Por Josefina Román Vergara, Comisionada del INAI
El Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, proporciona desde el año 1995 información relevante sobre temas de gobierno abierto, rendición de cuentas, libertad de expresión, transparencia, integridad en el servicio público y un acceso igualitario a la justicia; por lo que los resultados obtenidos son un referente internacional en los niveles de corrupción de los países.
Para el caso de México, este índice lo posicionó en el año 2018 en el lugar 138 con una calificación de 28 puntos, descendiendo 3 lugares del ranking de 2017. Históricamente su posición no se ha encontrado por encima de la media internacional y, durante 2018 obtuvo su peor calificación desde 1995.
En México se han realizado diversas reformas constitucionales, así como promulgaciones de leyes federales y estatales que, de manera directa e indirecta, juegan un papel importante en la lucha contra la corrupción.
El objetivo es claro, estas acciones buscan fortalecer la rendición de cuentas del Estado Mexicano a que se refiere el último párrafo de la Base A del artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; ya que es justamente a partir de este precepto constitucional donde surge lo que llamo Sistema de Sistemas, que esencialmente busca crear sinergia entre las autoridades que integran los diferentes sistemas nacionales: el de Transparencia, Archivos, Fiscalización, de Información Estadística y Geográfica, de Mejora Regulatoria y Anticorrupción; y con ello generar inteligencia institucional para comunicar y compartir información valiosa para detectar posibles actos de corrupción, investigarlos o sancionarlos.
Sabemos que la transparencia no es un elemento aislado, sino que, es con la interacción de estos sistemas que se debe generar una plena rendición de cuentas, cuya consecuencia primigenia será un conocimiento de los ciudadanos sobre el actuar de los gobernantes y un determinante ejercicio del Estado de derecho; ya que cada uno de los sistemas aporta un elemento significativo para su operabilidad: la fiscalización, el derecho de acceso a la información y la transparencia, los documentos que validan el ejercicio público, la optimización de trámites, y por último, la estadística.
¿Qué debemos hacer las autoridades? La respuesta a esta pregunta será buscar los mecanismos más eficientes de coordinación en tres etapas: primero, al interior del propio sistema al que pertenecen; en segundo lugar, entre los distintos órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal), y tercero, con otros sistemas.
Los sistemas nacionales a que hice referencia cobran suma importancia, pues su labor fundamental es la coordinación de estrategias.
Lo anterior permitirá transitar de sistemas independientes a un conjunto de sistemas que funcionen como instancias de participación y deliberación de estrategias o políticas públicas en sus diversas materias, que fortalezcan los trabajos propios a fin de conseguir el resultado esperado que, en otras palabras, es el combate a la corrupción.
Uno de los principales retos es comenzar a identificar que el elemento común entre los sistemas mencionados es la creación de una plataforma o programa donde se divulgue información, que sirva de comunicación entre sus integrantes, para transparentar algún proceso, rendir cuentas o dar a conocer datos relevantes; de esta forma, el Sistema Nacional de Transparencia, a través del INAI, como pieza clave de interacción, puede configurar diversas propuestas a sumarse en otros sistemas que puedan facilitar el trabajo, específicamente, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, ya que ésta engloba a las distintas plataformas y sistemas.