Colaborador Invitado

La herencia del Palacio

El gobierno de López Obrador heredará una presión fiscal significativa para la próxima administración, es decir, heredará el déficit elevado más alto en 36 años.

Estamos a diez días de la elección más grande de la historia democrática del país y un tema ha destacado en la conversación pública por ser tabú: la necesidad de una reforma fiscal a cargo de la administración federal que comenzará el 1 de octubre de este año. Pocos temas poseen una carga tan impopular como las iniciativas para aumentar el cobro de impuestos. ¿La razón? Porque entre las opciones que tienen las autoridades fiscales para disciplinarse –recortar gastos o aumentar impuestos, optar por medidas tributarias, especialmente si están destinadas a gravar los ingresos, tiene efectos directos e inmediatos sobre la disponibilidad de recursos de las familias.

Precisamente por ese aspecto cualitativo que tiene uno de los instrumentos eje en la conducción de las finanzas públicas que se vuelve indispensable entender dos conceptos: el balance fiscal y la posibilidad de que se utilice como una medida contracíclica. Esto es, el comportamiento relativo entre ingresos y gastos públicos, y la forma en que se ajustan para impulsar el crecimiento económico en el corto plazo.

El primero hace referencia a la diferencia que existe entre los ingresos que recauda el gobierno y los gastos que ejecuta. En México, a nivel del sector público federal, destaca por el lado de los ingresos la recaudación tributaria (64%) y la renta petrolera (15%). Mientras que en los gastos sobresalen las transferencias a los estados (26%), el pago de intereses de la deuda (13%) y el pago de pensiones (16%). De forma muy simple: si los ingresos son mayores a los gastos el balance es positivo y a eso se le conoce como superávit. En cambio, si los gastos son mayores a los ingresos el balance es negativo y se registra un déficit.

El segundo concepto se refiere a la forma en que la política fiscal puede contribuir a que la economía se recupere de forma más acelerada después de una contracción. Esto se promueve aumentando el déficit para revertir la posición del ciclo económico. Se le llama contracíclica, porque durante una crisis económica el PIB se contrae y para contrarrestar esa contracción se expande el déficit vía un mayor gasto, menores impuestos o una combinación de ambas.

Una política contracíclica se convierte en una alternativa de política macroeconómica cuando la economía entra en una recesión, esto es, cuando la actividad económica sufre una caída y resulta deseable contener la severidad de la caída o propiciar un entorno de recuperación más acelerado. Al respecto, es necesario recordar que desde el 2000 la economía mexicana se desaceleró al menos dos puntos porcentuales entre el último año del gobierno federal saliente y el primer año del entrante. Si tomamos en cuenta que la mediana de las expectativas más recientes de crecimiento anual para 2024 es de 2.2%, el riesgo de desaceleración para la economía mexicana entre 2024 y 2025 también hace latente una recesión.

La situación es compleja porque el gobierno de López Obrador heredará una presión fiscal significativa para la próxima administración, es decir, heredará el déficit elevado más alto en 36 años: 5.0% del PIB al cierre de 2024, cifra que solo es superada por el 8.7% de 1988. El contraste es significativo porque hace 6 años, cuando comenzaba su propio sexenio, López Obrador heredó una trayectoria sostenible de dicho déficit, en línea con el 2.0% del PIB que establece la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, al excluir dos puntos de inversión productiva.

En cambio, para el cierre de su sexenio el Presidente no podrá heredar una postura fiscal sólida, por el contrario, dejará la tarea de la consolidación fiscal a su sucesora. Es decir, serán la próxima presidenta y la persona que designe al frente de la Secretaría de Hacienda las responsables de ejecutar un mecanismo de política fiscal que reduzca el nivel de déficit del 5.0% del PIB, que se espera para el cierre de este año a 2.5% del PIB al cierre de 2025, valor que es más cercano al equilibrio de mediano plazo que señala el marco legal de responsabilidad fiscal.

La opción más probable combinará más impuestos y menores gastos para reducir el déficit paulatinamente, quizás en un programa multianual para suavizar sus efectos. No obstante, el costo de implementar esta medida puede resultar muy elevado para la economía mexicana, pues se tendría que promover un entorno de restricción fiscal justamente cuando se requiere el mecanismo opuesto, un impulso contracíclico. El entorno será considerablemente complejo para la nueva presidenta y será indispensable pasar del tabú a una discusión impostergable sobre la necesidad de una reforma tributaria en la que el capital político posterior a la elección será crucial para llevarla a buen puerto.

Director de analítica de datos del IMCO y profesor de macroeconomía del ITAM.


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