El (carisísimo) enojo presidencial

EL ENOJO DEL Presidente fue tal que ordenó correr a todos los funcionarios, a todos: a los que llegaron con Tatiana Clouthier y a los que venían de gobiernos pasados y que la “Tía Tatis” ratificó en la Secretaría de Economía.

¿La razón ? Porque nadie le renuncia a Andrés Manuel López Obrador: él decide cuándo los corre. El único alto funcionario de esa dependencia que va a sobrevivir al enojo presidencial es el expanista Ricardo Sheffield. Lo ve como la “carta fuerte” de Morena para Guanajuato en 2024.

Hasta hoy suman 56 cesados por Raquel Buenrostro… y contando. Funcionarios de carrera que venían de los equipos de Jaime Serra, Herminio Blanco, Fernando Canales, Luis Ernesto Derbez, Gerardo Ruiz Mateos, Sergio García de Alba, Eduardo Sojo, Bruno Ferrari e Ildefonso Guajardo.

En corto, Buenrostro no tiene empacho en decir: “A mi me mandaron a controlar la inflación, defender la soberanía energética frente a Estados Unidos y limpiar lo que había hecho Tatiana Clouthier”.

Eso implicaba hacer una depuración de funcionarios de mediano nivel y hasta subsecretarios. Parece “ajusticiamiento político”, de no dejar piedra sobre piedra.

Entre los corridos de la Secretaría de Economía están: Luz María de la Mora, Héctor Guerrero, Alfredo González, Angel Villalobos, Arlaé Díaz Frausto, Marcos Santiago Ávila, Eduardo Montemayor, Lourdes Acuña, Orlando Pérez, Lydia Antonio de la Garza, Alejandro Rosas, César Remis, Cindy Rayo, Máximo Romero, Mónica León, Jorge Luis Silva Meza, Alejandro Rosas, Antonio Letayf, Elodina Guerra, Benjamín Reyes, Ana Mungaray, Marcos Ávalos, Jesús Cantú, Rubisel Velázquez Lugo, Selene Magdaleno, Ismael Ortíz y Efraín Alba, entre otros.

Desde el inicio del gobierno de la 4T la relación entre Clouthier y Buenrostro nunca fue buena, pero ésta se exacerbó cuando la primera, en las pocas veces que tenía audiencia en Palacio Nacional con López Obrador, ponía en la mesa problemas fiscales de grandes empresas internacionales (y mexicanas regias), cuando había sectores industriales y comerciales que estaban impactadas con el terrorismo fiscal del SAT de la segunda.

Y las consecuencias de esta “limpieza de la 4T”, operada por Buenrostro, no va a quedar en la creación de un panel en el capítulo de Energía en el T-MEC, por la discriminación de la inversión de empresas de Norteamérica para favorecer a Pemex y CFE.

Tampoco en la posible suspensión de importaciones de maíz transgénico de Estados Unidos.

El Congreso estadounidense y la Casa Blanca, particularmente la Oficina de Representación Comercial a cargo de Katherine Tai, y el Departamento de Estado, que encabeza Antony Blinken, van a poner en la mesa de negociación con México temas relacionados con la industria farmacéutica, biotecnología, violación de derechos laborales y ambientales, por el incumplimiento del gobierno de López Obrador.

Y ya ni hablemos de indocumentados, derechos humanos y narcotráfico, extremadamente sensibles para el gobierno de Joe Biden y los nuevos senadores y congresistas que están tomando posiciones.

En los hechos, Raquel Buenrostro y su mandato de limpiar todo lo que huela a la hija de Manuel J. Clouthier, no solo viola derechos humanos, laborales y profesionales de funcionarios que llevaban entre 10 y 20 años en un servicio profesional de carrera en el gobierno federal, sino que coloca al gobierno de México en desventaja para negociar con sus contrapartes comerciales.

El enojo presidencial, por encima de todo.

