Go Gaba vs. Coca-Cola, cuatro años

EL FRENTE INTERNACIONAL de Derechos Humanos (FIDH) solicitó al senador Juan Zepeda, presidente de la Comisión Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, investigar a The Coca-Cola Company.

La filial del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU, pidió al legislador de Movimiento Ciudadano intervenir en el fraude y revelación de secretos en perjuicio de la compañía Go Gaba.

De acuerdo al oficio, los procesos a cargo de la Fiscalía General de Justicia de la CdMx, que lleva Ernestina Godoy, resaltan por inacción, dilación y continuas irregularidades por parte de los ministerios públicos que han investigado este caso a lo largo de ya más de cuatro años y medio.

El FIDH también destaca la inacción de los senadores Roberto Moya Clemente y Lucía Meza Guzmán, al igual que la elusión del diputado Sergio Gutiérrez Luna, en denuncias previas al Poder Legislativo.

Este oficio ya es la sexta denuncia que realiza el organismo internacional de derechos humanos, pues en una previa formulada al diputado Santiago Creel, el presidente del Congreso de la Unión se habría declarado imposibilitado para intervenir.

Se le solicitó lo hiciera a través de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados, y sugirió que se presentara una queja ante el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI).

Sin embargo, resulta que esa instancia desde hace más de dos años se habría declarado imposibilitado legalmente en este asunto, por no poder prejuzgar acciones civiles o penales en curso.

Adicionalmente, dicha denuncia habría reclamado corrupción y violaciones a derechos humanos en perjuicio de José Antonio del Valle Torres, director general de Go Gaba, cuestiones que serían del todo ajenas a las atribuciones de dicho instituto que ahora dirige José Sánchez.

Es por ello que ahora el FIDH solicita que la Comisión Anticorrupción del Senado de la República que investigue exhaustivamente y se pronuncie al respecto.

Go Gaba demandó penalmente a Coca-Cola, que preside Galya Frayman, por supuestamente despojarlo de una creación por la que ahora exige una multimillonaria indemnización de 345 millones de dólares.

El empresario mexicano Del Valle alega que desarrolló Gaba, un ingrediente especial donde radica su innovación, y que la multinacional le pirateó en un refresco que distribuyó en Japón: Fanta Gaba.

El gigante basado en Atlanta es acusado de fraude corporativo, al incumplir un acuerdo de 2017 en el que se declaraba que Coca-Cola y sus subsidiarias no podían participar en un proyecto específico.

EN MEDIO DE la crisis generada por la autenticidad de la tesis de derecho de la magistrada Yazmín Esquivel, en universidades privadas y públicas se reconoce que hay muchos trabajos “piratas” en el mundo de la titulación de profesionistas en México, un asunto que debe revisarse. Tal vez la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior, que encabeza Jaime Valls Esponda, así como las instituciones educativas de los estados y las privadas, deben investigar a fondo los despachos de abogados, las empresas, los maestros universitarios y los asesores de tesis que imparten seminarios y elaboran tesis al vapor para que los alumnos puedan titularse. Es un secreto a voces que algunos académicos trafican, promueven y replican tesis de universidades públicas y privadas de los estados. No es privativo de las Facultades de Estudios Superiores de la UNAM: el problema también existe en el Politécnico y hasta en las mejores universidades privadas del país porque no existe un registro nacional de tesis donde se determine cuál fue la primera, cuál es la original y cuál es piratería pura.

ANTES DE BAJAR la cortina por vacaciones, el Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles, que dirige Edgar Bonilla, autorizó la quiebra de Abengoa de México, la influyente empresa española especializada en montaje e instalación de obras eléctricas, mecánicas, telefónicas e hidráulicas. La trajo al país Manuel Arango en 1981 para hacerse cargo de obras de infraestructura en el edificio Parque Reforma México. Alcanzó su esplendor con la CFE entre 1994 y hasta 2007, construyéndole más de cuatro mil kilómetros de líneas de transmisión. Abengoa, que dirige aquí Juan Manuel Valladolid, inició concurso mercantil en 2016 y en 2018 incumplió su convenio de pago a unos 364 acreedores por inviabilidad operativa. En julio pasado solicitó la quiebra al Juzgado Segundo especializado en Concursos Mercantiles.

LA FIRMA DE abogados Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes fue el elegido para representar durante los próximos dos años a Pemex en el litigio que todavía mantiene contra Oro Negro y sus empresas relacionadas, respecto a la presunta cancelación ilegal de contratos por más de 20 mil millones de pesos para el arrendamiento de cuatro plataformas marítimas de extracción. El asunto, que involucra a Gonzalo Gil White, hoy prófugo de la justicia, parece ya estar resuelto a favor de la petrolera del Estado mexicano, incluso en la Suprema Corte de Justicia. Pero aún así, las huestes de Octavio Romero, vía la Dirección Corporativa de Administración y Servicios que lleva Marcos Herrería adjudicó el pasado viernes el contrato de representación legal al bufete de Pablo Mijares.

EL 2022 UN año a olvidar para las financieras. AlphaCredit de Augusto Álvarez y José Luis Orozco, Crédito Real que preside Ángel Romanos y UNIFIN de Rodrigo Lebois en procesos de reestructura financiera en donde aún no se dice la última palabra. Le ponen la vara muy alta a Operadora de Servicios Mega que preside Guillermo Romo, Mexarrend que dirige Adam Wiaktor y Financiera Independencia de José Luis Rión, las cuales tendrán en este naciente 2023 un año realmente retador para acceder a fuentes de fondeo que prácticamente cerraron aquellas tres.