

Plantearon que los 180 millones de dólares en recursos suplementarios otorgados para implementar el T-MEC no se estaban usando para apoyar "las actividades de aumento de capacidad enfocadas en los trabajadores requeridas urgentemente en México", según lo previsto, por lo que, afirman en la carta: "Esta es un área que claramente requiere más asignación de fondos".

Las coaliciones, según explica el reporte de diciembre, serían una forma eficaz de apoyar el logro de los objetivos de democratizar los sindicatos, ya que los trabajdores de los tres países podrían compartir su experiencia, investigación y análisis, así como otras herramientas para incrementar sus capacidades de negociación (ya sea específica o conjunta).

Según el criterio de la Junta, una evaluación independiente mostró que los fondos que se le otorgan directamente a los sindicatos son aprovechados mejor que aquellos que se han otorgado a gobiernos o a patrones, por lo que urgen a incrementar la asignación de fondos, pues de los 89 millones de dólares que se contemplan apenas se han asignado 15.

Asimismo, consideran que deben aumentar la asistencia técnica a los inspectores laborales para que cumplan mejor sus funciones, pues en su opinión, el cambio va muy lento y no se están cumpliendo los objetivos debido a factores de poder por presiones de los patrones y desdén de las autoridades, así como la supresión generalizada de poder de decisión auténtico y democrático.

Aunque el documento reconoce que hay avances importantes en la implementación de la reforma de mayo de 2019, conforme a lo firmado en el T-MEC, "aún faltan muchos cambios prometidos para mejorar las vidas de los y las trabajadores", en especial en lo referente a la democracia y libertad sindical y la negociación colectiva. Por ejemplo, los contratos de protección permanecen intactos, afirman.

LA NOTA DE la próxima semana escalará el martes, cuando se realice la comparecencia del exsenador panista Jorge Luis Lavalle. La Fiscalía General de la República tratará de imputarle los delitos de cohecho, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa, con base en la denuncia de Emilio Lozoya Austin por el caso de Odebrecht y los "sobornos" para sacar la Reforma Energética. El quid estará en este ultimo cargo: si el juez de control del Reclusorio Norte imputa "asociación delictuosa", las huestes de Alejandro Gertz Manero tendrán vía libre para llamar a cuentas a todos los demás: desde los gobernadores de Querétaro y Tamaulipas, Francisco Domínguez y Francisco García Cabeza de Vaca, hasta el excandidato presidencial, Ricardo Anaya, pasando por legisladores como Ernesto Cordero y Salvador Vega Casillas. Pero también priístas como David Penchyna, José Antonio Meade, Luis Videgaray, José Antonio González Anaya y el jefe de todos: Enrique Peña. Pero Lozoya no va en caballo de Hacienda. Si el juez no imputa, el exdirector de Pemex estará metido en un brete porque no habrá podido demostrar sus dichos. Y es que más allá del resultado de la audiencia, no tiene pruebas sólidas contra nadie, lo que puede llevarlo directo a la cárcel.

LA COMISIÓN FEDERAL de Competencia Económica notificó ayer a siete bancos y a personas físicas las multas y sanciones a las que fueron acreedores por incurrir en prácticas monopólicas en el mercado de compra de valores gubernamentales. Se trata de JP Morgan-Chase que dirige Felipe García Moreno, Bank of America-Merrill Lynch al mando de Emilio Romano, Barclays que comanda Raúl Martínez-Ostos, Deutsche Bank que representa Juan Oberhauser, Santander que capitanea Héctor Grisi, Citibanamex de Manuel Romo y BBVA a cargo de Eduardo Osuna. Ni la instancia antimonopolios ni los agentes económicos se pronunciaron públicamente. Será hasta el lunes cuando las instituciones revelen el evento relevante. Quienes vieron la resolución aseguraban que el monto de las sanciones resultaron irrisorias para el tamaño de la falta. Si es así, vaya ridículo que harían Alejandra Palacios y demás comisionados.

AYER UN DÍA redondo para Marcelo Ebrard. Fue el artífice de la llamada entre Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden. El canciller lleva meses construyendo una relación sólida, pero sobre todo directa con el político nacido en Pensilvania. Un personaje clave en esa conexión es Jeffrey Cooper, socio del bufete de abogados SimmonsCooper, hombre de toda la confianza de Beau y Hunter Biden, los hijos del nuevo inquilino de la Casa Blanca. Cooper es más que un simple cercano, es un cuasi miembro de la familia Biden. En noviembre del año pasado le reporté en esta columna que Cooper iba a ser el nuevo Jared Kushner de Donald Trump, solo que para Biden. Un puente que facilite la interlocución México-Estados Unidos. El amigo de Cooper y a su vez ariete con Ebrard es Miguel Alemán Magnani, que en una de esas y resurge de las cenizas del mundo de los negocios tras los polémicos casos de Interjet y Radiópolis.

Y POR OTRO lado el canciller Ebrard asestó un duró golpe en el índice de flotación de su némesis: Hugo López-Gatell. Fue el secretario de Relaciones Exteriores el que convenció al presidente López Obrador de que había que abrir a terceros las vacunas. Con todo, el tabasqueño sabe que en medio de esta crisis no debe excluir al sector privado. El mejor ejemplo fue el acuerdo que empujó Olegario Vázquez Aldir para que los hospitales privados reconvirtieran algunos espacios para atender casos Covid-19. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud tiene un grave trauma: es antiempresa, lo que ha demostrado en su constante y sistemático enfrentamiento con las farmacéuticas. La línea política de López-Gatell ciertamente le genera simpatías entre los radicales del gobierno y Morena, pero "salió de la cancha… y lo regresaron".

LA AUSTERIDAD SE estrelló con la misericordia y el arzobispo Carlos Aguilar Retes optó por lo primero en el caso de su par, Norberto Rivera, a quien al parecer le cancelaron su seguro de gastos médicos y abandonaron a su suerte en medio de la pandemia del coronavirus. Desde hace tres semanas el sacerdote fue literalmente rescatado por los Olegarios, Vázquez Raña y Vázquez Aldir, quienes le abrieron la puerta, primero, del Hospital Ángeles Mocel, y después del Ángeles Interlomas, a donde tuvo que ser trasladado de emergencia el fin de semana pasado para ser intubado. El estado de Rivera Carrera es delicado pero estable. Hay mucha molestia en la Arquidiócesis Primada de México por este hecho. En medio de esta crisis del Covid-19 estos empresarios han estado muy presentes apoyando al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

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