Esta semana, el presidente López Obrador dijo “no queremos inversión extranjera a cualquier precio”, refiriéndose a la clausura que el Gobierno Federal hizo de terrenos de la empresa Vulcan Materials en Playa del Carmen, Quintana Roo. El presidente de México ha calificado la operación de la empresa como una “catástrofe ecológica” por la explotación de piedra caliza, y en los hechos EU lo percibe como una amenaza de expropiación.
No es un conflicto nuevo; data de 2019 cuando la empresa interpuso una serie de demandas de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial. Sin embargo, la disputa ha ido subiendo de tono y, en 2022, Vulcan Materials denunció públicamente que el gobierno mexicano invadió sus predios con policías y militares para tomar control de Puerto Venado, que hasta ese momento controlaba la empresa. Vulcan Materials afirmó entonces que México ya no era un lugar seguro para los inversionistas extranjeros, y reportes periodísticos mencionaban que lo que el Presidente buscaba era agilizar la terminación del Tren Maya, por lo que necesitaba del puerto para recibir cemento, piedra pulverizada y otros materiales.
Vulcan Materials opera en México desde hace más de 30 años y en Estados Unidos es una de las empresas más importante en la producción de insumos para la construcción, con 10% del mercado de agregados como grava y arena. La empresa opera en 22 estados de EU, y con su gran poder de gestión, escaló el conflicto hasta el Senado estadounidense.
Durante una audiencia del secretario de Estado, Anthony Blinken, ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, el senador demócrata Tim Kaine cuestionó esta semana la falta de certeza jurídica para las inversiones estadounidenses en México. Kaine demandó mejores resultados por parte de Blinken en su labor como canciller, lo cual es relevante porque ambos pertenecen al mismo partido. El senador Kaine, además, ha promovido a lo largo de su carrera la necesidad integrar a Estados Unidos con América Latina. Sin embargo, en este caso, Kaine pidió mayor rigor contra el gobierno de México.
Esta discusión no puede pasar desapercibida en México por varias razones. Primero, porque de ello depende el nearshoring, que no es sino la llegada y permanencia de las empresas extranjeras que buscan la integración de sus filiales en México para una proveeduría regional. Las cifras preliminares de inversión extranjera directa (IED) durante el primer trimestre de 2024 confirman que quienes ya operan en México, se quedan: 97% de la IED fue reinversión de utilidades.
Segundo, Estados Unidos es nuestro principal inversionista y socio. 52% de la IED proviene de EU y es con quien intercambiamos el 80% de nuestro comercio exterior. Si bien México también es el principal socio de EU, representamos un modesto 16% de su comercio de mercancías con el mundo. Con el reporte del desempeño del tratado comercial vigente en puerta, México debiera alistar tanto su agenda de temas para revisar en 2026, como sus garantías de que existe certeza jurídica para quienes invierten en México.
No es Vulcano Materials, sino el grueso de los inversionistas los que pueden pausar sus decisiones de inversión en México si esta discusión sigue escalando. A diferencia de lo ocurrido en 2018 con el triunfo de AMLO, en los últimos años los inversionistas han percibido continuidad, y con ello se augura cierta certidumbre para invertir en México, garantizando dinamismo en la actividad económica durante el primer año de gobierno de la nueva presidenta, distinto a lo que ocurrió en 2019.
Blinken respondió a Kaine que se ha advertido a México sobre el impacto negativo que tiene la confiscación de empresas privadas en la inversión. Sin embargo, eventos como los que reclama Vulcan Materials reviven el fantasma de la expropiación en el sector minero, muy importante para la integración regional. Sólo en México, 12% de la IED es para minería a pesar de que el sector pesa menos del 6% del PIB.
Nadie quiere un ecocidio que afecte a millones de especies, pero resulta poco creíble que a este gobierno le preocupe el medio ambiente, pues ha construido un Tren Maya a la mitad de la selva, sobre un piso poroso y sigue rellenando cenotes con concreto. Así que la pregunta de fondo es ¿qué le motiva más al señor presidente: acabar con la contaminación del Caribe o terminar el Tren Maya antes de irse? Porque claramente generar confianza sobre las reglas del juego y materializar inversiones, no son su prioridad.
Directora de @MexicoComoVamos.