El éxodo de la experiencia
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El éxodo de la experiencia

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El éxodo de la experiencia

11/10/2019

Por Alejandra Marcos, Directora de Análisis y Estrategia en Intercam Casa de Bolsa.

Esta semana se aprobó la Ley de Austeridad que es un grave desacierto de esta administración. Desde el comienzo del sexenio, funcionarios públicos de mandos superiores sufrieron un fuerte recorte en ingresos, cancelación de prestaciones como servicios médicos privados, bonos, y un largo etcétera. Ahora, la Ley de Austeridad Republicana les impedirá trabajar en la iniciativa privada, por al menos, un periodo de diez años, una vez que dejen sus funciones. La limitante desincentiva la permanencia de profesionales preparados, con elevadas capacidades técnicas, discernimiento y solución de problemas. Por otro lado, la aplicación de la ley genera una situación perversa, porque es un obstáculo para la atracción del mejor talento y, por ende, pudieran acabar conformando el servicio público con profesionistas poco calificados.

Es innegable que en el pasado ha habido casos escandalosos de corrupción, y que algunos servidores públicos tenían enormes privilegios. Sin embargo, es la falta del Estado de derecho la que hace posible que servidores públicos se beneficien de sus posiciones, sabiendo que aunque infrinjan la ley no serán castigados. Existen varios mecanismos legales para sancionar la corrupción y el uso indebido de información privilegiada –cuestiones que trata de abatir esta ley–, pero su ejecución ha sido ineficiente. Además, es cierto que es una práctica común –aunque no ilegal–, el que varias empresas contrataran a exservidores públicos para tener conexiones con el gobierno y facilitar la toma de decisiones y la solución de problemas. Por ello existe una imposibilidad de un año para que los servidores públicos desempeñen funciones en la iniciativa privada tras haber dejado sus labores. Esta misma veda para países desarrollados es de un año, y hasta tres en los casos más severos, como en Francia. Establecer una veda de diez años, propuesta por la ley recién aprobada, es mucho más estricto que el estándar internacional, y es el plazo más alto en el mundo. Por otro lado, esta imposibilidad de laborar en la iniciativa privada por un año, iba acompañada de un seguro de separación individualizado con el que el funcionario podía subsistir. Ahora, con la Ley de Austeridad, el plazo de inhabilitación propuesto es mucho mayor, y el funcionario no cuenta con dicho seguro, por lo que resulta una medida perniciosa que, en un extremo, pudiera generar mayor corrupción.

Independientemente de los recortes a sus prestaciones, los funcionarios públicos de altos mandos ahora se verán imposibilitados de trabajar en las empresas, lo que ha originado una desbandada en varias dependencias del gobierno. El caso más reciente, ya comentado en la prensa, es el de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, donde las capacidades técnicas especializadas son indispensables para la correcta regulación y supervisión del sistema financiero, que es la columna vertebral para generar crecimiento en la economía.

La pérdida de personal calificado en el sector público dificultará el manejo y administración de los organismos gubernamentales, cuyo mandato es procurar el buen funcionamiento de los sectores de la economía. Si el sector público no logra atraer profesionistas con el nivel técnico y experiencia suficiente, se podrían generar problemas de entendimiento entre la entidad pública y los sectores regulados, y en consecuencia se dificultará su crecimiento.

El costo de la ley es grande y el beneficio es moderado. A cambio de tratar de evitar casos aislados de corrupción, se está minando la posibilidad de que a través del talento especializado se genere un mayor potencial de crecimiento en la economía. Los directivos a cargo de la toma de decisiones no serán necesariamente los que cuenten con los conocimientos y experiencia necesarios para impulsar los distintos sectores productivos. Por lo tanto, de darse la escasez de talento en el sector público será un ingrediente adicional a la falta de confianza, tan necesaria para detonar la inversión privada y el crecimiento económico.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.