El regreso de Aspe y Arrigunaga

LOS BANQUEROS DE México siempre han sido el enemigo político predilecto de Andrés Manuel López Obrador. Por su mente pasó la idea de que el gobierno de la 4T comprara Banamex.

Y últimamente, vetar a Javier Arrigunaga y a Pedro Aspe, quienes pudieran ser los próximos director y presidente del Consejo de Administración del banco, si es que lo gana Germán Larrea.

Ni en los peores tiempos de la nacionalización de José López Portillo y la reprivatización de Carlos Salinas de Gortari, un presidente había criticado tan severa y sistemáticamente a los banqueros mexicanos como el tabasqueño, particularmente a Roberto Hernández y a Banamex.

Para Citi, la relación con el gobierno de la 4T ha sido muy complicada, porque siempre piensan si los postores para comprar el banco son del agrado o no del inquilino de Palacio Nacional, a pesar de que el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, fue consejero de Citibank México a finales de los 80 y principios de los 90 y que todavía fuera hasta no hace mucho su cliente.

En 1999 López Obrador publicó el libro Fobaproa: expediente abierto, en el que denunciaba la “atascada” que se dieron banqueros y funcionarios durante la privatización bancaria.

Pero sobre todo, los favores que la banca privatizada hizo a los empresarios amigos de los nuevos dueños de Banamex y el costo que esto representó para las finanzas del gobierno, que a la postre se convirtió en deuda pública.

Se sabe que después de la publicación de ese libro, un grupo de empresarios mexicanos, encabezados precisamente por los banqueros Hernández y Harp, iniciaron una campaña mediática en contra del político tabasqueño.

Durante la carrera presidencial de 2017-2018, pero sobre todo ya como jefe del Ejecutivo, López Obrador no perdió ocasión para irse en contra de funcionarios que sirvieron a los banqueros y contra los propios banqueros, a los que advirtió de los peligros de “soltar al tigre”.

Fueron los casos de Guillermo Ortiz, Francisco Gil Díaz y el mismo Arrigunaga, así como otros ejecutivos que terminaron en White & Case, el despacho legal que se convertiría en apéndice de la Secretaría de Hacienda, del Banco de Mexico y de Banamex.

Durante los primeros dos años de la 4T Alfonso Romo sirvió de amortiguador entre el gobierno federal y los banqueros, en buena medida por la relación de negocios que tuvo con Aspe en la casa de bolsa Vector.

Ya en la recta final de la compra de Banamex el equipo de Jane Fraser en Citi Nueva York busca obtener la mayor renta posible por el banco, pero sin lastimar la relación con el gobierno obradorista.

EL ANUNCIO DE la nueva Mexicana propiedad de la Secretaría de la Defensa, que comanda Luis Cresencio Sandoval, tomó por sorpresa hasta a los propios trabajadores y sindicatos, quienes están tratando de entender qué significan para su futuro los dichos de Andrés Manuel López Obrador. Queda claro que una vez que la marca deje de ser parte de su exiguo patrimonio, no quedará apenas nada qué vender de lo que fuera la empresa de aviación más poderosa de México. Dentro del paquete que incluye las 303 marcas que forman aún el patrimonio de Mexicana, se encuentra el Centro de Adiestramiento que posee dos simuladores de vuelo para pilotos: uno de Boeing 727 y otro de Airbus A320, así como instalaciones de adiestramiento para sobrecargos; un edificio en Guadalajara, otro en la CdMx y alguno que otro activo como refacciones y autos viejos. Lo único que está fuera de esta masa es el Centro de Mantenimiento (MRO), que carece de avalúo porque técnicamente está quebrado y en su tenencia accionaria confluyen demasiados intereses y problemas que hacen casi imposible su venta. Desde luego que si el gobierno de la 4T y la milicia quisieran comprar todo este paquete, tendrían una ventaja, pero en medio de la austeridad franciscana se ve difícil que el arreglo sea satisfactorio. Un final inesperado en manos del obradorismo que usó como bandera un rescate que hoy sabe a despojo. El segundo, tras el de Gastón Azcárraga Andrade y grupo que le acompañó.

MÉXICO Y CANADÁ ganaron el panel automotriz, y aunque los tres gobiernos, incluido el de Estados Unidos, tienen seis semanas para revisar los detalles de la resolución, lo más seguro es que a pesar de los comentarios adicionales que surjan, no cambiará el sentido de la resolución final. Los expertos decidieron que en reglas de origen si un tren motriz es 75% de contenido regional, automáticamente se considere dentro del T-MEC. El gobierno de Joe Biden quería que se midieran todos los componentes, incluidos vestiduras y rines. Esta es una victoria muy importante para la industria automotriz establecida en el país, no tanto para la 4T, ni de su secretaría de Economía, al mando ahora de Raquel Buenrostro. La que se “fajó” y pagó el intenso cabildeo en Washington fue la industria: autopartes, armadoras y distribuidores mexicanos.

CON UNA INVERSIÓN de unos 120 millones de pesos, Pemex, de Octavio Romero, busca cambiar la fachada de una centena de gasolineras en todo el país que mantienen la imagen institucional de gobiernos anteriores. No obstante, por falta de ofertas o participantes sólidos, tuvo que declarar desierto hace unos días el concurso abierto para el servicio de “Retiro de Imagen Existente, Acondicionamiento, Suministro e Instalación de Elementos para el cambio de la Imagen Institucional en las Instalaciones de Petróleos Mexicanos”. En principio mostraron interés firmas como Isa Corporativo de Raúl Camou, muy ligado a la 4T, pero terminaron por enviar cotización solo dos desconocidas razones sociales: Veintiocho Creatividad SA de CV y Sumca SA de CV, ésta última empresa tamaulipeca nacida durante el gobierno de Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

RECIÉN LA ACADEMIA Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas advirtió que la industria atraviesa una crisis sin precedentes por falta de apoyos y presupuesto. En esa tesitura Guillermo del Toro, después de advertir una “sistemática destrucción” del cine mexicano y sus instituciones en la presente administración, se ofreció a costear los Premios Ariel que iban a suspenderse por escasez de recursos. A esas iniciativas para rescatar al sector se sumó esta semana Exitus Capital, de Carlos Rahmane, que abrió un fondo de 50 millones de dólares para financiar a alrededor de 20 películas nacionales para que puedan solventar sus gastos, desde el proceso de pre hasta la postproducción, mismas que tendrán un plazo de hasta 24 meses para retornar la inversión.

LA ASOCIACIÓN MEXICANA de Energía designó a Abraham Zamora Torres como su nuevo presidente para el periodo 2022-2024. El nuevo dirigente buscará privilegiar el diálogo con las autoridades para impulsar el desarrollo de un sistema eléctrico competitivo, eficiente y sustentable.

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