NO ES LA primera vez que el coordinador de Relaciones Institucionales del secretario de Hacienda, Alejandro Hellmund, mete en problemas a su jefe con la Dirección General de Pemex. La primera vez fue cuando su impericia propició la caída para arriba de Antonio López Velarde, quien sustituyó solo por unos meses de la Dirección de Finanzas a Alberto Velázquez, porque después llegó a esa posición Carlos Cortez. Después fue la ruinosa decisión de contratar a Citi para colocar bonos de la empresa productiva del Estado para canjearla por deuda comercial de proveedores para que éstos se cobraran. Y la última fue forzar, de mala manera, a que la petrolera dirigida por Octavio Romero se ponga al corriente en los pagos de los Derecho por Utilidad Compartida a la dependencia de Rogelio Ramírez de la O para poder completar su presupuesto. Estamos hablando de un desembolso cercano a los 30 mil millones de pesos mensuales.

YA SON MÁS los que proponen regular y controlar en lugar de prohibir cigarros electrónicos. Ayer legisladores de diferentes partidos, incluyendo Morena, como Eva Galaz, Silvana Beltrones, Alejandra Lagunes, Éctor Jaime Ramírez y Sergio Barrera, sostuvieron un foro para exponer argumentos y evidencias rumbo a la mejor solución del problema. Ahí la propia Secretaría de la Defensa, que comanda Luis Cresencio Sandoval, mostró “otros datos” que contradicen los mantras de Hugo López Gatell. El General Brigadier Médico Cirujano, Olga Lidia Juárez, afirmó que están conscientes de la necesidad de regular los vapeadores y reconoció su ayuda para quienes quieren dejar de fumar. Además reconoció que el auge del mercado negro afecta a la comunidad y a la estabilidad del Estado, quien pierde más 12 mil 748 millones de pesos anuales en recaudación. Las voces reunidas le dieron un raspón al rigor científico del estudio presentado por la Cofepris que asegura presencia de sustancias venenosas en los cigarros electrónicos.

SIGA A José Luis Moyá Moyá, autonombrado “asesor de transparencia y combate a la corrupción” o “zar de las solicitudes de información” por supuestamente poseer un récord de peticiones de información y recursos de revisión. Se dedica a golpetear por encargo y a “buscar” oportunidades para colocarse como funcionario en la dependencia que se pueda. Moyá aseguró en 2014, durante una comparecencia para aspirar al cargo de comisionado en el IFAI, que hay funcionarios que “le pagan por fuera”, con nombres falsos para cuidar que no haya actos de corrupción al interior de las dependencias. Pero de acuerdo con registros de la Secretaría de la Contraloría General en la CdMx, Moyá también posee un largo y oscuro historial, pues fue inhabilitado en dos ocasiones. Las resoluciones se dieron en 2001 y 2007 por la Dirección de Normatividad y Situación Patrimonial y en la Secretaría de Desarrollo Social. Recién se coló en el Grupo Aeroportuario de la CdMx, subcontratado por una empresa.

EL #CEMEXDay 2022, día anual para inversionistas y analistas, se realizó en Nueva York. La cementera que preside Rogelio Zambrano presentó perspectivas optimistas a mediano plazo, impulsadas por paquetes de estímulos fiscales en Estados Unidos y Europa relacionados con la infraestructura y el gasto en acciones ambientales, en la medida en que los países continúan su inversión en la transición hacía una economía con menores emisiones de carbono. También destacaron las nuevas y agresivas metas de descarbonización para 2030, con base en las reducciones récord de CO2 alcanzadas en los últimos dos años. Fernando González Oliveri, el Director General, señaló que la empresa comprobó en los últimos tres años su resiliencia frente a una pandemia global, una inflación histórica y la disrupción de la cadena de suministro.

TAL CUAL LE anticipamos hace una semana, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación volvió a patear, ahora para el próximo 4 de enero, la discusión de la constitucionalidad del etiquetado nutrimental para alimentos y bebidas, la famosa NOM 051. La razón fue la que le informé: los ministros quieren acopiar el mayor número de amparos para discutirlos en bloque. Ayer se iba a analizar el caso de Barrilitos y se va juntar con el de Herdez, ambos los trae Yasmín Esquivel. También se sumaría el de Santa Clara que lleva Alberto Pérez Dayán.

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