TRESE, otra estocada a Pemex
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TRESE, otra estocada a Pemex

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TRESE, otra estocada a Pemex

14/01/2019
Actualización 14/01/2019 - 10:23

Tecnologías Relacionadas con Energía y Servicios Especializados (TRESE), es otro contratista que se quedó entrampado con negocios poco claros en las pasadas administraciones de Pemex.

Es concesionaria de la petrolera que dirige ahora Octavio Romero en la explotación de una plataforma de extracción de gas en Campeche. Fue declarada en quiebra apenas en agosto del año pasado.

Es de destacarse que se nombró como síndico de la quiebra a Carlos Sotelo García, quien fuera senador del Edomex por el Partido de la Revolución Democrática, cuando su dirigente era Jesús Zambrano.

Al día de hoy, no ha tomado posesión de la empresa, quedando indefensos los derechos de los acreedores. La gestión de Sotelo fue apoyada por Manuel Gómez Morín Martínez del Río.

Y aquí empiezan las irregularidades: quien fuera candidato a la presidencia del Partido Acción Nacional actúa como abogado de TRESE y al mismo tiempo aparece como acreedor en las listas del juicio.

La compañía dejó de pagar sueldos a empleados desde el 2017, mientras que su propietario, Ricardo Alfredo Silva Padilla, apareció en los Bahamas Leaks revelados por Mexicanos Contra la Corrupción.

La Juez Séptimo de Distrito en Materia Mercantil ordenó que los pagos de Pemex por la explotación del gas sean directamente transferidos a la sindicatura de la quiebra, en detrimento de los acreedores.

Con ello queda imposibilitado de recibirlos un fideicomiso en favor de aquéllos, así como la empresa propietaria de la plataforma y otras sociedades encargadas de la compresión del gas.

La determinación ya fue impugnada por los prestamistas, pero el recurso que debía de sentenciarse en el plazo de tres días en términos de la Ley de Concursos Mercantiles lleva un año sin resolverse.

Las gestiones de Gómez Morín y de Sotelo García en representación de TRESE han logrado paralizar al Poder Judicial federal en beneficio de Silva Padilla, sin que los acreedores tengan recurso alguno a su favor.

La deuda reconocida de la empresa es de 40 millones de dólares y plantearon pagar con quitas del 70 por ciento en el año 2024. Lo ofrecido es solo 11 por ciento del valor del contrato que les dio Pemex por 500 millones de dólares.

Su principal acreedor es Sistemas Integrales de Compresión, amén de la empresa turca Erkal Uluslarasi, la compañía china Shanghai Zhenua Port Machinery y el United Overseas Bank.

También apunte a los trabajadores y al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

POR CIERTO QUE el SAT es un as bajo la manga que tiene Andrés Manuel López Obrador para mantener a raya a los líderes empresariales que vayan contra la cuarta transformación. Y si no, que le pregunten a Alejandro Ramírez, mandamás de Cinépolis y presidente del Consejo Mexicano de Negocios. En el organismo que ahora maneja Margarita Ríos Farjat hay un expediente relacionado con cuentas en Suiza, que inició Aristóteles Núñez al calor del pleito de Enrique Peña Nieto con los hombres del dinero, cuando en agosto del 2017 éstos se sintieron agredidos en Los Pinos por los comentarios contra el hijo de Claudio X. González y su trabajo de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. El caso se iba a echar a andar el año pasado, pero el entonces canciller Luis Videgaray lo frenó.

INTERESANTE SE VA poner el estira y afloja entre la SCT, de Javier Jiménez Espriú, y Aléatica, antes OHL, dirigida por Sergio Hidalgo. Como es sabido, el gobierno de la cuarta transformación quiere quedarse con el control del aeropuerto de Toluca, donde los españoles tienen el 49 por ciento. Estos ya valuaron su tenencia entre 800 y mil 200 millones de pesos, pero pretenden hasta 2 mil 500 millones porque quieren incluir el costo financiero de 10 años y la Tasa Interna de Retorno. Va a ser difícil que se los paguen. Quizás por ello José María Riobóo, el principal impulsor del nuevo aeropuerto en Santa Lucía, ya trae de asesor a José Andrés de Oteyza, el otrora cabildero de Juan Miguel Villar-Mir en los grandes negocios que OHL hizo aquí hace 12 años.

A LOS QUE les viene bien la crisis de distribución de gasolinas que arrastra Pemex son a los Invex, de Juan Guichard, y Grupo Simsa, de Salomón y Nesim Issa. Estos empresarios tienen prácticamente listo el primer ducto privado para transportar combustibles del puerto de Tuxpan a Tula. Estamos hablando del Sistema Tajín, de 300 kilómetros, que incluye terminal portuaria y dos plantas de almacenamiento. Es un proyecto en el que invertirán 500 millones de dólares, de los que ya se aplicaron 150 millones. En el financiamiento están participando bancos comerciales. Considere a Santander que maneja Héctor Grisi, BBVA-Bancomer que dirige Eduardo Osuna, Sabadell que comanda Francesc Noguera y Sumitomo que representa Alfredo Santillán.

UN PASIVO CONTINGENTE de 70 millones de pesos más se les va agregar a Marcelo Ebrard y a Graciela Márquez cuando cuantifiquen el monto de indeminizaciones a pagar por el cierre de ProMéxico. Es una liquidación que aún se dirime en tribunales atribuido al despido de 23 trabajadores que hicieron Carlos Guzmán y Ernesto de Lucas cuando dirigían ese fideicomiso, el primero con Felipe Calderón y el segundo con Enrique Peña. Ambos ignoraron que estaban protegidos por el Apartado “A” de la Ley Federal del Trabajo. Los actuales secretarios de Relaciones Exteriores y Economía también hicieron caso omiso. La eliminación de ProMéxico implica un perjuicio a 486 servidores públicos. Bajita la mano la decisión costará unos 350 millones de pesos.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.