La división de los poderes como derecho fundamental
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La división de los poderes como derecho fundamental

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La división de los poderes como derecho fundamental

08/01/2019

La historia política y constitucional de México ofrece un parámetro de comportamiento de las instituciones públicas de nuestro país, especialmente a partir de la década de 1990 en la que se comprendió que era momento de superar la idea equivocadamente tripartita del poder público y que, sin dejar de ser una república presidencial, acotar a ese Poder Ejecutivo mediante una idea renovada de la división del ejercicio de ese mismo poder público.

Esa visión se tradujo en la creación de organismos autónomos constitucionales, a los cuales se les confirió tareas muy específicas y el establecimiento de una sana distancia de esa fuerza centrífuga que es el presidencialismo mexicano, tal cual lo entendía Jorge Carpizo.

En forma muy particular, la institución que inauguró ese sendero de la división de poderes fue el IFE, puesto que la democracia electoral fue el punto de partida para una aspirable transición a la democracia.

A partir de ahí, la brecha se ensanchó y varias de las atribuciones antes conferidas al Ejecutivo federal fueron transmitidas como exigencia democrática y de gobernabilidad a una serie de entes a los que se les dotó de autonomía constitucional. Así, la defensa de los derechos humanos o la política monetaria quedaban fuera ya de los dominios presidencialistas para formar parte de instituciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Banco de México, respectivamente.

En ese sentido, la misma lógica surgió en 2014 para garantizar de modo efectivo dos derechos fundamentales: el de acceso a la información pública y el de protección de datos personales. Esto es, que los organismos garantes de transparencia generaran una sana y respetable distancia tanto con los Ejecutivos locales como con el Ejecutivo federal. Amén, de que dicha uniformidad en la naturaleza jurídica de estos organismos también garantiza ahora el principio de universalidad de los derechos fundamentales.

Así las cosas, esos espacios de autonomía constitucional se han vuelto nichos y refugio de competencias y derechos ante posibles embates de las autoridades ejecutivas.

El distinguido profesor alemán Peter Häberle ha propuesto desde hace ya algunos años en su obra El Estado constitucional, entender que el principio de división de poderes ha superado ya el lugar que tenía como garantía política —que fue el motivo por el cual originalmente surgió— para conformar ahora un verdadero derecho fundamental. Esto es, que el principio de división de poderes entendido como derecho humano permite la posibilidad a cualquier individuo de mantener esos espacios de autonomía constitucional y evitar posibles regresiones a etapas en las que los Poderes Ejecutivos acumulaban todo tipo de atribuciones.

El planteamiento es provocador tal como lo propone Häberle y parece que el escenario constitucional mexicano puede ser la oportunidad para llevarlo a la práctica.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.