Los verdugos de hoy

SI LOS MINISTROS de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no apoyan hoy el proyecto de su colega Luis María Aguilar y echan abajo la Prisión Preventiva Oficiosa (PPO) pasarán dos cosas.

Se habrá acabado la separación de poderes donde el Judicial se subordina al Ejecutivo, y serán los siguientes en la lista: Andrés Manuel López Obrador les declaró la guerra la semana pasada.

Mucho se juega en la votación de este lunes: los verdugos que aplican la PPO hoy, serán los ejecutados de mañana. Se imagina el futuro de funcionarios de primer nivel, incluido el propio Presidente.

¿A dónde iría un Hugo López Gatell, un Luis Cresencio Sandoval, un Javier May, una Rocío Nahle o incluso una Claudia Sheinbaum por actos de omisión o negligencia, cuyos costos son irreparables?

La votación de hoy va a estar muy cerrada. Como dijimos aquí el viernes, López Obrador ya tiene los de las ministras Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz. Se ve difícil juntar ocho votos, pero todo puede suceder.

Y es que el tema no es solamente la prisión preventiva oficiosa, sino cómo se interpreta el bloque de constitucionalidad y si la SCJN puede o no “inaplicar” una disposición constitucional expresa.

No es un debate lineal, así que además de las dos ministras que jalan con el inquilino de Palacio Nacional, puede haber algunos otros ministros que apoyen por el tema técnico constitucional.

Es un tema técnico complejo que muchos quisieran se aprobara porque la prisión preventiva en general es cuestionable y la oficiosa más. Ha sido la garantía del empoderamiento de la 4T. El tema es que está en la Constitución.

Y no es evidente cómo la Corte le puede dar la vuelta, o como propone el ministro Aguilar, de plano “inaplicar” un párrafo expreso y claro de un artículo de la Constitución. Hay forma de argumentar por qué sí.

Pero también puede sostenerse que eso no le toca a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que tendría que reformarse la Carta Magna. En resumidas cuentas, la votación de hoy va a estar muy cerrada.

A favor claros por el proyecto de Aguilar, el ministro presidente Arturo Zaldívar, las ministras Norma Piña y Margarita Ríos-Farjat, y los ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá y Alfredo Gutiérrez Ortiz-Mena.

Las dudas del sentido de su voto porque hasta ahora no hay antecedentes de sus respectivas posturas sobre la PPO, los de los ministros Javier Laynez, Alberto Pérez Dayán y Jorge Pardo Rebolledo.

Le decía que será una votación paradigmática y crucial no solo por lo que ha sido la prisión preventiva oficiosa, sino por los alcances de poder hacer control de la misma Constitución en materia de derechos humanos.

Los ministros Piña y Aguilar tienen proyectos publicados y González Alcántara ya había anunciado en una sesión de Pleno que está porque sí se pueda juzgar la Constitución en materia de derechos humanos.

Ortiz-Mena tiene en su haber un voto concurrente de la famosa contradicción de tesis 293/2011 y Ríos-Farjat es lo contrario de sus colegas Esquivel y Ortiz: casi siempre dice no a todo lo que pide López Obrador.

Se abren las puertas señores: hagan sus apuestas.

EL DÍA DE hoy se hará público y estará circulando en redes sociales un comunicado suscrito por la Barra Mexicana de Abogados y el Consejo Nacional de Litigio Estratégico, entre otras, en reacción a las declaraciones formuladas en la mañanera del pasado viernes 2 de septiembre. En este comunicado los abogados exigen al Presidente de la República que se abstenga de hacer señalamientos que comprometan la independencia judicial, así como la reputación, seguridad y hasta la vida de los juzgadores, precisando que, en todo caso, el Presidente, como todos los mexicanos, debe atenerse a las vías legales para manifestar su inconformidad con alguna resolución emanada del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, hacen pública su indignación ante el uso de las conferencias mañaneras para ejercer presión sobre los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con miras a que resuelvan las controversias ante éstos planteadas con base en una ideología y/o en apoyo a un proyecto político, siendo que estos deben emitir sus resoluciones con pleno apego a los derechos humanos y a los principios constitucionales.

LA SEMANA PASADA hubo tres despidos en sectores clave de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV): Luz María Villafuerte dejó la Dirección General de Atención a Autoridades, o sea, la que maneja el sistema SIARA que vincula al organismo con las autoridades de justicia. Omar Torres, la Dirección de Prevención de Lavado de Dinero y Mireya Suárez, la Vicepresidencia de Supervisión Bursátil. Los tres, coincidentemente bien informados de los desmanejos de las instituciones financieras que están causando incumplimientos multimillonarios en el mercado bursátil y los escándalos de Segalmex y Bursamétrica. Los tres, curiosamente, fueron removidos a pedido directo de Leonel Ramírez Farías, “por instrucción del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O”, a Jesús de la Fuente, quien, para no ser retirado también de la presidencia del regulador acata las órdenes del todopoderoso asesor. De buena fuente se sabe que este último está considerando desistirse de los tres despidos porque dejarán inoperante a la entidad supervisora.

EN LA CARRERA por Banamex siguen fluyendo más noticias en la medida que se acerca el cierre. Considere la muy probable inclusión de algunos consejeros del banco que dirige Manuel Romo al grupo que sigue fortaleciendo Germán Larrea. Se asegura que Roberto Hernández, Alfredo Harp y Valentín Diez Morodo también participarían en el proyecto. El primero es el que ha sostenido ya varias reuniones con el dueño del Grupo México. No es remoto, si considera la relación histórica que ha existido entre Hernández y Harp con sus primos Carlos y Jorge Rojas Mota Velasco, accionistas y socios de Alonso de Garay en el Grupo Bursátil Mexicano (GBM), con quienes Larrea va por los activos que desincorporará Citi, que preside Jane Fraser. El grupo de Hernández y Harp vendió Banamex a Citigroup hace 21 años.

DESDE HACE UNOS diez días andan corriendo rumores sobre un supuesto deterioro de la salud de Alonso Ancira. Primero se manejó que en el último consejo al que convocó el mes pasado en San Antonio se le vio muy decaído y con problemas para hablar. Se dijo que le había dado una embolia. Y este fin de semana corrió la especie de que tuvo un infarto y fue hospitalizado en un hospital de Texas. Tanto ha sido la insistencia que por fin AHMSA salió a desmentir el sábado los supuestos achaques de Ancira que circulan en redes sociales. “El presidente del Consejo de Administración se encuentra en perfecto estado de salud, atento a la conducción de la empresa”, aseguró la acerera de Monclova, Coahuila.

TRAS DE QUE el Juzgado Segundo Especializado en Concursos Mercantiles admitiera a Interjet, esta semana deberá nombrarse al conciliador. Por tratarse de un concesionario de transporte público federal, el Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles, que dirige Edgar Bonilla, le cede esa facultad a la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes. La instancia que comanda Jorge Arganis ya está analizando ofertas con la Consejería Jurídica de la Secretaría de Gobernación. Un nombre que suena es el del abogado Javier Gaxiola.

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