Por Josefina Román Vergara, comisionada del INAI
Como nunca antes en la historia, las naciones enfrentan un enemigo en común, el SARS-CoV-2 o Covid-19; con independencia de su forma de gobierno o recursos económicos todas quieren erradicarlo, este microscópico virus ha ocasionado no solo cuantiosas pérdidas monetarias, sino humanas, no conoce de fronteras ni de índices de desarrollo, afecta a los seres humanos sin distinción de raza y territorio; tan sólo Estados Unidos que en materia económica es de los más fuertes tiene el mayor número de infectados.
Aún y cuando no podemos saber cuáles son las repercusiones que traerá, estamos ciertos, de acuerdo con lo referido por los especialistas, que serán funestas en todos los ámbitos y sectores y que nos impactará a todos. La humanidad enfrentará una crisis sin precedentes, pero el Covid-19 nos ha mostrado una verdad irrefutable: como ciudadanos del mundo, todos somos iguales; ricos o pobres, blancos o negros; sin distinción de raza, color, edad o género, todos somos susceptibles de contagio. Esta igualdad que en primera instancia se percibe física u orgánica entre la especie humana, demuestra que, con independencia de nuestras características físicas, capacidades intelectuales o situaciones sociales, todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Este derecho a la igualdad es reconocido en nuestra Constitución, al establecer que todas las personas tienen derecho a gozar y disfrutar de la misma manera los derechos reconocidos por ésta, los tratados internacionales y las leyes, y al prohibir, de manera específica, toda exclusión o trato diferenciado motivado, entre otros, por condiciones de salud, que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas; sin embargo, con no poco asombro y dolor he visto diversas publicaciones que dan cuenta de los ataques y actos de discriminación en contra del personal de la salud que dedica sus esfuerzos a combatir la enfermedad y hacia personas que se encuentran infectadas con el virus; entiendo el miedo y la incertidumbre, pero ello de ninguna manera justifica el odio y la agresión hacia otro ser humano.
En esta situación de igualdad en la que nos encontramos ante la pandemia, debería prevalecer la solidaridad y empatía hacia los contagiados y hacia todo el personal de salud que diariamente se expone para salvar vidas. Desde nuestra trinchera como comisionados del INAI, nos toca velar por la protección de sus datos personales; la ley de la materia establece que los datos sensibles, como los de salud, son aquellos que afectan a la esfera más íntima de su titular, o porque su utilización indebida puede dar origen a discriminación o conllevar un riesgo grave para éste, por lo que es claro que la información de quienes han dado positivo al virus y de los médicos, enfermeras o personal tratante de este padecimiento, debe tener esta categoría y estar especialmente protegida. Si bien, conforme al derecho de acceso a la información es posible obtener información confidencial, por razones de salubridad nacional, en este caso, aún y cuando el Covid-19 sea de interés público, no puedo estar a favor de la publicidad de la información de pacientes y tratantes; no cuando ello pueda implicar un riesgo a su seguridad; es nuestro deber proteger sus datos y evitar cualquier acto de discriminación en su contra, no podemos ni debemos implementar sistemas para identificar por medio de smartphones y geolocalización a personas que son portadoras del virus o que han tenido contacto con éstas; ya nos lo ha probado el Covid-19: somos iguales, como finamente lo refiere el Gobierno de China al citar lo dicho por Séneca en los contenedores con insumos para combatirlo, somos olas del mismo mar, hojas del mismo árbol y flores del mismo jardín; gobierno que, paradójicamente, de acuerdo con fuentes periodísticas, cuenta con un sistema de geolocalización.