El autor es abogado líder de la práctica transaccional de Santamarina y Steta.
Son varios los retos que enfrentará la nueva Presidenta del país en materia de descarbonización del sector eléctrico.
La planeación y la ejecución de un proceso de descarbonización del sistema eléctrico van a requerir de esfuerzos redoblados para permitir reducir las emisiones del sector en línea con los compromisos asumidos por el país en términos de la COP27.
Las nuevas metas de generación limpia, además de ser consistentes con los esfuerzos que se desarrollan y que tienen lugar a nivel internacional por distintos países, son un requisito esencial para atraer inversiones de calidad y de largo plazo. Los países de origen de estas inversiones tienen comprometida la utilización precisamente de energías limpias.
En este sentido, es necesario replantear las metas de generación limpia y reactivar urgentemente inversiones del sector privado en proyectos renovables de gran escala.
Se requiere además de incrementar considerablemente la capacidad de alojamiento de la energía generada a partir de fuentes renovables, debiendo determinarse con precisión la capacidad actual e identificar inversiones necesarias en el corto, mediano y largo plazos en la Red Nacional de Transmisión.
Es importante resaltar nuevamente el déficit de inversiones durante la presente administración en infraestructura de transmisión, siendo sencillamente obligatorio para la nueva Presidenta voltear a ver nuevamente el diseño de mecanismos eficientes de participación público-privada.
Las figuras de generación distribuida y de abasto aislado deben potencializarse con base en el camino andado, lo cual permitiría mayor acceso a energía limpias reduciendo la dependencia del Sistema Eléctrico Nacional, contribuyendo favorablemente al logro de las metas de reducción de emisiones y sobre todo disminuyendo la saturación de la Red Nacional de Transmisión.
Por otra parte, es necesario establecer reglas que promuevan eficientemente sistemas de almacenamiento de energía, aliviando la saturación de enlaces, robusteciendo la confiabilidad y promoviendo la incorporación de energías renovables mediante el almacenamiento de energía asociado a las centrales. También debe mejorarse la respuesta de sistemas fotovoltaicos y gestión de la energía mediante el almacenamiento de energía asociada a generación distribuida.
Es necesario trabajar en el rescate de la confianza en las reglas del juego en el largo plazo y, como ha quedado anotado, trabajar en recuperar la solidez de los organismos del sector, y en la eficiencia y transparencia en la gestión de trámites y permisos.
Por otra parte, algo que sin duda ha brillado por su ausencia en este y en otros sectores, ha sido mantener instancias formales y permanentes de diálogo entre las autoridades y los participantes del sector.
Algunas cifras:
Al mes de septiembre de 2023 la capacidad instalada total del Sistema Eléctrico Nacional se estima en 88.9 GW y más del 60% corresponde a tecnologías que dependen de combustibles fósiles (39% de gas natural).
Las tecnologías renovables variables (eólica y solar) representan 17% de la capacidad instalada (14.96 GW).
En 2023, la capacidad instalada de generación limpia representó 37% de la capacidad total, apenas 1.5% más que en 2020.
México requeriría aproximadamente 12.9 GW adicionales de capacidad eólica y solar (5.1 eólica y 7.7 solar FV) para cumplir las metas de la Ley de Transición Energética en 2024.
Cerca de 75% de toda la energía limpia depende de tres tecnologías de generación: hidroeléctrica, eólica y solar. Entre 2019 y 2022, las energías eólica y solar aportaron 40% de toda la energía limpia, en contraste con 36% de energía hidroeléctrica. En 2023, la generación hidroeléctrica registró una caída cercana al 45%, con respecto a 2022 (19.4 TWh en 2023 contra 35.6 TWh en 2022).
De acuerdo con el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), en 2022 el 97% de los Estados Operativos de Alerta fueron resultado de falta de infraestructura o a fallas en la Red Nacional de Transmisión.
Con base en el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (Prodesen), se estima que la expansión y modernización de la Red Nacional de Transmisión y de las redes generales de distribución (sin considerar temas de nearshoring ni electromovilidad) requeriría una inversión aproximada de 21 mil millones de USD.
Más allá de lo ocurrido durante la presente administración, el marco constitucional, los compromisos internacionales del país y, sobre todo, la sensatez, llaman a redirigir políticas en la materia que privilegien la participación eficiente de los sectores público y privado.
En este, como en otros temas, es urgente dejar de lado ideologías electorales de corto plazo y pensar más en las próximas generaciones y menos en las próximas elecciones.