Colaborador Invitado

La megafarmacia… un eslabón más en la política pública en materia de salud

No se han dado a conocer estudios técnicos, financieros o administrativos que justifiquen la viabilidad de este proyecto.

Es un hecho que uno de los sectores que más dolores de cabeza le ha proporcionado a este gobierno es el de la salud que, por circunstancias imprevisibles, como lo fue el caso de la pandemia por la enfermedad del coronavirus (Covid-19), aunque mayormente por políticas programáticas poco meditadas o mal implementadas, han generado múltiples desaciertos.

Los resultados son palpables, podríamos comenzar con el pobre desempeño de las autoridades gubernamentales durante el episodio de la pandemia, que si bien fue un fenómeno que afectó a todos los países, la manera en la que fue abordado fue catastrófica. Según la Organización Mundial de la Salud, la pandemia nos dejó más de 334 mil decesos, situándonos en el segundo lugar en defunciones relacionadas con Covid-19 en América Latina, solamente por debajo de Brasil y en un nada honroso quinto lugar mundial, por debajo de Estados Unidos, India y Rusia, además de Brasil, claro está.

La pandemia nos dejó ver de primera mano la ineficacia de nuestras autoridades en materia sanitaria, sin embargo, resulta posible observar otras medidas programáticas que fueron instruidas directamente por el Ejecutivo Federal, que no rindieron los resultados esperados, tal es el caso del Instituto de Salud para el Bienestar, mejor conocido como INSABI, que fue concebido para sustituir al Seguro Popular, un programa gubernamental que había conseguido trascender varios sexenios y que, en mayor o menor medida había logrado dar cobertura y atención médica a población sin acceso a la seguridad social.

El INSABI, producto de ideas preconcebidas y no de estudios técnicos serios que justificaran su viabilidad, fue creado el 1º de enero de 2020, con el objeto de brindar servicios gratuitos de salud, medicamentos y demás insumos asociados a las personas sin seguridad social, además de ser una instancia de coordinación con la Secretaría de Salud, para lograr una adecuada integración y articulación de las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud. Poco más de tres años después de su creación, habiendo acreditado una gestión deficiente durante y después de la pandemia, caracterizada por el desabasto, así como la insuficiencia y la deficiencia en los servicios de atención médica a la población, fue extinguido y sustituido por otro organismo denominado IMSS-Bienestar, que involucra directamente al Instituto Mexicano del Seguro Social, con la encomienda de aprovechar la infraestructura del sistema y lograr acabar con el desabasto de medicamentos que nos dejó otra política fallida de esta administración.

El nuevo IMSS-Bienestar por lo menos aprovecha la infraestructura técnica y administrativa que el IMSS puede brindarle, aunque ello no garantiza que esta medida llegue a buen puerto, debiendo sortear, entre otros aspectos, adeudos heredados de su predecesor, recursos presupuestarios que siempre serán insuficientes para atender las necesidades de la población en estos rubros y el cumplimiento de las metas de abasto y cobertura de servicios médicos de su población objetivo.

Como ya se adelantó, otra estrategia que ha registrado diversos problemas en su implementación se asocia con los procedimientos de contratación pública relacionados con la adquisición de insumos para la salud, medicamentos y material de curación en general, así como su distribución y suministro.

Habrá que recordar que, en el año 2020, se gestó un cambio en la estrategia de adquisición de medicamentos por parte del gobierno federal, consolidando estos procedimientos de contratación de todo el sector salud en manos de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el objetivo de romper con la concentración de proveedores y garantizar el abasto de estos insumos. Esta estrategia le cobró factura al gobierno federal y a la propia Oficialía Mayor de Hacienda, al pretender desarticular de la noche a la mañana un esquema de contratación montado para bien o para mal desde hace varias administraciones, sin la debida planeación y el estudio necesario, sin un conocimiento previo del sector y del mercado.

Los resultados de esta estrategia también los conocemos, debido a que provocó efectos negativos en el abasto de los insumos médicos, con la consecuente repercusión en la atención médica, particularmente en padecimientos altamente sensibles, como fue el caso de los tratamientos para niños y otros pacientes con cáncer, entre otras enfermedades. Esta nueva estrategia también implicó la transferencia de la responsabilidad de la Oficialía Mayor de Hacienda al INSABI, además de la contratación de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), que brindó asistencia técnica al INSABI e incluso participó en las contrataciones de medicamentos, en todos estos casos con resultados precarios.

En un estudio reciente del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) se dio cuenta de la poca eficiencia que reportó este cambio de política de contratación pública, que ocasionó incluso más costos que beneficios palpables, debido a que los procedimientos de compra se fueron fragmentando cada vez más, sobre todo debido a las compras que de manera reactiva y alegando la cobertura de ciertas eventualidades se fueron implementando para palear el desabasto de medicamentos, sofocando el objetivo de los procedimientos consolidados, que consiste en la adquisición de bienes a bajo costo a partir de la consolidación y compra de grandes volúmenes de medicamentos, perdiendo margen de negociación de precio, tiempos de entrega y volumen, entre otros aspectos.

Finalmente, no podría faltar en esta cadena de ocurrencias, la última idea que esta administración ha tenido en este rubro, que consiste en el establecimiento de una megafarmacia o almacén de medicamentos, que concentre insumos médicos de todo el mundo, como si con eso se resolviera mágicamente el problema del abasto de medicamentos en el país.

Este nuevo capítulo en la política de salud advierte que el único plan, es que no hay plan, no se han dado a conocer estudios técnicos, financieros o administrativos que justifiquen la viabilidad de este proyecto, sin tomar en cuenta la inversión que representará llevarlo a cabo (solamente el costo de la adquisición del inmueble supera los 2 mil millones de pesos, sin contemplar adecuaciones y equipamiento de las instalaciones), este proyecto parece olvidar que el desabasto no solamente puede generarse por la falta del medicamento, sino que también puede asociarse a una deficiente distribución del mismo y aquí es donde existe la necesidad de examinar este nuevo proyecto, pues de nada serviría tener un almacén gigantesco en el que se concentren todos los medicamentos del sector salud, si el gobierno no es capaz de distribuir de manera eficaz y oportuna dichos insumos hasta los puntos más alejados de nuestra geografía nacional, lo que implica otro tipo de inversiones y estrategias relacionadas con la administración de inventarios en farmacias, unidades médicas, clínicas y hospitales públicos a nivel nacional, así como su transportación y entrega en sitio o directamente al beneficiario. En fin, ojalá que esta nueva ocurrencia no sea un eslabón más en la cadena de desaciertos en nuestro sector salud, que cada vez se aleja más del de Dinamarca.

Juan Otero Varela

Dr. Juan Manuel Otero Varela

Profesor investigador y director académico del programa de Maestría en Derecho Administrativo en el Posgrado de la Facultad de Derecho de la UP; miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel I; y miembro del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo.

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