Rebelión en la Corte

CONTAMINADA POR LA ruptura que causan los dichos y hechos que brotan desde Palacio Nacional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) está partida en tres bajo el dicho de “a río revuelto, ganancia de pescadores”.

El botín es nada más la presidencia del tercer poder del Estado, que habrá de dejar en enero del año próximo el ministro Arturo Zaldívar y sobre quien sus compañeros han dejado caer en las últimas semanas la metralla del fuego amigo.

Una de las razones es su decisión de limpiar a fondo la casa, erradicando prácticas enquistadas como la corrupción y el nepotismo, cuyo combate elevó en su reforma al Poder Judicial a rango constitucional.

Hoy el abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho es blanco de insidias y ataques, internos y externos, que buscan desestabilizar su último año al frente de la máxima instancia de procuración de justicia.

En el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) identifican plenamente al ministro Luis María Aguilar, predecesor justamente de Zaldívar en la presidencia de la Corte, como el origen de esa campaña.

En la Fiscalía General de la República, Aguilar tiene abierta una carpeta de investigación por corrupción y nepotismo. Durante su administración asignó muchos contratos a precios alzados.

En el mismo CJF ubican también al ministro en retiro, José Ramón Cossío, como otro operador de la desgobernanza. Este otro abogado dejó la Corte solo un mes antes de que Aguilar concluyera su presidencia.

Tanto Aguilar Morales como Zaldívar Lelo de Larrea, fueron nominados ministros por el entonces presidente Felipe Calderón y concluyen sus respectivos periodos el mismo año, esto es en 2025.

A ambos se les unió Margarita Ríos-Farjat, nominada ministra por Andrés Manuel López Obrador, posición que asumió en diciembre de 2019. También ella es investigada por una red de corrupción.

Las pugnas del fiscal Alejandro Gertz, el ex consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, y el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, han abonado a la crisis de la SCJN.

El 3 de diciembre pasado llegó al CJF, a la Presidencia, a la FGR y la Secretaría de la Función Pública una denuncia anónima contra dos cercanos colaboradores del ministro presidente Zaldívar.

El torpedo, que trató de dar por arriba de su índice de flotación, fue dirigido a su oficial mayor, Alejandro Ríos Camarena, y a su secretario General, Carlos Alpízar Salazar.

La cruenta lucha política de todos estos cercanísimos colaboradores de López Obrador aceleraron en los últimos seis meses la descomposición, división e ingobernabilidad que amenaza con apoderarse de la Corte.

Y esa desestabilización que hasta alienta el tabasqueño dio lugar a otros dos bloques de ministros, uno que aparentemente juega a favor del inquilino de Palacio Nacional, y otro no alineado al Presidente.

En el primero están las ministras Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz y el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. En el otro Norma Piña, Javier Laynez, Alberto Pérez Dayán y Jorge Mario Pardo.

De cara al relevo de Zaldívar prácticamente todos los ministros empezaron a moverse en pos de la presidencia de la Suprema Corte, que hacia la segunda mitad de este año empezará a decantarse.

Como existe la creencia de que López Obrador se inclinará por una mujer, las ministras Ríos-Farjat, Piña y Esquivel están muy activas. Pero también Laynez, Pérez-Dayán y Alfredo Gutiérrez Ortiz-Mena.

El 2022 arranca muy caliente en la Corte. Las siguientes serán semanas de definición y sorpresas. Las cabezas del Poder Judicial tampoco se escapan a la crisis en la que López Obrador está metiendo al país.

TRAS EL EMBATE del presidente Andrés Manuel López Obrador contra el periodista Carlos Loret de Mola, que tanto ruido hizo en las redes sociales y en el llamado círculo rojo, un sector que guardó un ensordecedor silencio fue el empresarial. En pleno proceso de sucesión en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la violación a la privacidad del comunicador y el emplazamiento que hizo al SAT para que documente públicamente su situación fiscal y origen de sus ingresos, no ha merecido hasta ahora el más mínimo comentario ni de Carlos Salazar ni de los dos aspirantes a sucederlo: Francisco Cervantes y Bosco de la Vega. Pero tampoco de ninguno de los organismos que integran la comisión ejecutiva, desde el Consejo Mexicano de Negocios, que lidera Antonio del Valle, hasta la Asociación de Bancos de México, que preside Daniel Becker. Vamos, ni siquiera de la aguerrida Coparmex, que comanda José Medina Mora. Dejaron solo a Loret. De ese tamaño es el miedo al de Macuspana.

EN OTRO FRENTE, el de España, la famosa “pausa” que está decretando Andrés Manuel López Obrador cayó como balde de agua en la CFE. Y es que son precisamente empresas hispanas las que podrían perder lucrativos contratos en el país por la nueva colisión que el Presidente está acelerando, ahora en el ámbito diplomático, con el país que gobierna Pedro Sánchez. Son justamente empresas españolas con las que la empresa que dirige Manuel Bartlett está muy avanzada para asignarles las obras de ingeniería, procura y construcción de las cinco plantas de ciclo combinado que está asignando a Siemens y Mitsubishi. Hablamos de TSK de Sabino García y Grupo Cobra que encabeza Miguel Ángel Spínola.

A PROPÓSITO DE españoles, otro grupo que no debe perder de vista en la venta de Banamex es CaixaBank, que preside José Ignacio Goirigolzarri. Más allá de los ataques de Andrés Manuel López Obrador a los intereses españoles, esta institución tiene la mirada puesta en el largo plazo y ve en la desincorporación de la banca de consumo de Citi la única oportunidad para entrar de lleno a México para arrebatarle el mercado a sus principales competidores en Europa: BBVA que capitanea Carlos Torres Vila y Santander de Ana Botín. CaixaBank es el banco minorista más grande de España y el aliado que tiene aquí es Carlos Slim. Inbursa fue socio de Caixa justo cuando López Obrador gobernó la CdMx.

ITAÚ CONFIRMÓ LA semana pasada que también está pendiente de la venta de Banamex, como le informamos. El banco brasileño que preside Milton Maluhy se ha mostrado muy discreto y cauteloso, pero por supuesto que al igual que CaixaBank la oportunidad es única para entrar con fuerza a México. Itaú es el segundo banco más grande de América Latina. Tiene presencia en 18 países de la región y de Europa, 4 mil 330 sucursales, 99 mil 500 empleados y 45 mil 330 cajeros automáticos. Sus operaciones de banca minorista son fortísimas en Paraguay, Chile y Argentina. En México posee licencia, oficinas y modestas operaciones de banca corporativa. Tampoco lo pierda de vista.

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