Colaborador Invitado

El breve espacio

La Secretaría de Hacienda espera que el gasto total del sector público federal se haya incrementado en 3.1 puntos del PIB al cierre del sexenio.

Este año veremos un nuevo proceso de sucesión presidencial, el cual, en ausencia de una sorpresa mayúscula, dará paso al primer gobierno mexicano federal encabezado por una mujer. Frente a la transición de gobiernos y en el ocaso de la presidencia del presidente López Obrador, debemos reflexionar sobre las lecciones económicas que nos deja su administración que vaya que son cuantiosas, y la importancia de preservar ciertos principios en la conducción de la política macroeconómica que se han reafirmado para el país.

Al inicio de su gobierno existían preocupaciones genuinas sobre el costo fiscal que tendría su agenda política y económica: la cancelación del aeropuerto de Texcoco, el inconmensurable apoyo a Pemex, los programas sociales (particularmente las pensiones no contributivas), las obras de infraestructura de cuestionable rentabilidad económica, la estrategia a favor de CFE y un largo etcétera. Parecía un juego de alquimia que las finanzas públicas pudieran resistir semejantes embates sin deteriorarse.

Conforme avanzó el sexenio los proyectos eje que presionaron el gasto se fueron afianzando. Para algunos la preocupación creció a medida que se dio este proceso, más aún cuando se descartó una reforma fiscal, primero en los primeros tres años de gobierno y después en todo el sexenio. Pese al ánimo reformador del presidente, nunca se dieron los tiempos para promoverla.

Pese a lo anterior, hubo un esfuerzo, al menos discursivo, en promover una visión de austeridad para contener ciertos gastos. La mayor parte del esfuerzo, al menos a través de la reasignación, vino de varios frentes: recorte a prestaciones de las personas dedicadas al servicio público, desaparición de agencias y organismos, cierre de oficinas al interior de la administración pública, concentración de funciones entre dependencias, recorte de programas sociales preexistentes, desaparición de apoyos, retrasos en pago a proveedores, y un larguísimo etcétera. Pero todo esto, al menos en el agregado, no compensó las presiones que ejercieron las nuevas responsabilidades. La Secretaría de Hacienda espera que el gasto total del sector público federal se haya incrementado en 3.1 puntos del PIB al cierre del sexenio, pasando del 23.1 por ciento del PIB al cierre de 2018 a 26.2 por ciento al cierre de 2024.

A esto hay que añadir el uso de activos financieros del sector público. Es larga la lista de fideicomisos y fondos que el Gobierno Federal extinguió para hacerse de sus recursos y canalizar ese espacio fiscal a financiar mayor gasto. Fue notoria la reducción considerable del saldo del FEIP o del FEIEF, que se deben usar en contextos que establece el propio marco de responsabilidad fiscal, como ocurrió en medio de la pandemia del Covid, pero al mismo tiempo fue notorio el uso de parte de esos recursos para favorecer distintas prioridades del gobierno federal, entre ellas los apoyos a Pemex. Nuevamente, con datos de la Secretaría de Hacienda, la reducción de activos financieros es de 1.8 puntos del PIB entre 2018 y junio de 2023.

¿Qué puede esperar el próximo gobierno siguiendo esta tendencia? De entrada, un espacio fiscal considerablemente más reducido. Primero, porque el margen de maniobra para preservar la política de austeridad es considerablemente estrecho. Segundo, porque la sensible reducción de activos financieros impide que la nueva administración disponga de ahorros de lago plazo para financiar sus prioridades de gasto. De ahí que la posibilidad de evadir la aprobación de una reforma tributaria al inicio del próximo sexenio sea prácticamente nula.

A ello hay que añadir que muchas de las decisiones que ya se tomaron a nivel federal limitarán aún más el margen de maniobra, entre ellas, el costo financiero derivado de colocar deuda a tasas relativamente más altas, los costos de operar y administrar los proyectos de infraestructura, las necesidades de apoyo de Pemex y CFE y, aunque resulte trágico, el potencial incremento que tendría el gasto en pensiones si se decide reformar el monto de las aportaciones del Estado al régimen actual. El espacio, más que breve, ya es considerablemente estrecho.

El autor es director de analítica de datos del Imco y profesor de macroeconomía del ITAM.

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