El IMSS ignora a los testigos sociales

Siguen las inconsistencias en las licitaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social, que dirige Zoé Robledo.

Le habíamos contado del proceso para la contratación de los servicios de laboratorio, cuyo desaseo tiene al borde del colapso a los hospitales y clínicas de la dependencia.

Resulta que de las más de 50 partidas que estuvieron en juego en la licitación LA-050GYR988-E7-2019 para la contratación del Servicio Médico Integral de Estudios de Laboratorio Clínico 2020-2022, dos, que corresponden al estado de Veracruz, quedaron desiertas y fueron entregadas mediante adjudicación directa a la empresa Laboratorios San Ángel, S.A., con un sobreprecio de 132 millones de pesos.

Así se desprende de un llamado de atención que hizo el despacho Der Hurley, en su calidad de testigo social, entregado al IMSS el 30 de septiembre pasado.

Der Hurley sugirió reiniciar el proceso de contratación, tras la violación de los principios de economía e imparcialidad para las contrataciones públicas contenidos en el artículo 134 de la Constitución.

En su oficio, indicó al IMSS que, en caso de que no fuese posible reponerlo, recomendaba otorgar el contrato a las empresas que presentaron las propuestas económicas más bajas.

Ante la revelación de irregularidades, el coordinador de Bienes y Servicios, Mario Pacheco, y el jefe de la División Operativa, José Gerardo Portugal, argumentaron detalles técnicos para desechar la propuesta más barata, ante lo cual, el testigo social realizó una segunda revisión y reiteró la sugerencia de no retirarla, ya que no afectaba la calidad de los servicios ofrecidos.

Los funcionarios del IMSS hicieron caso omiso a las recomendaciones del testigo social y generaron un nuevo quebranto al IMSS, ahora por 132 millones de pesos, los cuales se suman a los más de 800 millones por el total de la licitación de los servicios de laboratorio, que aquí le hemos narrado.

Resulta que estos dos funcionarios del Seguro Social se encuentran denunciados ante la Fiscalía General de la República, que comanda Alejandro Gertz Manero, e investigados por posibles delitos cometidos en el proceso de contratación.

Dicha carpeta será judicializada en los próximos días al tiempo que la queja presentada ante la Secretaría de la Función Pública, que lleva Irma Eréndira Sandoval, será resuelta en contra de los servidores públicos.

Algo huele muy mal dentro del área de Infraestructura y Adquisiciones del IMSS por los casi mil millones de pesos de sobreprecio para la adquisición de sus servicios de laboratorio clínico.

¿Será que estos funcionarios se están beneficiando ilegalmente por las empresas adjudicadas? El tema no ha dejado de preocupar al interior de la Secretaría de Salud, de Jorge Alcocer, y en Palacio Nacional.

Mientras tanto, si usted va al IMSS, piénselo dos veces: sus laboratorios no están funcionando correctamente y le pueden hacer una muy mala jugada.

PUES LEJOS DE resolverlo la Secretaría de Bienestar e Inclusión Social (Sibiso) que encabeza Almudena Ocejo Rojo sigue dando de qué hablar, pues ha resultado evidente que los procesos de contratación no han sido nada transparentes, pues continúan otorgando contratos en adjudicación directa. Además resulta que son unos verdaderos amantes de las invitaciones restringidas, para que las adquisiciones no se les salgan de control y los contratos queden entre sus empresas favoritas, todo lo anterior con el cobijo, e incluso instrucciones, de la titular de la Dirección de Administración y Finanzas, Nora Elisa Castillo García, quien debe de estar al tanto de todas los acomodos que sigue realizando Renato Crespo, quien sin ya formar parte de la dependencia sigue operando las contrataciones. Casi a diario se reúne con Jessica Rodríguez Cañete, quien lo sustituyó en el cargo en la Coordinación de Recursos Materiales para acordar con ella cómo deben seguirse manejando las cosas en la secretaría, por lo que resulta evidente que eso del Bienestar se sigue manejando sólo para los funcionarios de ahí. Esta costumbre que tienen en la Sibiso de adjudicar en directo y en invitaciones restringidas es lo que claramente se aparta de esa transparencia y ausencia de corrupción con la que pregona la 4T, y su exponente en la CDMX, Claudia Sheinbaum, por lo que una investigación a todos estos servidores públicos, así como a las personas físicas y empresas a las que les adjudican muy seguido, es más que necesaria.

EN LA ALCALDÍA de Tlalpan, que gobierna Patricia Elena Aceves, se están adquiriendo millones de pesos en la compra de despensas para apoyar a la población vulnerable por el SARS-CoV-2 o Covid-19. La cosa es que se adquieren a un sobreprecio unitario de 450 pesos, cuando en el mercado común se pueden encontrar a valor minoritario de 210 pesos. Lo peor es que no cuentan con la formalidad legal del proceso, que consta de solicitud del servicio por el área requirente, estudio de mercado (cuadro comparativo y cotizaciones), solicitud de disponibilidad presupuestal, oficio de autorización de suficiencia presupuestal, dictámen de procedencia, aprobación del Órgano Interno de Control, acta del subcomité de adquisiciones, contrato, fianza, anticipo, acta-entrega o constancia de los bienes o servicios.

LE HABÍA PLATICADO de algunas investigaciones en torno al círculo de Angélica Rivera, la exesposa de Enrique Peña Nieto. Las pesquisas se van ampliando y la Procuraduría Fiscal de la Federación, a través de su subprocurador Josué Miguel Contreras Saldívar, director general de Delitos Federales, acaba de formular querella ante la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la Fiscalía General de la República en contra del empresario Héctor Alejandro Loustaunau Diez Gutiérrez, empresario muy cercano precisamente al entorno de la ex primera dama. La acusación es por la omisión de no presentar por más de 12 meses la declaración anual del Impuesto sobre la Renta del ejercicio fiscal 2014 por la cantidad de 2 millones 727 mil pesos.

FINALMENTE LA REALIDAD alcanzó a Pisa y la Secretaría de la Función Pública la inhabilitó. Desde hace más de 10 días en las oficinas de Irma Eréndira Sandoval ya se daba por hecho la sanción a este laboratorio tapatío que encabeza Alfonso Álvarez Bermejillo. Tuvieron que pasar prácticamente dos años para que el gobierno de la 4T la vetara de las compras gubernamentales, como sucedió con Fármacos Especializados, la de Francisco Pérez Fayad. Dimesa es la empresa distribuidora de Pisa que el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó en más de una ocasión de vender indebidamente al sector público insumos y medicamentos. Sobre Pisa cayó una inhabilitación de 30 meses.