Por Eugenio Monterrey Chepov, Comisionado del INAI.
Uno de los aspectos más relevantes de la reforma constitucional de febrero de 2014 en materia de transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y archivos, fue la construcción, por un lado, y el reconocimiento institucional, por el otro, del trabajo conjunto que vinieron a desarrollar los organismos garantes de transparencia de todas las entidades federativas, siempre bajo un esquema de ejercicio paritario y de exclusión de paternalismos federales.
Este ejercicio dual de construcción y reconocimiento, mismo que explicaré un poco más adelante, se resume y sintetiza en el Sistema Nacional de Transparencia o bien, como se ha entendido en ciertos círculos, sobre todo académicos, la gran asamblea de los organismos garantes del país, con la participación de la Auditoría Superior de la Federación, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y el Archivo General de la Nación.
El Sistema Nacional de Transparencia es la respuesta institucional al establecimiento de una política de Estado en los diversos rubros que comprendió la reforma constitucional citada y cuya finalidad esencial radica en generar los instrumentos normativos que forjan el mismo piso homologado para ejercer en términos de universalidad dos derechos fundamentales: el acceso a la información pública y la protección de los datos personales.
Situación que no fue posible alcanzar ni en los días pioneros de 2002 con la entonces Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ni con la entusiasta reforma constitucional de julio de 2007 al artículo 6º de la Ley Fundamental que intentó sin éxito parametrizar y alinear los contenidos normativos de las leyes de acceso a la información. Por lo que, dicho de otro modo, ese caleidoscopio multiplicador que propiciaba una heterogeneidad indeseable se mantuvo hasta en tanto no llegó la reforma de 2014.
La tan esperada homologación en el ejercicio parejo sin distinciones artificiales viene a ser construido por las determinaciones del Sistema Nacional de Transparencia que recoge, no sólo las voces, sino las decisiones basadas en las realidades de todas y cada una de las entidades federativas.
El origen del Sistema Nacional se remonta a una buena práctica gestada desde los inicios de ese glorioso IFAI cuando en el seno de éste existía apenas una dirección de área que atendía a Estados y Municipios, en un marco de respeto al esquema del sistema federal tradicional. Con el tiempo, a propuesta de algunas de las voces más autorizadas en la materia, como la del doctor Mauricio Merino Huerta, se pensó en una especie de "asociación" entre todos los organismos garantes. Así fue, como se creó —no de manera formal, no con un acta constitutiva— la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información, mejor conocida como la COMAIP. Pero el hecho de que no tuviese una existencia formalmente legal no demeritó el entusiasmo y el trabajo colaborativo que cohesionó la dinámica de gestión y participación de todos los organismos garantes, específicamente, los de los Estados y del entonces Distrito Federal. De igual forma, logró que se apreciaran los talentos y las capacidades locales de comisionadas y comisionados de los institutos o comisiones de transparencia estaduales.
Incluso, logró definir con mayor claridad el papel que el IFAI tendría en la relación con las entidades federativas, al hacer a un lado esos paternalismos malentendidos y a veces sobreentendidos que surgen de la Federación hacia la periferia.
Dato, por demás relevante, a pesar de la falta de personalidad jurídica de la COMAIP, se logró gracias a ésta, que en la entonces Ley Federal de Archivos, de 2012, la Conferencia tuviera un lugar permanente con voz y voto en el Consejo Nacional de Archivos.
Si bien en 2014 se construyó el Sistema Nacional de Transparencia como una instancia referida en la Constitución y en la Ley General de la materia, también hay un ejercicio de reconocimiento a la labor que inspiró la COMAIP para crear al Sistema Nacional.
Recientemente, en noviembre del año pasado, en el Sistema Nacional se han renovado las estructuras de funcionamiento en un proceso democrático, imparcial y competitivo. Con diez comisiones temáticas (comunicación social, rendición de cuentas, datos personales, etcétera), cuatro comisiones regionales (Centro, Centro-Occidente, Norte y Sureste) y la Coordinación de los Organismos Garantes de las Entidades Federativas.
De este universo, basta señalar dos datos. Uno, que en las Comisiones Regionales citadas la coordinación quedó de la siguiente manera: Ciudad de México, Aguascalientes, Baja California Sur y Veracruz. Y en la Coordinación de todos los organismos locales, quedó encabezada por la Comisionada Presidente del organismo garante de Jalisco.
Enhorabuena.