Por Mauricio Farah, secretario general de Servicios Administrativos del Senado y especialista en derechos humanos
¨Vamos a trabajar para enmendar
la vergüenza moral y nacional
del gobierno anterior."
Joe Biden
En sus primeros 30 días como presidente de Estados Unidos, Joe Biden dio un giro de 180 grados a la política migratoria establecida por su antecesor: además de firmar nueve órdenes ejecutivas en esta materia, envió al Congreso su proyecto de reforma migratoria.
En cuatro años Donald Trump emitió más de 400 órdenes ejecutivas en materia migratoria, muchas de ellas relacionadas con restricciones, rechazo y criminalización de migrantes, y fue prolífico en descalificaciones y adjetivos hacia los indocumentados; por su parte, Biden ha dictado en un mes medidas sólo en favor de las personas migrantes.
Se trata, como él mismo precisó, de deshacer las malas políticas de Trump, lo que es de celebrarse pues las del expresidente fueron políticas regresivas, en contra de los escasos avances comprensivos hacia la migración que se habían logrado en lo que va del siglo.
Apenas Biden juró el cargo, dio por terminada la "emergencia nacional en la frontera sur" y por lo tanto canceló la construcción de un muro que tuvo más presencia en la retórica electoral trumpista que en la frontera, pues su avance fue mínimo.
Otra orden ejecutiva de gran calado es el restablecimiento de la protección a los dreamers, alrededor de 700 mil jóvenes que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños y a los que Trump acosó durante cuatro años con la amenaza de que cancelaría el programa de Acción Diferida (DACA), decretado por Barack Obama.
Otras medidas relevantes disponen: reunificar con sus familias a niñas y niños que fueron separados por el programa de Tolerancia Cero; terminar con el Protocolo de Protección a Migrantes (MMP), que establecía que los solicitantes de asilo permanecieran en México mientras se resolvía su petición; e incrementar de 15 mil a 125 mil los refugiados que recibirá Estados Unidos cada año.
Especialmente significativo fue el envío a la Cámara de Representantes de su propuesta de reforma migratoria, cuyo avance se pretende sea gradual.
De aprobarse, sería la primera reforma migratoria integral en más de 30 años. Para Clinton no fue tema; Bush y Obama no pudieron; y Trump, desde luego, nunca quiso.
El proyecto de Biden se denomina "Ley de Ciudadanía de los Estados Unidos de 2021" y de concretarse representará un enorme avance para los migrantes y también para EU: por ejemplo, de acuerdo con el Center for American Progress, citado por el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, los beneficiarios de DACA aportarán alrededor de 460 mil millones al PIB nacional a lo largo de esta década.
En síntesis, el proyecto considera un camino a la ciudadanía para 11 millones de paisanos, con la amistosa restricción de que hayan llegado a Estados Unidos antes del 1 de enero de 2021.
Los primeros favorecidos serán quienes estén adscritos a DACA, luego los trabajadores agrícolas y después los empleados en labores esenciales.
Una vez que sean aceptados los solicitantes, se les otorgará estatus temporal por cinco años y la ciudadanía en tres años más.
Las familias que hayan sido separadas por el Programa Tolerancia Cero serán acreedoras a estatus legal y a servicios de salud mental.
En materia de seguridad el proyecto establece concentrarse en los indocumentados que representen una amenaza, lo que significa cesar la persecución y la deportación sistemática.
En esta ocasión, los impulsores de la reforma no van por el todo o nada. Van por el paso a paso ante un Congreso dividido: en la Cámara de Representantes, 221 demócratas y 211 republicanos, además de tres vacantes; y en el Senado, 50 republicanos y 48 demócratas, a los que se han unido dos independientes.
En el entendido de que falta mucho camino, quienes hemos seguido la lucha por la reforma migratoria en Estados Unidos apreciamos lo que cada una de estas disposiciones significaría para millones de personas.
Ojalá.