Ruptura por el nuevo Conacyt
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Ruptura por el nuevo Conacyt

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Ruptura por el nuevo Conacyt

23/01/2019
Actualización 23/01/2019 - 10:00

La acusación fue muy fuerte y dividió a la comunidad científica: “En el gobierno de Enrique Peña Nieto se transfirieron 50 mil millones de pesos de ciencia a empresas privadas”.

Hace unos días, la actual directora del Conacyt, María Elena Alvarez-Buyllá, armó un zafarrancho entre académicos, científicos e investigadores.

Hay quienes dicen que debe haber apoyos públicos para vincular a las empresas con la investigación y quienes, como ella, que piensan que simplemente no.

Y la funcionaria remató: “No es aceptable en un país en el que ni siquiera hemos llegado, según mis números, a invertir 0.4 por ciento del PIB en el aporte nacional a ciencia y tecnología. No entiendo cómo durante seis años se hicieron estos movimientos”.

Pero parte de la comunidad científica respondió al grito de guerra y precisó que el presupuesto del Programa de Estímulos a la Innovación (PEI), que es el programa operado por el Conacyt para empresas privadas, fue de 21 mil 342 millones de pesos en el periodo 2013-2018, no de 50 mil millones.

Es más: al sumar el presupuesto del programa desde 2009 (año de su creación) el total es de 30 mil millones, lejos aún de la cifra que citó Alvarez-Buyllá el 16 de enero en el Foro Consultivo Cuantifico y Tecnológico.

En honor a la verdad, hay que decir que el 76 por ciento de los recursos del PEI fueron destinados a micros, pequeñas y medianas empresas para financiar proyectos de tecnología en conjunto con universidades y centros públicos de investigación.

Los apoyos de este programa se otorgan a proyectos calificados positivamente por evaluadores externos al Conacyt, los cuales se realizan en colaboración con instituciones de educación superior y centros públicos de investigación.

Cada año más de mil evaluadores, científicos del Sistema Nacional de Investigadores, tecnólogos y expertos, participan en el análisis de estos proyectos.

El problema de fondo entre el Conacyt de este gobierno y el anterior es que la ruptura es real y apenas empieza. Hoy se habla de la soberanía científica y tecnológica del país, que ayude a resolver problemas urgentes.

Una “ciencia mexicana”, una “ciencia campesina” y una “ciencia de la frontera”. Muy lejos de la universalidad de la ciencia y la investigación que el México real y las empresas necesitan.

POR LO QUE se ve, el gobierno de la cuarta transformación va a lanzar su propia compra consolidada de medicamentos e insumos de salud para cubrir, ahora, el periodo comprendido del 16 de marzo al 31 de diciembre. Conforme a la política del nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador se harán compras consolidadas a fin de garantizar que los pacientes cuenten con medicinas necesarias para sus tratamientos médicos, y que no estén sujetos a un cuadro básico que no está diseñado para responder a esas necesidades médicas. ¿Y entonces que pasó con los contratos por 30 mil 200 millones de pesos que el IMSS, de Germán Martínez, apenas firmó con diversos proveedores en diciembre?

PUES SÍ, LA española Sacyr, cuyo director ejecutivo es Manuel Manrique, se apresta a demandar al Grupo Aeroportuario Ciudad de México. La firma que representa aquí Enrique Alonso ya empezó a asesorarse legalmente. Es otra compañía extranjera que quiere recurrir a la Corte Internacional de Comercio de París. Va a ser la segunda que solicita un arbitraje por el fallido Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM). La primera fue Parsons, que dirige Perfecto Solis, designada gerente del proyecto de construcción. Sacyr y Epccor, de Juan Diego Gutiérrez Cortina, ganaron la losa de cimentación del Centro de Transporte Multimodal.

MUCHOS VAN A perder con la cancelación de la reforma energética que decretó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Dos que ya se la están viendo complicada son Daniel Servitje, dueño de Bimbo, y Eduardo Tricio, dueño de Lala. Son accionistas mayoritarios de Ceiba Perforadora, una firma de la que se hicieron del control en el arranque del sexenio de Enrique Peña Nieto y que ganó contratos de Pemex Exploración y Producción cuando su director era Gustavo Hernández. Ahora que se está reactivando la perforación de pozos terrestres, no se les ve muy activos en la búsqueda de nuevos negocios.

KATE BROWN DE Véjar se convirtió la semana pasada en la copresidenta mundial de arbitraje del afamado bufete DLA Piper. Esta mujer, que recién se incorporó a la firma que comandan aquí al alimón Eduardo Gallástegui y Gerardo Lozano, va a coordinar, junto con otro colega basado en Europa, esta práctica que vaya que va tener mucho auge en nuestro país en este nuevo sexenio de Andrés Manuel López Obrador. DLA Piper, que dirige globalmente Paul Edwards, maneja un plantilla de unos 4 mil 200 abogados en 40 países. Desembarcó en México en el 2015.

SI BIEN PRÁCTICAMENTE no hubo delegación que represente a la cuarta transformación en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, en la Feria Internacional de Turismo de Madrid, España, fue otro el cantar. Allí sí está el titular del ramo. Uno de los proyectos que seguramente anunciará Miguel Torruco es un China Town en el que se invertirán 120 millones de dólares. El complejo, que estará en Mexicali, pretende crear alrededor de 3 mil empleos. Se levantará sobre una superficie de tres hectáreas que aportará el estado. Tres grupos ya alzaron la mano para desarrollarlo.

OTRA MARCA HOTELERA de lujo que se estrenará en este 2019 es Ritz-Carlton. El primero estará en la Torre Chapultepec Uno en la CDMX, tendrá 153 llaves y significará una inversión de 100 millones de dólares. El segundo en Costa Canuva, en la Riviera Nayarita, de otros 155 millones y 200 habitaciones. Los desarrolladores son Thor Urbana de Jaime Fasja y Mota Engil Turismo que dirige Rafael Lang, respectivamente. Desde hace 25 años, cuando se asoció por primera vez con Enrique Molina, Ritz-Carlton no había podido abrir nuevos hoteles en nuestro país.

AL FINAL EL exsubsecretario de Hacienda, Fernando Aportela, se desistió de abrir una casa de bolsa. El segundo de a bordo de Luis Videgaray en el gobierno de Enrique Peña Nieto ya llevaba los trámites muy avanzados en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que ahora preside Adalberto Palma, pero sorpresivamente los suspendió. Su intermediaria se iba a llamar Altor

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.