Las iniciativas de reforma del presidente, un nuevo intento… una vieja estrategia

Este 5 de febrero pasado festejamos a nuestra Constitución de una manera muy poco ortodoxa, en lugar de que su onomástico reuniera a los titulares de los poderes originarios, entre otros entes públicos y miembros del gabinete, para rendirle homenajes de manera institucional, lo que se vivió fue algo muy distinto. Por un lado, en Querétaro, se dieron cita el ministro Pérez Dayan, en representación de la presidenta del Poder Judicial y, por el otro, la licenciada Rodríguez Alcaine, titular de la Secretaría de Gobernación, en representación del titular del Ejecutivo federal.

En este evento resaltaron los discursos de ambos funcionarios, que dan cuenta de lo que ha sido la historia institucional de nuestro país en los últimos tiempos. Por un lado, el Poder Judicial destacando la necesidad de gozar de un verdadero equilibrio de poderes, la autonomía en sus decisiones y su alejamiento del poder político, para ejercer su función de defensa de la Constitución de manera neutral, independiente y objetiva; mientras que por el otro lado, el Ejecutivo, con un discurso obstinado en señalar que todo lo construido en administraciones pasadas es insalvable e irreconciliable con la ideología enarbolada por la cuarta transformación, un discurso que propone, con lujo de maniqueísmo, demoler todo y reconstruir un nuevo México sobre las ruinas que queden del andamiaje neoliberal y conservador que, de acuerdo con su discurso, fue desplazando la vena social de nuestra Constitución.

Por si esto no fuera suficiente, ese mismo día, un poco más tarde, en Palacio Nacional, el presidente de la República anunciaba un paquete de una veintena de iniciativas de reforma, dieciocho de ellas constitucionales y, al menos dos de ellas, de carácter secundario, bajo el argumento de blindar desde la Constitución algunos de sus programas sociales, mejorar las condiciones salariales, el sistema de pensiones de los trabajadores y los pueblos indígenas como sujetos de derecho público, así como desaparecer de la arquitectura institucional del Estado mexicano a buena parte de los órganos dotados de autonomía constitucional, además de la reforma estructural del Poder Judicial y de la Guardia Nacional, entre otros aspectos.

A reserva de comentar un poco más adelante algunas de estas iniciativas, de las que en muchos casos ya empieza a dar cuenta la prensa especializada, como es el caso de la reforma al sistema de pensiones; la reforma del Poder Judicial; la energética; la de la Guardia Nacional y la electoral, el día de hoy quiero reflexionar acerca de algunas de las razones que pueden estar detrás de este último paquete de iniciativas, que se antoja totalmente fuera de oportunidad administrativa y de gobernanza, no solamente por el avanzado estado del periodo de esta administración, sino también por la cercanía de los comicios electorales.

La primera pregunta que salta al conocer las iniciativas presentadas es: ¿por qué hasta ahora? Presentar un paquete de reformas de ese tamaño, en volumen y envergadura, a estas alturas de la gestión del presidente, no deja de levantar suspicacias a más de uno de nosotros. Si tan importantes son para esta administración las reformas planteadas, por qué se presentan hasta este momento, en el que por el número de meses que le quedan su periodo y a la presente Legislatura, con independencia de la poca probabilidad de consensos al interior de este último órgano, hace sumamente difícil, si no es que imposible, concretar al menos una pequeña parte de las iniciativas presentadas.

Bajo este contexto, se han generado otras explicaciones que, a la luz de las circunstancias nacionales, permiten hacer conjeturas más prácticas, reales y razonables de lo que está tratando de gestarse desde el Ejecutivo, con la finalidad de estar conscientes y atentos, para no caer en las inercias o en las ideas que pretenden implantar mayor encono entre el electorado.

La primera idea que podría surgirnos es la de que este cúmulo de iniciativas no son más que una especie de testamento político para quien, según los deseos del presidente, será la primera mandataria de nuestra nación, la Dra. Claudia Sheinbaum, obligándola a acoger como suya la agenda de gobierno planteada a través de las reformas trazadas. Esta posible estrategia no es más que una reminiscencia del viejo corporativismo priista en el que fue bien instruido el presidente López Obrador y que, por lo mismo, sabemos históricamente que se trata de un compromiso endeble, dado que una vez perdido el poder formal que representa la investidura presidencial, el mandatario saliente no tiene muchos elementos para hacer cumplir los compromisos adquiridos por su sucesor, antes de haber asumido el trono de nuestro sistema presidencial, a menos que logre posicionar en otros órganos, como el Legislativo o el Judicial, elementos igualmente cercanos, que le sean leales y que puedan servir de cuña a la relación entre estos operadores.

Esta misma estrategia también podría servir como una maniobra de orden electoral, tomando en consideración que algunas de estas reformas ofrecen garantías sociales sugerentes, incluso deseables, aunque poco realistas y financieramente inviables, sabiendo que la gran mayoría no alcanzarán los consensos necesarios con la oposición para su aprobación en el órgano legislativo, seguramente su rechazo o su postergación, para ser discutidas en un momento posterior al periodo de elecciones, pasará a formar parte del discurso presidencial de que todos estos beneficios no pudieron ser adoptados a nivel constitucional por los intereses conservadores representados por la oposición, generando un ambiente aún más polarizado y divisorio entre el electorado.

No nos dejemos llevar por este nuevo distractor, tampoco compremos candidatos a partir de las sensaciones que despiertan en nosotros. Ahora que comienzan los periodos de campaña debemos exigir que los candidatos nos den a conocer sus propuestas de gobierno, no compremos cheques en blanco por nuestras filias o nuestras fobias, tratemos de buscar con objetividad sus propuestas, esta será la tarea más difícil para nosotros como ciudadanos y como electores, porque nuestra clase política cada vez está menos acostumbrada a ello y más aclimatada a dar y recibir golpes bajos, como si se tratase de un concurso en el que gana el menos peor, el que ‘robó menos’.

El convencimiento por la plataforma política, el ideario o los valores del candidato y, sobre todo, sus propuestas de gobierno son las razones por las que propiamente deberíamos estar dando nuestro voto, son las razones que nos permitirán exigir resultados y evaluar su gestión en el futuro. No nos dejemos llevar, nos queda poco tiempo, ya vienen…

El autor es profesor investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana.