Quinn Emanuel emplaza a funcionarios mexicanos en EU

¿SE ACUERDA DEL “astro” de la jurisdicción de la CdMx, el doctor Júpiter, juez de control a modo de las causas de la 4T?

Aquí le hemos dado cuenta de las desorbitadas resoluciones de López Ruiz, que en cuestión de minutos embarga empresas enteras y gira órdenes de aprehensión tan ridículamente ilegales que cuesta creer que se encuentren en audio y video certificado por el gobierno de Claudia Sheinbaum.

Pues hete aquí que la radiación de sus atropellos ya llegó al Tribunal Federal de Estados Unidos, en Massachusetts. El gobierno de la ciudad está señalado por facilitar, a través de distintas instituciones de seguridad, una extorsión a cargo de Servicios Funerarios GG y los hermanos Pablo y Carlos Peña en la compra venta de Grupo Gayosso.

Hablamos del fondo Advent International, que hastiado de la imposibilidad de acceder a la justicia ante las autoridades mexicanas, no tuvo más remedio que contratar los servicios del implacable despacho de litigio neoyorquino Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, fundado por John B. Quinn.

Vía ese feroz bufete acaba de demandar en el vecino país a los autores, artífices y beneficiarios de una extorsión que ha causado daños a su negocio y reputación, demostrable por la absoluta falta de sujeción a los principios básicos del Estado de derecho por parte de las autoridades capitalinas.

Daños que, por supuesto, terminaremos pagando todos los mexicanos vía el gobierno federal, como ya sucedió en el caso de la empresa estadounidense Azinor Catalyst, conocida como Lion Consolidated, en el que México fue condenado a liquidarle 24 millones de dólares por la negación de justicia en Guadalajara.

Y lo peor es que eso no es lo peor, ya que, por la naturaleza del sistema judicial americano, las tropelías de Júpiter y sus compadres en el Ministerio Público serán, invariablemente, material probatorio.

Vaya, lo que le hacía falta a la tensa relación bilateral entre México y Estados Unidos: funcionarios y “empresarios” mexicanos llamados ante una Corte Federal por orquestar la extorsión de un fondo de inversión estadounidense, en este caso Advent.

Que no le sorprenda que los videos terminen en un documental de Netflix o en una clase universitaria sobre la involución del acceso a la justicia en los países, alguna vez en vías de desarrollo.

PUES CON LA novedad de que los senadores no podrán irse a sus casas mañana, como tenían previsto al dar por concluido hoy el periodo ordinario de sesiones. Los morenistas tienen la orden del presidente Andrés Manuel López Obrador de sacar las iniciativas de las leyes de Humanismo, Ciencia y Tecnología; de Minería; y de la Ley Administrativa en Materia de Asignaciones Ferroviarias al gobierno. Esto implica que los senadores tengan que sesionar, si es necesario, hasta el domingo 30 de abril, que es el plazo o límite legislativo, lo que se ve francamente cuesta arriba, de ahí que no sea nada remoto que veamos este jueves a los legisladores guindas y sus partidos aliados aprobando en fast-track por lo menos esos tres asuntos. La desaparición del Conacyt, la reducción de plazos de concesiones y mayores dientes a las secretarías de Economía y del Medio Ambiente para supervisar a las mineras, y garantizar al Ejército el control eterno del Tren Maya, son estratégicos para la 4T. El líder Ricardo Monreal no pudo garantizar los parlamentos abiertos y se tuvo que someter a los designios del inquilino de Palacio Nacional, que por cierto reapareció ayer con nuevos bríos.

PARALELA A LA batería de iniciativas que frenéticamente procesan los diputados y senadores de Morena, y cuyo plazo para sacarlas es hoy y mañana, la Secretaría de Economía tiene hasta el domingo para publicar lo que Raquel Buenrostro se inventó como “suplemento” del Programa Nacional de Infraestructura de la Calidad del 2023 (PNIC). En realidad se trata de su propio plan, igualmente de nocivo para el sector privado, y que elimina todo lo que un año antes avanzó su antecesora, Tatiana Clouthier. La exjefa del SAT está echando al bote de la basura el PNIC que ya se había publicado el 29 de febrero y se sacó de la manga el concepto del “suplemento”. En ese afán, ordenó a todas las dependencias públicas mandar para su confección solo tres regulaciones, lo que causó enojo porque Economía no tiene porqué limitarlas. El PNIC es el corazón del sistema regulatorio que acompaña y da certeza a la actividad económica del país. Buenrostro pretende podarlo de un plumazo.

¿QUIÉN DICE QUE Interjet no posee activos? La aerolínea que preside Alejandro del Valle tiene cuentas por cobrar, nada más para abrir boca, por 68 millones de dólares por concepto de pagos de boletos que se hicieron a través de tarjetas de crédito. Treinta y ocho millones los tiene en custodia Worldpay, que lleva aquí Francisco Julián; 18 millones American Express, que preside Santiago Fernández, y 12 millones más Banorte, que dirige Marcos Ramírez. También hay un monto considerable que se le depositó en garantía a Airbus, el fabricante de aviones europeo que lidera Guillaume Faury, para la compra de 76 aparatos y refacciones. ¿Dónde quedaron todos esos recursos? El conciliador del concurso mercatil, Gerardo Sierra, no ha dicho esta boca es mía. Pero eso sí: ya cerró anticipadamente la conciliación y el gobierno está en ruta de rematar la empresa.

SAPURA DESEMBARCÓ EN México a finales de 2014. Llegó de la mano de SeaMex, una sociedad de la noruega Seadrill del multimillonario John Fredriksen y Fintech Advisory, del financiero regiomontano David Martínez. A la empresa de origen malayo, Emilio Lozoya le dio por asignación directa un contrato de mil 400 millones de dólares para arrendar el buque Sapura 3000, al que Pemex pagó una renta de 450 mil dólares diarios por tres años para apoyar la instalación de plataformas marinas y tendido de ductos en aguas profundas. Paradójicamente Sapura, que dirige Bruno Picozzi, entró a concurso mercantil a finales de 2022. En el arranque de 2023 fue demandado por 30 subcontratistas mexicanos a los que adeuda 32 millones de dólares y a los que tiene al borde de la quiebra.

RENGEN ENERGY ES otro contratista de Pemex y también de la CFE que enfrenta problemas con proveedores. La empresa de Oscar Scolari Romero y Oscar Scolari Albarrán, como Sapura Energy, ha incumplido pagos a proveedores argumentando no tener fondos. Esta falta de liquidez los ha llevado a recurrir a esquemas de financiamiento con instituciones como Nacional Financiera y el Banco Nacional de Comercio Exterior, que lleva Luis Antonio Ramírez, y Banorte, que preside Carlos Hank González. Pero peor aún, a prácticas desleales con sus proveedores, los cuales ante la falta de pagos han levantado la voz para exigir el cumplimiento de los compromisos suscritos con anterioridad.

EL QUE APROVECHÓ la ausencia del presidente Andrés Manuel López Obrador para recuperar reflectores mañaneros fue el polémico subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Con el pretexto de informar sobre las campañas contra los vapeadores, en las que se gastan millones de pesos satanizándolos en lugar de regularlos para atajar el avance del mercado negro en los jóvenes y hasta en los niños, el funcionario volvió a hacer lo único que sí sabe: polarizar, atacar y presentar sus opiniones como si fueran ciencia. Mientras tanto, hay 45 millones de recetas sin surtir que, eso sí, significan dolor y muerte para muchas familias.