Promover la inclusión a través del encuentro, el análisis y las propuestas legislativas
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Promover la inclusión a través del encuentro, el análisis y las propuestas legislativas

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Promover la inclusión a través del encuentro, el análisis y las propuestas legislativas

28/03/2018
Actualización 30/11/-1 - 0:36
logo Elena Edith Segura Trejo
Diputada local

Recientemente, el periodista Javier Risco dedicó un espacio en este diario para manifestar su rechazo a la “Ley Integral de las personas con Síndrome de Down”, la cual promoví e impulsé en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Así, en virtud de los calificativos que utiliza el autor, resulta pertinente aclarar los procesos legislativos que acompañaron la publicación de dicho decreto, desde su carácter de iniciativa, hasta el proceso de discusión y aprobación.

No me referiré a las expresiones ofensivas que el autor utiliza para referirse a las instituciones de la Ciudad de México, concretamente, a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales. En este caso, explicaré algunos procesos y circunstancias indispensables para comprender el proceso legislativo y no generar confusión entre los lectores, con los datos imprecisos que señala la opinión que comento.

Con el objetivo de no causar incertidumbre en la población, es fundamental puntualizar que el artículo 37 del decreto no brinda atribuciones a la policía para detener a las personas con Síndrome de Down; faculta a las autoridades competentes, únicamente ante el extravío de un menor de edad con Síndrome de Down, con la finalidad de proteger su integridad, en primera instancia, así como de realizar todas las acciones necesarias para localizar a sus familiares.

Esto se encuentra contemplado claramente en la ley y las autoridades competentes no son la policía, como se afirma de forma errónea, ante el posible desconocimiento de este procedimiento.

De forma categórica, me dirijo a los lectores y a quienes estamos vinculados con personas con Síndrome de Down para afirmar que la ley no criminaliza ni margina a ningún segmento poblacional de nuestra sociedad; está sustentada en el trabajo de varios meses de análisis y en la participación de diversas organizaciones civiles, así como de autoridades vinculadas con el tema.

La ley busca fomentar los mecanismos, acciones y programas especializados e integrales para que sea posible asegurar el derecho de inclusión de todas las personas, en este caso, de quienes presentan Síndrome de Down.

He sido funcionaria pública por más de 30 años, lo cual me ha brindado la oportunidad de conocer los problemas de la sociedad capitalina. Asimismo, soy legisladora desde hace casi tres años, en una de las ciudades más importantes del mundo. Soy madre de un joven con Síndrome de Down, Alexis, quien es mi motor y orgullo desde hace 29 años.

Conozco las complicaciones que enfrentan las familias que no cuentan con los recursos necesarios para brindar los elementos de desarrollo a quienes presentan Síndrome de Down. En estas familias nos enfocamos, de forma prioritaria, cuando construimos la iniciativa.

Por tal motivo, en diversos foros, he reconocido que falta largo trecho por andar para mejorar la atención y la inclusión en este tema; éste es un pendiente de todos. Sin embargo, es con la suma de esfuerzos, basados en el análisis profundo, la discusión seria y los consensos dirigidos a priorizar el bienestar común, como enfrentaremos los retos que impone nuestra sociedad, en el marco de una Constitución Política de la Ciudad de México.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.