Las compras a plazos y las Mipymes
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Las compras a plazos y las Mipymes

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Las compras a plazos y las Mipymes

14/02/2020

Por Jaleyna de la Peña, presidenta del Comité Jurídico de Coparmex

En los próximos días se someterá a votación en el Senado de la República el Dictamen de Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona el artículo 84 Bis y reforma los artículos 85 y 380 del Código de Comercio.

La propuesta legislativa formulada por la senadora Nancy de la Sierra Arámburo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, establece que en el caso de los contratos mercantiles traslativos de dominio, que tengan un precio cierto como contraprestación a la entrega de bienes, el plazo para hacer el pago de dicho precio no exceda de 30 días naturales, contados a partir de la fecha de entrega de la cosa. Dicho en otras palabras, todas las compraventas mercantiles deben cubrirse en un mes.

La finalidad de esta reforma, según se desprende de la exposición de motivos de la iniciativa, es apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) ante uno de los grandes problemas que enfrentan diariamente, que es la falta de liquidez derivado del atraso o incumplimiento de pago de sus consumidores o clientes.

Aunque la propuesta de modificación y adición a la legislación mercantil aludida tiene un fin loable, de apoyo e impulso al crecimiento empresarial, pasa por alto un principio jurídico básico en los actos de comercio, que es LA VOLUNTAD.

Los actos celebrados por comerciantes se rigen por el principio de derecho básico que dice “La voluntad de las partes es ley suprema”, esta máxima también está contemplada en el artículo 98 del Código de Comercio, que dice “En las convenciones mercantiles cada uno se obliga en la manera y términos que aparezca que quiso obligarse, sin que la validez del acto comercial dependa de la observancia de formalidades o requisitos determinados”.

Hoy en día, las partes que intervienen en una operación comercial son libres de pactar el plazo de pago que mejor acomode a sus intereses. La estrategia comercial que tengan proveedor y comprador los lleva a negociar pagos de contado o a plazos, según las circunstancias de cada caso.

De aprobarse, este plazo aplicaría no solo para Mipymes, sino a todos los comerciantes.

El diagnóstico del problema es parcialmente correcto, pero la solución propuesta es inadecuada y contraviene con disposiciones contenidas en diversas legislaciones. Una restricción generalizada de las operaciones a plazos, más que ayudar perjudicaría a las Mipymes, pues si bien es cierto que en algunas ocasiones una pequeña empresa debe esperar más de 30 días por el pago de la mercancía vendida, no menos cierto es que en muchas ocasiones esa misma empresa aprovecha para comprar a plazos (mayores a 30 días), la mercancía que posteriormente pondrá a la venta, ya sea de contado, o con los mismos plazos. Así pues, la prohibición tajante de los plazos tendrá un efecto búmeran, ya que con la propuesta legislativa se restringiría a las Mipymes el acceso al crédito ordinario con sus proveedores.

Con esta reforma a la ley se estarían adoptando medidas desproporcionadas y, a final de cuentas, inviables para la situación que quieren remediar. Además, en forma irracional se estaría afectando al consumidor final de mercancías, que suele realizar compras a plazos de manera frecuente.

Coincidimos en que urge una legislación que en forma efectiva apoye a las Mipymes, pero con soluciones que mejoren su competitividad. El dictamen del Senado es omiso en advertir que uno de los principales lastres para las Mipymes es la complejidad burocrática para el inicio de operaciones, la carga fiscal y de seguridad social excesiva. No son los miembros de la cadena productiva quienes suelen acabar con las Mipymes, sino el sistema poco amistoso del Estado para generar un ambiente propicio para los emprendedores. Aquí es donde está el gran reto. Cómo apoyar a todos los pequeños comerciantes y productores que deciden entran en la formalidad, y que día a día se ven agobiados por las pesadas cargas que se le imponen.

Debe realizarse un estudio más a fondo para poder generar una modificación a la ley en la cual el sistema de pagos a plazo reciba tratamiento diferenciado, en función de las características especiales de los proveedores y consumidores de servicios. Hay relaciones comerciales entre grandes empresas, otras entre pequeñas y medianas, y otras más cruzadas entre grandes y pequeños. No se debe ni se puede dar el mismo tratamiento a todas la Mipymes, y en ninguna forma puede pasarse por encima de la voluntad de los contratantes, salvo las excepciones que la misma ley prevé.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.