Grillas contra el canciller
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Grillas contra el canciller

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Grillas contra el canciller

13/01/2020

Con la novedad de que las grillas contra el secretario de Relaciones Exteriores, basadas en identificar a Javier López Casarín como operador alterno de la Cancillería, tienen como origen a un funcionario de la Embajada de México en Washington. En concreto señalan, en el ámbito diplomático, al ministro Héctor Ortega a quien se le atribuye haber filtrado información confidencial del Departamento de Estado norteamericano. La lucha, nos dicen, es por la subsecretaría para América del Norte, ante la posible salida de Jesús Seade. Por demás está señalar que este tipo de prácticas son violatorias de los principios que todo diplomático de carrera debe respetar.

Los que cumplieron con eso de que ‘las penas con pan son menos’ fueron el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, y el presidente López Obrador, quienes se reunieron para tener un “suculento desayuno”, que consistió en un pan de piloncillo elaborado por el propio gobernador. “Me levanté muy temprano para hacer el PAN”, dijo Corral, quien apenas unos días atrás había sido balconeado por la Presidencia de no asistir a las reuniones de seguridad con los delegados de programas sociales. Habrá que ver si a partir de este desayuno, Javier Corral toma fuerzas para relanzar la estrategia de seguridad en Chihuahua, donde la criminalidad aumenta día a día.

La preocupación de Washington está en “los laboratorios de fentanilo mexicanos, que están listos para inundar a los Estados Unidos”. O al menos así lo dejó ver William Barr, procurador estadounidense, en un editorial publicado este fin de semana en The Washington Post. En la Unión Americana el fentanilo es considerado una sustancia ilegal y hay prohibiciones jurídicas para su distribución. Pero estas normas vencen en febrero, y la mayoría en la Cámara de Representantes no parece dispuesta a refrendar esta restricción. Mientras tanto, la inquietud del fiscal mexicano, Alejandro Gertz, también está en el Congreso, pero con una reforma al Código Penal Nacional.

Tras el fallecimiento del almirante Juan Ramón Alcalá Pignol, la Administración Central de Operación Aduanera queda acéfala. El reto que tendrá el Presidente es el nombramiento de su nuevo titular en una de las instancias más polémicas. Para muestra, un botón, pues durante la semana que concluyó hubo una protesta de empleados que señalaron favoritismos y que a los “consentidos” se les coloca en aduanas “estratégicas”. Los quejosos señalan también que ven a algunos extrañamente interesados en zonas con operaciones de hidrocarburos y armas.

Nos comentan que en la reunión de mañana de la Conferencia Nacional de Gobernadores ya se alistan varios temas a tratar con el presidente López Obrador y el Gabinete de Seguridad. Resulta que a la polémica por la exhibición de los mandatarios que no asisten a las reuniones mañaneras de seguridad, ahora se sumará el tema del Insabi con el rechazo de varios mandatarios a abandonar el Seguro Popular. Un asunto delicado más será el de la inseguridad en las escuelas, tras el tiroteo del niño de 11 años en Coahuila.

La senadora panista Xóchitl Gálvez solicitó, mediante un punto de acuerdo, a la Secretaría de Gobernación, que encabeza Olga Sánchez Cordero; al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y al Fonatur, un informe sobre el proceso de consulta realizado a pueblos y comunidades indígenas, respecto del Tren Maya. De acuerdo con la legisladora, las consultas que se realizaron en noviembre y diciembre pasados, en Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán, presentaron “vicios de fondo”, ya que no existen aún estudios de impacto ambiental. Veremos si la mayoría de Morena en la Comisión Permanente lo avala.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.